El pasado sábado cuatro de octubre, antes de las nueve de la mañana, un correo electrónico me notificaba el error en que había incurrido en la columna de ese día. Ante la imposibilidad de refutar el cuestionamiento, dada la autoridad que reconozco en el emisor, opté por responderle que me vería en la necesidad de corregir y ofrecer disculpas.
Sin atreverme a formular pregunta alguna, para no evidenciar mi ignorancia, opté por guardar silencio; la vergüenza ante tamaña exhibición me imposibilitó para solicitar mayor abundancia en el asunto. Antes de las nueve de la mañana, también, se había esfumado la tan buscada precisión en el dato. Escribí un embuste.
Un cuarto de hora previo a las cinco de la tarde –el mismo día– el ingeniero Roberto Naif Kuri, mediante un mensaje al teléfono, me hacía saber anteponiendo el cortés pretexto para saludarme la magnitud del dislate en el que había incurrido. Entré en mayor pánico cuando –sabio y generoso– puntualizó ciertos vínculos históricos de potosineidad en el asunto. Quedé emplazado para una plática.
No creo que esta columna tenga más de cuatro lectores, pero el hecho de que la mitad de ellos descubrieran mis falsedades, me obligó a leer sobre el asunto, para a manera de disculpa presentarlo en esta ocasión.
Así, aunque me hubiera resultado más interesante escribir sobre las inmoralidades del amoral Cándido Ochoa, explotando laboralmente a sus escoltas; sobre el que se hubiera desestimado la participación del Frente Ciudadano Anticorrupción, en el caso de la denuncia contra Gallardo por carecer de interés jurídico en el asunto; sobre la actitud circense con la que ha revestido el diputado Pedro Carrizales su papel –de estraza– como legislador; sobre el avance del otro Gallardo en su estructura para tratar de contender –en helicóptero verde–por la gubernatura; o sobre lo debatible que resulta el fondo del llamado año del centenario de Rafael Montejano; decidí abundar sobre el asunto con el que abrí texto, la semana pasada: la renuncia de Alberto Vázquez del Mercado Marquina, y Eduardo Medina-Mora Icaza, a sus cargos como ministro de la Suprema Corte, en 1931, el primero, y recientemente, el segundo.
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Señalé, en la referida columna, que “La última renuncia –pero no la única– de un ministro de la Corte, ocurrió en 1931, cuando Alberto Vázquez del Mercado Marquina renunció frente a la violación en que el ejecutivo federal incurrió al no dar cumplimiento a los amparos que protegían de la aprehensión al jurista Luis Cabrera.”
Sin embargo, la generosa enmienda de mis referidos correctores, me señalaba la última renuncia de un ministro, en el año 1989, previo a las reformas estructurales al Poder Judicial. El protagonista fue el ministro con raíces potosinas –me indicó acertadamente Naif– Ernesto Díaz-Infante Aranda, quien había sido designado ministro en 1979.
El personaje nació en la Ciudad de México, en 1930; cursó los estudios de Derecho en la UASLP, y acá mismo contrajo matrimonio con una potosina; luego de ocupar diversos cargos dentro de la estructura del Poder Judicial, ocupó el sitial en la Suprema Corte.
En 1988, derivado de un soborno de medio millón de dólares, ejerció presión sobre los magistrados guerrerenses Gilberto Arredondo, y Eufemio Zamudio, para que otorgaran amparo a Alejandro Braun Díaz, condenado a más de 30 años de prisión, por violar y asesinar a una niña de seis años de edad, el año 1986, en Acapulco, Guerrero.
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Al hacerse público el asunto causó tal escándalo, que el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, intervino a través del despacho de Xavier Olea, logrando la acción penal contra los magistrados y otros personajes involucrados.
En la primera quincena de 1989, el ministro Díaz-Infante, solicitó el retiro voluntario, aprobado por la Cámara de Senadores, el 19 de diciembre de ese año. El mismo día, la Oficialía Mayor del Senado, mediante el oficio número 47, lo comunicó a Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, para que se sirva hacerlo del conocimiento del C. Presidente de la República.
Al día siguiente, Gutiérrez Barrios, mediante el oficio número 1401, comunicaba a Carlos Rodríguez del Río, presidente de la Suprema Corte, dicha aprobación.
Díaz-Infante huyó a Estados Unidos, a fines de ese año, y allá permaneció hasta el año 2001, cuando fue apresado y llevado al Reclusorio Norte, de la Ciudad de México. En agosto de 2003, luego de ser declarado culpable, por delitos contra la administración de justicia, y cohecho, fue sentenciado a ocho años y medio de prisión.
Un año después, por edad, se le concedió el derecho al arresto domiciliario. Falleció en marzo de 2006.
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Formal y legalmente, un retiro voluntario no es una renuncia; se dirá que la cuestión de fondo fueron los actos de corrupción, y es cierto, pero en la forma y otorgándole, sin menoscabo de su investidura y derechos laborales adquiridos, una solución conciliadora, se le abrió la puerta con salida decorosa.
En mi descargo diré que, si bien, la salida de Medina-Mora Icaza, no es la única ocurrida en los últimos años, sí es la única ocurrida –desde 1931– por renuncia.
Dicen los que saben, y los que no, repiten, que hoy es sábado social, disfrútenlo, pero no se excedan. ¿Ya fueron a ver la película
El Guasón?