Extraño resulta el silencio de los gobiernos de Guanajuato y San Luis Potosí en el asunto del numeroso grupo personas rescatado del crimen organizado en algún punto cercano a Matehuala. A lo confuso de la información se sumó lo escueto; lo que en un inicio fueron turistas y paseantes extraviados acabaron convertidos en migrantes indocumentados secuestrados por bandas de criminales cuya existencia al parecer se desconocía en el estado.
No fueron 23 ni 35 sino 105 los localizados. La hebra que salió del hilo acabó convertida en madeja de enredos y nudos; nada se dice porque nada se sabe y contrario a la difusión que con motivos de propaganda se le da a todo lo que se cree un logro del gobierno (al menos el potosino) en este caso sólo impera la ausencia de posicionamientos. Nada dicen el gobernador ni su general de gobierno; sus habituales tarabillas fueron trocadas por el silencio como si de voto cuaresmal se tratara. El asunto se vuelve sospechoso y surgen múltiples interrogantes desde diversos ángulos; éstas se incrementarán conforme avancen los días.
A diferencia del potosino, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, publicó en sus redes sociales: “Agradezco la cooperación de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato, quienes tras 20 horas de intensa búsqueda, localizaron a los 23 desaparecidos en San Luis Potosí. Son un gran equipo”. Ni una alusión o agradecimiento a las autoridades potosinas o a su policía, ¿será que sólo posaron para la foto?
Como era de esperarse, los coristas oficiales de la gallardía sostienen que todo el mérito fue de los de casa. Más oficiosa que solícita, quizá porque amorosos motivos no le faltan, Xitlálic Sánchez Servín atajó los dichos de Josefina Salazar y puntualizó como perito en seguridad interna: “Amiga hay que informarse, fue FGE, Guardia Civil Estatal, Sedena y Guardia Nacional y dos helicópteros de San Luis Potosí, los que en su conjunto resolvieron el tema. No confundamos a la gente. Es responsabilidad de todos”. De su redacción ni qué decir, pero queda claro que de los esfuerzos de los guanjuatenses tampoco; el logro fue, según se entiende, del gobierno potosino. Pura mezquindad.
Vinculante, el asunto vuelve a poner en primer plano el tema de la inseguridad que fustiga al estado; ya no sólo son las carreteras secundarias y los caminos de terracería los asolados por los criminales sino también las carreteras federales que lo atraviesan. A esto debemos agregar la incapacidad de las fuerzas policiacas de la entidad, a las que por mucho que se les cambien el nombre y los uniformes o que se les dote de autos de lujo adaptados como patrullas para vigilar carreteras, son y están dirigidos por unos incompetentes.
Así, con todo y esas lujosas patrullas presentadas hace unos días, ocurrieron los secuestros de varias camionetas y, por cierto, ¡en un punto cercano a un retén militar!, que como se puede ver no sirve para otra cosa que no sea entorpecer el tráfico. Mientras, vale la pena preguntarnos si las patrullas vip participaron en la búsqueda y el rescate de los plagiados.
La seguridad carretera, la búsqueda y rescate de los desaparecidos no fueron la prioridad de estos días sino el liberar la plaza de Armas del plantón (que en su esquina suroeste mantenían los afiliados a un sindicato de trabajadores de Gobierno del estado) para permitir el paso de la que a partir del próximo año será la procesión de Semana Santa más importante de toda la cristiandad. Un generoso juez de control ordenó el desalojo para “no dañar o perjudicar a terceros afectados en su libre tránsito” considerando también “el derecho humano de acceso a la cultura […] sobre todo porque la Procesión del Silencio es parte del patrimonio cultural de las y los potosinos…”. Del libre tránsito en carreteras estatales ni qué decir.
Quizá el lunes cuando el gobernador regrese de su merecido descanso y el general de gobierno de sus actividades como ueringplaner, podamos enterarnos si no de la verdad al menos de la versión oficial de los hechos, consecuencia también de la herencia maldita.