Dicen que la política es el arte de decidir entre inconvenientes. El tema del presupuesto es siempre un desafío para un país en donde todo es necesario, todo falta y todo urge. Como es del conocimiento de Usted, nos encontramos en las fechas en que el poder legislativo (en el ámbito federal y el estatal) tiene la responsabilidad exclusiva de decidir sobre el presupuesto de egresos para el siguiente año. El proceso decisorio para asignar recursos públicos a las distintas agendas del estado no es un asunto menor: el dinero público es ese combustible que hace funcionar a las organizaciones públicas que materializan la voluntad política de la población por medio de las decisiones de sus representantes.
Este proceso decisorio también es complejo por la cantidad de dinero de la que estamos hablando. El Congreso del Estado de San Luis Potosí estará resolviendo un proyecto de presupuesto que se encuentra alrededor de los 40 mil millones de pesos; la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a su vez estará resolviendo el destino de 5.8 billones de pesos. Todos esperamos que el método de decisión sobre la asignación de recursos se encuentre a la altura de la importancia de este proceso. El país y nuestro estado no están para arbitrariedades, improvisaciones y tanteos.
Cuando se tiene conocimiento del proyecto de presupuesto que envía el poder ejecutivo, suelen hacerse las primeras comparaciones en términos relativos con respecto a la cantidad de recursos que se asignaron a las dependencias en el año anterior. El examen más sencillo de esto es presentar variaciones porcentuales y después inferencias. Le subieron aquí, le bajaron allá y todo, seguramente, obedece a una razón.
Pero ya en un análisis más puntual sorprende la ausencia de justificaciones detalladas que sustenten las razones por las que se asigna una determinada cantidad de dinero (sea más o sea menos) a una dependencia pública. Desde hace algunos años en casi todos lados se viene implementando un método de elaboración del presupuesto denominado “basado en resultados” que plantea una metodología en donde se asigna dinero en función de los resultados concretos que un programa pretende entregar. La idea es superar la inercia de presupuestar y gastar como si se tratara de una bolsa de dinero donde se va sacando según las necesidades, sin tener relación o justificación alguna con los objetivos del desarrollo o con los problemas diagnosticados. Regreso al punto. Pasan los años y permanece la impresión de que todo este proceso técnico de planeación es estéril para constituirse como un insumo para la toma de decisiones en materia presupuestal. Se piensa que los problemas públicos se arreglan a billetazos y por tanto se asume que más dinero es mejor.
Pero hay otra cosa que me sorprende aún más. Una vez que se decide sobre la asignación del presupuesto, hay un gran abandono público en la forma en que se analiza, se valora y se verifica en qué se gasta ese dinero. Nos preocupamos más en cuánto se va a gastar, pero no se presta mucha atención a cómo se va a gastar. Lo que me lleva a recordar algo que repetía constantemente en las aulas: Gastar más no es lo mismo que gastar mejor.
Si vamos a discutir de manera seria sobre el presupuesto, es mejor dejar de un lado la vulgaridad de los billetazos, la euforia de los porcentajes y los ceros a la derecha, para centrarnos en el tejido fino del ejercicio del gasto público, ¿con qué certezas contamos para saber que el dinero se emplea de forma correcta, eficaz, eficiente y transparente?. ¿Cómo sabemos que a la hora de priorizar, se han asignado recursos públicos suficientes para atender a demandas crecientes, a brechas que se van agravando, o a problemas estructurales?.
En un país en donde todo es necesario, todo falta y todo urge, necesitamos mejores discusiones y justificaciones sobre la forma en que se va a gastar el dinero de todos. Para luego es tarde.