En reacción a nuestra columna de la semana pasada, en la que hablamos de la fallida compra-venta de votos entre un representante de la fracción panista en el Congreso y enviados del Ejecutivo, la diputada Sonia Mendoza Díaz declaró a reporteros del portal informativo La Orquesta que “desconozco por qué el señor Rodríguez hace este señalamiento, pero todo lo que asevera tiene que comprobarlo, porque son señalamientos bastante complicados”. Y añadió: “Debemos pedir que se sancione a los responsables si es que existió esta situación o a quien lanza el señalamiento y no lo puede demostrar”.
Uno esperaría que alguien que está por cumplir 15 años en tareas legislativas tanto locales como federales tendría una mejor comprensión de las peculiaridades del trabajo periodístico. Veo que no es así por lo qué, como diría Hugo López-Gatell, se lo explico con todo gusto.
En los casos en que hago una denuncia o revelación que no acompaño con pruebas de valor judicial no es por falta de ganas, es porque no puedo; y la razón por la que no puedo es muy sencilla: porque no soy autoridad. Es decir, porque carezco de atribuciones legales para, por ejemplo, exigirle a doña Sonia y compañeros de viaje que me proporcionen en un plazo perentorio copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, -cheques, inversiones o fideicomisos- de los últimos dos años. Son documentos que tienen en sus archivos tanto los bancos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero si se los solicito me mandarán por un tubo si no es que hasta me reprenden por impertinente.
Y esa misma falta de facultades propias de autoridad me impide, por poner otro ejemplo, expedir citatorios para que la señora o cualquiera de sus otros 26 colegas acudan puntualmente a una mesa de café a responder mis preguntas, advertidos de que pueden ir a prisión si me mienten. Qué no daría yo porque la ley me autorizara a requerir de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto una investigación sobre ingresos, gastos, ahorros, adquisiciones y demás movimientos financieros de cualquier servidor público. Tampoco me está permitido solicitar órdenes de aprehensión, aseguramientos o cateos. ¡Imagínense ustedes!
En cuanto al comentario ese, de tono intimidatorio, en el sentido de que se sancione a los responsables “o a quien lanza el señalamiento y no lo puede demostrar”, lo único que puedo decir es, señora, estoy a sus órdenes.
Con frecuencia hago aquí alguna revelación o denuncia acompañada de documentos probatorios, a veces oficiales a veces privados. Eso sucede cuando las fuentes me los proporcionan o cuando puedo conseguirlos, pero no porque los solicite mediante oficio sino por la complicidad de quienes los tienen en su poder.
¿Cómo entonces publico cuestiones delicadas sin tener a la mano las pruebas de calidad judicial? Respondo en forma sintetizada porque hay otro asunto, justamente de esta naturaleza, que no puedo dejar para después: Todo es producto de una delicada relación de confianza mutua entre un servidor y los informantes. Ellos confían en que publicaré lo que me cuentan sin alterarlo; confían también en que si el asunto involucra desfavorablemente a determinado personaje, yo no voy a ir a buscarlo para negociar la información.
Para cerrar el círculo, yo recibo y difundo únicamente lo que proviene de quienes tengo la certeza de que no me quieren pasar gato por liebre. Es decir, no admito, o si admito no publico, cuestiones que me inspiren la menor sospecha sobre su veracidad. Nunca acepto ningún caso de desconocidos, salvo que estén avalados por alguien que me merezca plena confianza.
En este mismo orden de ideas, el diputado Rolando Hervert hizo unas declaraciones chistosísimas. Dijo, también a La Orquesta, que “No por una pluma o una voz que alguien diga vamos a caer en un juego político. Simplemente exhorto a que si existe alguna situación que lo denuncie por el medio adecuado, no a través de la tinta”.
Aparte su atroz sintaxis, me permito recordarle a don Rolando que soy periodista y que justamente mis instrumentos de trabajo son la pluma y la tinta. No quiero pensar que si yo fuera albañil, él me exigiría que levante una barda de ladrillos sin usar ni mezcla ni cuchara. En cuanto a eso de “por el medio adecuado”, no sé por qué Pulso le parece inadecuado.
Por último, de los muchos comentarios que recibí a propósito de Las Nueve Esquinas de hace una semana, rescato y resalto una reflexión que me compartió mi colega y buen amigo Jorge Saldaña, confesando que sentí una terrible envidia de que no se me haya ocurrido a mi: “La ironía de corromper para imponer un fiscal anticorrupción es la cúspide de los colmos”. Pues sí.
SI NO LLUEVE, VENTEA
Mañana viernes a las 9:15 horas, en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, está citada una Audiencia Inicial de Formulación de Imputación, cuyas ondas expansivas, mayor o menormente poderosas según las resoluciones que vaya tomando el juez de la causa, van a llegar al escenario político potosino a impactar en el elenco albiazul de precandidatos a gobernador del Estado.
