Los comentarios de tres amigos a los que atento escuchaba hace unos días, en el entorno de una mesa mezcalera, me hacen reflexionar sobre algunos aspectos que en la efervescencia del todavía inconcluso proceso electoral, es posible que no se hayan considerado.
Es sabido que el proceso de impugnación que la cuádruple alianza antinatura, denominada aspiracionistamente como Sí por San Luis, sigue vigente, por más que Ricardo Gallardo se esfuerce en decir que todo está consumado. No lo está (él lo sabe mejor que nadie, pero es bueno infundir seguridad en el imaginario) y es todavía posible que el Tribunal Electoral de la Federación llegara a ordenar la reposición del proceso electoral.
De ocurrir esto último, que no es improbable pero sí difícil (o en términos cuatroteros de moda: no es falso pero se exagera), sería conveniente preguntarnos quiénes serían los candidatos en el nuevo proceso, y en tanto éste ocurriera, luego de la conclusión del anodino Carreras, quién el gobernador interino encargado de convocar a elecciones, dentro de los siguientes seis meses.
Antes de pensar que Ricardo Gallardo no puede ser candidato, recordemos que sólo existe dentro de la impugnación una causa que le imposibilita para serlo: que se determine que fue rebasado el tope de gastos de campaña; mientras que el apoyo de influenciadores, la violación a la cadena de custodia, utilización de dos tipos de materiales en el proceso electoral como fueron las actas sin folio, o la indebida integración de casillas, no le afectan mayormente.
El otro motivo, y éste de mayor peso, que podría imposibilitarlo para de nuevo ser candidato, sería que entre la conclusión de su encomienda como diputado federal, y su toma de protesta como gobernador constitucional, es decir, en el momento que carecería de fuero, la autoridad federal decidiera reactivar los delitos que integran la carpeta por la que se le vinculó a proceso en 2015. Éstos, no obstante, prescriben en septiembre.
Difícil no es pensar que Gallardo quede imposibilitado para ser gobernador o de anularse el proceso, candidato, sino responder a la pregunta concreta: ¿quiénes serían los candidatos opositores? Démonos cuenta que la corte de los milagros integrada por los partidos políticos, en realidad no ofrecen ningún integrante que pudiera ser considerado un elemento de valía, todos están para el arrastre. Consideremos también, en ese sentido, que Octavio Pedroza ya no quiere ser, y prefiere (a propósito del histórico tema en boga) al igual que Cortés, quemar sus naves, antes que –anímicamente aniquilado– entregarlas a otro posible candidato.
Esto podría parecer deprimente, pero tampoco es para tanto; sin embargo hay que tomar aire y valor, para lo que se va a leer a continuación: Por mucho tiempo se dijo que la solución a los problemas de equipamiento que enfrentaba el Hospital Central, estaba en manos del INSABI, instancia que no liberaba recursos para tal efecto. Finalmente, ya autorizados $789´000,000.00 (setecientos ochenta y nueve millones de pesos) éstos fueron cancelados a petición del actual titular Miguel Ángel Lutzow. La cancelación fue aprobada hace unos días por la Secretaría de Salud federal, con lo que el equipamiento quedará –de nueva cuenta– en área de espera. No es difícil suponer, dado que el ejercicio de los recursos no sería realizado en esta agónica administración, decidió utilizarlo para negociar algo con el gobernador entrante, y al no ser posible, decidió (no sé si por decisión propia o por orden del gobernador saliente) devolverlos para que los negociara la nueva burocracia. Mientras tanto, el personal y los usuarios del prestigiado y noble nosocomio, son quienes pagarán el costo de esta aberrante decisión.
La cosa no acaba allí, hace unos días el mismo funcionario anunció, como buscando desvincularse de la anterior secretaria, que existía una enorme cantidad de medicamento retenido en los almacenes centrales de los Servicios de Salud del estado, en Avenida La Paz. Esto es falso, ese medicamento no existía como tal, pero de ser cierto, él sería el único responsable, y desde luego que sería gravísimo ya que la responsabilidad directa recaería en él, puesto que durante dos años desempeñó el cargo de director de Salud Pública del estado; es decir el segundo cargo más importante en la dependencia, y a cuyo cargo están todos los programas de salud del estado, y su ejecución.
Otro de los problemas que enfrentan los Servicios de Salud, es la nociva presencia de Fernando Chacón, asesor del titular y quien devenga sueldo de director. Nada tendría de sorprendente, otros habrá así; lo lamentable es que lejos de desempeñar sus funciones, se empeña en adjudicar y favorecer a proveedores que él mismo señala. Es importante aclarar que Chacón fungió como director de Programación Organización y Presupuesto, en la secretaría de Salud Federal, de donde salió por malos manejos, para luego ser amparado en San Luis, por la exsecretaria de Salud. No por filantropía, desde luego, sino por ser yerno del exsecretario federal de Salud, José Narro Robles, y esposo de Carmen Narro Lobo quien se desempeñara como presidenta del Voluntariado de Salud, y luego como administradora de la campaña de Mónica Rangel.
Mientras eso ocurre, el coronavirus de nueva cuenta se propaga de una forma más agresiva en la ciudad y el estado. No hay ya –aunque antes tampoco la hubo– autoridad que se ocupe y preocupe por controlarlo; no sólo me refiero a la estatal, sino también a la municipal, quien de nueva cuenta procedió a inutilizar bancas y espacios en las plazas públicas, con tiras de plástico que los concurrentes violan con la mayor facilidad.
813 contagiados el día jueves; los números, se me dirá –como ya en su momento lo hizo un especialista en gráficas y pouerpaint– son fríos e indican que no andamos tan mal, lo que evitó decirme, o yo responderle, es que ellos le otorgan la calidez del maquillaje. De nueva cuenta un enorme problema de salud pública, en el que se prefiere salvar el aspecto económico, frente a hospitales colapsados y falta de medicamentos. Mientras tanto, el semáforo rojo por criminal decisión entrará hasta el día 26.
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Aflora también otro problema de salud, aunque en su modalidad ambiental, política y social: los inescrupulosos lotificadores llegó al Parque Nacional Gogorrón, y encubiertos bajo la falsa modalidad de ejidatarios, obtuvieron un amparo para lograr la segregación de 600 hectáreas. El amparo no sólo beneficia a los barones del concreto, sino que daña profundamente al Parque Nacional y, de no acatarse, podría acarrear fuertes problemas a la institución presidencial. Esperemos que de nueva cuenta, esto vuelva a poner a San Luis Potosí en el ojo del huracán, y se logre detener a los voraces constructores.
Gracias por la lectura. Cuídese, quédese en casa, protéjase; el mal no es cosa menor.