Entre los grandes espejismos que ha construido la actual administración federal, quizás el más doloroso sea su autoproclamada defensa del medio ambiente. Como en una obra de teatro mal ensayada, el gobierno actual se pavonea con un discurso verde mientras sus acciones pintan un paisaje desolador de destrucción ambiental sistemática.
La realidad, cruda y contundente, se revela en los números: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 asignó la cifra risible de 118 millones de pesos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Traducido a términos más comprensibles: cada hectárea de nuestro patrimonio natural recibe la "generosa" cantidad de $1.19 un peso con 19 centavos. ¿Qué mensaje envía un gobierno que valora nuestros ecosistemas en menos que el costo de un chicle?
La 4T y la presidenta han perfeccionado el arte de la simulación ambiental. Por un lado, presumen la creación de 27 nuevas ANP como si fueran trofeos de una gestión ejemplar. Por otro, las abandona a su suerte, sin planes de manejo, sin recursos y sin personal. Es como construir hospitales sin médicos ni medicinas: una fachada vacía que solo sirve para las fotografías oficiales.
El caso de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca ilustra esta tragedia kafkiana: más de 56 mil hectáreas custodiadas por solo dos guardaparques. Imaginen a dos personas intentando proteger un territorio equivalente a 28,000 campos de fútbol. No es negligencia: es una burla a la conservación ambiental.
Mientras tanto, los megaproyectos insignia de la 4T devoran presupuesto y territorio como un Leviatán insaciable. El Tren Maya, ese monumento a la contradicción, atraviesa y fragmenta ecosistemas únicos en el mundo. La refinería Olmeca convierte el suelo en un páramo industrial. El Corredor Interoceánico reconfigura geografías milenarias al servicio de una visión desarrollista anacrónica. La estúpida Reforma Judicial de CSP significa tirar 13 mil millones de pesos.
En San Luis Potosí, este desdén gubernamental cobra rostros y nombres propios. La Sierra de Álvarez y la Sierra de San Miguelito, pulmones vitales de nuestra región, sufren el abandono institucional mientras Calidra, depredadores inmobiliarios y taladores ilegales actúan con impunidad. El decreto de la Sierra de San Miguelito como ANP en 2021 resultó ser otro ejercicio de simulación: un papel sin respaldo presupuestal ni operativo.
La perversidad del sistema alcanza niveles kafkianos cuando analizamos el manejo de recursos. En 2023, las ANP generaron ingresos por 324.4 millones de pesos. La Ley Federal de Derechos establece claramente que estos recursos deben reinvertirse en su conservación. Sin embargo, como en una novela de realismo mágico, estos fondos se desvanecen en el laberinto burocrático sin dejar rastro.
La transformación prometida se ha convertido en una traición ambiental. Mientras el discurso oficial se llena de términos como "sustentabilidad" y "conservación", la realidad muestra la continuidad de un proyecto político que ha declarado la guerra silenciosa a nuestros ecosistemas.
¿Cuánto tiempo más permitiremos que la retórica verde enmascare la destrucción sistemática de nuestro patrimonio natural? La verdadera transformación que México necesita debe comenzar por reconocer que sin un medio ambiente sano, cualquier proyecto de nación está condenado al fracaso. El tiempo se agota, y con él, la posibilidad de revertir el daño causado por esta administración que pasará a la historia no como la "Cuarta Transformación", sino como la "Cuarta Devastación".
Es hora de que la sociedad civil tome las riendas de la protección ambiental. La defensa del medio ambiente es, hoy más que nunca, un acto de resistencia contra un modelo de desarrollo que confunde el progreso con la destrucción.
El verdadero rostro de la 4T no está en sus discursos ni en sus promesas, sino en cada hectárea devastada, en cada especie amenazada y en cada ecosistema fragmentado.
Delírium trémens.- La desaparición del INAI representará más que un simple cambio administrativo: es regresar a México a la era de la opacidad institucionalizada. La ironía es mayúscula: quienes llegaron al poder usando las herramientas de transparencia para exponer la corrupción del pasado, ahora pretenden eliminarlas cuando les toca rendir cuentas. En SLP organizaciones como Cambio de Ruta han demostrado el valor del activismo jurídico respaldado por la transparencia institucional. La verdadera austeridad republicana debería comenzar por transparentar cada peso del erario, no por oscurecer su manejo. No podemos permitir que, en nombre de un supuesto ahorro, se sacrifique el derecho ciudadano a saber. La transparencia no es negociable: es la piedra angular de toda democracia que se respete.
@luisglozano