No mire ahora, pero faltan 73 días para la celebración de la primera elección para designar cargos del poder judicial (federal y locales) en la historia de nuestro país.
Nos encontramos en la antesala de un cambio sin precedentes en la forma en que se designan a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros integrantes del Poder Judicial (federal y locales). La posibilidad de que estos altos jueces sean electos mediante voto popular generó desde hace meses un debate intenso en la esfera pública y política. Eso ya ha quedado atrás. Hoy hay una pregunta que como ciudadanía debemos formularnos con seriedad: ¿cómo podemos tomar una decisión informada en una elección de este tipo?.
A diferencia de otros cargos de elección popular, como la presidencia de la República o las gubernaturas, el Poder Judicial ha sido históricamente una esfera ajena a la contienda electoral y, por tanto, a algo a lo que podríamos llamar “tradición electoral”. Es decir, no hay una tradición que permita a la ciudadanía identificar con claridad cuáles son las competencias, criterios y trayectorias que deberían evaluarse en una elección judicial. La ciudadanía mexicana está acostumbrada a evaluar a las personas candidatas a los puestos que ya conoce con base en promesas de campaña, afiliaciones partidistas o narrativas ideológicas, pero elegir jueces requiere una lógica distinta, centrada en conocimientos jurídicos, independencia y experiencia profesional.
Hace unas horas estuve siguiendo una conferencia de prensa por parte de un Instituto electoral en donde un reportero hizo una pregunta que me parece fundamental: ¿qué van a poder decir las y los candidatos en esta elección? ¿a qué se podrán comprometer? ¿cuál será el contenido de las campañas?. De entrada, esta pregunta me parece sintomática del desconocimiento público que existe sobre aquello que se va a elegir en 73 días.
Identifico un desafío principal. Este radica en la falta de información accesible y comprensible sobre las funciones de un juez constitucional. ¿Cómo podemos diferenciar entre un candidato idóneo y uno que responde a intereses políticos? ¿Cuáles serían los indicadores clave para evaluar su desempeño previo? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas existirían después de la elección? Estas preguntas no son triviales y, sin respuestas claras, el riesgo es que la elección judicial se convierta en un proceso altamente politizado, donde la popularidad o las alianzas partidistas pesen más que la idoneidad técnica y ética.
Además, advierto también el peligro de que la campaña para la elección de jueces se reduzca a una contienda de eslóganes y descalificaciones, en lugar de un análisis serio sobre el perfil de los aspirantes. En países con elecciones judiciales, como Estados Unidos en algunos estados, se ha documentado cómo los jueces electos a menudo responden a intereses de quienes financian sus campañas, lo que pone en entredicho su imparcialidad. México, sin una cultura consolidada de escrutinio judicial desde la perspectiva ciudadana, enfrentaría aún más dificultades en este sentido.
El problema no es solo de información, sino también de contexto político. En México, los nombramientos judiciales han sido definidos por mecanismos de negociación en el Congreso, lo que ha permitido, con sus fallas, cierto balance de poder. La elección popular introduce un factor nuevo: la necesidad de hacer campaña, lo que conlleva la posibilidad de que jueces tengan que rendir cuentas no solo a la ciudadanía, sino también a grupos de presión, partidos políticos o financiadores de sus aspiraciones electorales. ¿Cómo garantizar que la independencia judicial no se vea aún más comprometida bajo estas nuevas condiciones?
Si la elección del Poder Judicial por voto popular se convierte en una realidad, el reto inmediato será generar estrategias de educación cívica para dotar a la ciudadanía de herramientas que le permitan tomar decisiones informadas. Se necesitarán espacios de debate, guías accesibles sobre las funciones judiciales y una cobertura mediática que vaya más allá de la lógica electoral tradicional. De lo contrario, corremos el riesgo de que este proceso, en lugar de fortalecer la independencia judicial, termine debilitándola.
La ciudadanía, por su parte, enfrenta un reto igualmente complejo: apropiarse de este proceso y exigir mecanismos que permitan conocer a fondo los antecedentes y posturas de las personas aspirantes. No basta con conocer sus nombres, es indispensable contar con información detallada sobre sus resoluciones previas, su conocimiento del derecho constitucional y su capacidad de actuar con independencia en los casos que les tocará resolver. Me da la impresión de que los tiempos y espacios de campaña podrían no estar diseñados para ello. ¿Cuáles serán los factores que propicien, entonces, el voto informado?.
El dilema, en última instancia, no es solo sobre el método de selección, sino sobre los riesgos y beneficios que puede traer consigo. Si se realiza sin una preparación adecuada, la elección de jueces por voto popular podría derivar en una mayor vulnerabilidad del Poder Judicial ante intereses externos. Pero si se acompaña de un proceso serio de educación cívica y regulación electoral específica, podría ser un mecanismo para reforzar la legitimidad de la justicia en México.
¿No es eso lo que estábamos buscando?.
x. @marcoivanvargas