Puede ser que el talante del juez no sea muy favorable al imputado, toda vez que desoyó un citatorio para audiencia similar el pasado 31 de agosto, y en una o dos ocasiones anteriores, argumentando problemas de salud, desatendió peticiones del Ministerio Público para que compareciera dentro de la correspondiente Carpeta de Investigación. Dicha carpeta, que ya fue judicializada, se inició en noviembre de 2018 en el Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por el delito de Fraude. Le correspondió el Número Interno de Control (NIC) TLA/ATI/02/MPI/395/05561/18/11 y el Número Único de Causa (NUC) TLA/TLA/ATI/013/253058/18/11.
La historia detrás puede sintetizarse en lo siguiente: en el 2017 un empresario mexiquense contrató a una empresa inmobiliaria de esa entidad para que se hiciera cargo de remodelar y ampliar una residencia ubicada en Tlalnepantla. Después de más de un año de “trabajos” y desembolsos millonarios, en 2019 tuvo que demoler no solo lo nuevo por inservible sino también lo preexistente por haber sido alterado en su estructura. Los daños sufridos suman “varios millones de pesos”.
Luego de intentar en numerosas ocasiones recuperar del representante de la empresa -nuestro paisano, que no es ni ingeniero ni arquitecto- su dinero, habiendo pasado de los pretextos y evasivas a recibir insultos y amenazas, la víctima decidió formular una denuncia penal.
Uno de los elementos probatorios aportados por el ofendido y verificados por elementos de la Policía Investigadora del Edomex, son la transcripción de larguísimas charlas a través de WhatsApp. Es muy interesante constatar como del “hola amigo, te mando un abrazo y te agradezco estar al pendiente de todo” se evoluciona al “vete a la chingada pendejo”. Esto, claro, lo dice el inculpado. Los números telefónicos están debidamente verificados.
Este es un tema, como podrán ver, tratado con mucho cuidado de mi parte. Tengo más documentos de respaldo pero debo honrar el compromiso de no publicar nada que pueda afectar al sacrosanto Debido Proceso, lo que en todo caso favorecería al acusado. Si el mismo no acude a la audiencia de mañana, habida cuenta de que no es el primer citatorio que desatiende, se abre la posibilidad de que el juez ordene su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, lo cual supondría que agentes policiacos del Edomex soliciten el apoyo de sus colegas potosinos para detener al susodicho y trasladarlo a Tlalnepantla.
COMPRIMIDO
Tengo la impresión de que al alcalde Xavier Nava Palacios se le está agotando el tiempo de la ambigüedad calculada (expresión acuñada por Felipe González). No sé si cómoda, pero sí un tanto ventajosa le ha resultado esta etapa de ser visto como prospecto de candidato a gobernador por los dos partidos con mejores expectativas electorales, como son el PAN y Morena. Sin embargo, cada día oigo a más albiazules lamentándose de que Xavier no haga profesión de fe panista -independientemente de que se afilie o no- y mantenga vivas las posibilidades de jugarla como abanderado morenista. Igual, entre los militantes de Morena desagrada que un todavía posible candidato suyo traiga amoríos con los panistas.
En el circulo más cercano a XNP están conscientes de que algunos de los desgastes políticamente más costosos que ha experimentado en días recientes se los debe agradecer a Rocío Zavala, la titular mano dura de la Unidad de Gestión del Centro Histórico. Como visto está que Nava Palacios oficia en el altar del diazordacismo y primero muerto que mover a funcionarios cuestionados, le tienen preparada una buena propuesta para que doña Rocío no se quede en el desempleo: que le consiga la dirección de algún reclusorio varonil. Lo haría bien.
A propósito de la mortadela, tengo en mi teléfono una captura de pantalla que da cuenta del evento encabezado por Juan Francisco Aguilar en un céntrico restaurante el 12 de noviembre de 2018. Ahí, faltando cuatro semanas para la elección de nueva directiva estatal panista, el entonces aspirante a ese cargo congregó a varios de sus simpatizantes para que atestiguaran cómo firmó ante el notario público Poncho Castillo “el compromiso de no buscar ningún puesto en 2021; terminaré mi gestión en caso de salir beneficiado por la militancia para presidir el PANSLP”. Hace una semana, el periodista Marco Luis Polo le planteó “han salido algunas encuestas donde se te ha colocado como un posible candidato por la vía plurinominal a una diputación federal. ¿Tu buscarás ocupar esa candidatura?” La respuesta es un monumento a la congruencia: “Quiero ser muy respetuoso con los tiempos electorales. Pero sí, llegándose el momento, voy a hacer lo que la militancia me diga. Si la militancia quiere que vaya a un puesto, lo voy a hacer”. ¡Que viva Groucho Marx!
Tengo a la vista una amplia tarjeta informativa preparada por un grupo de abogados competentes. La cortedad de espacio me obliga a resumir al máximo. En pocas palabras, se demuestra que para la elección de un Consejero de la Judicatura o, en el caso más reciente, para ratificar en ese cargo a Javier Delgado Sam, no se requiere de mayoría calificada en la votación del Congreso. Es decir, El Caco estaba dispuesto a pagar por algo que era gratis. Bendito sea el señor.
Si mi abuelita viviera y tuviera en estima a Juan Manuel Carreras (como muy seguramente sería), ya les habría espetado a los gobernadores que abandonaron la Conago: “¿Nomás pa´eso lo querían, cabrones?”.
Hasta el próximo jueves.