Este próximo domingo 1° de junio México vivirá una jornada histórica: por primera vez la ciudadanía elegirá por voto directo a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y jueces y magistrados locales en Estados como el nuestro, San Luis Potosí. Es una elección extraordinaria, inédita en nuestra historia electoral.
Al mismo tiempo ha desatado un intenso debate. Algunos sectores la ven como una anomalía, una reforma sin motivo, aprobada sin consenso y promueven la abstención para no “convalidar un fraude”. Sin embargo, ese silencio político no debilita el sistema, al contrario: lo fortalece, no votar no lo castiga sino que le allana el camino.
Quienes desisten de votar trasladan el resultado al cien por ciento de los candidatos afines al oficialismo, fortaleciéndolo. Si el llamado a la abstención tiene resultado, casi sin excepciones, los que sí vayan a las urnas serán sus simpatizantes, de modo que el resultado quedaría decidido de antemano.
En otras palabras, al quedarnos en casa permitimos que los únicos votos que cuenten sean los de quienes ya empujaron esta reforma. Es darle la victoria al rival sin mover un dedo.
La abstención de hoy incide en las derrotas de mañana, como bien lo escribió Alejandro Moreno en su columna en El Financiero el pasado 23 de mayo. Según el columnista, cada voto oficialista tendría un peso mayor y las aspiraciones ciudadanas serían aplastadas por el desequilibrio.
Ante este panorama, algunos insisten en que no ir a votar es un acto de protesta. Se argumenta que votar avalaría la reforma judicial impulsada por el gobierno. Pero, no hay que olvidarlo, dicha reforma ya fue aprobada, publicada y está vigente; la elección del 1° de junio no es una consulta ni un referéndum, es un hecho consumado. Llamar al abstencionismo para “no convalidar el fraude” equivale a ignorar la realidad o, peor aún, se convierte en cómplice del resultado.
En consecuencia, quienes llaman a no votar, o son comparsas del oficialismo, que pretende coptar a los poderes judiciales con la ayuda de los abstensos, o bien resultan ignorantes de los alcances de su falta de acción, pretendiendo sostener una “pureza moral” por encima de la defensa del pueblo y el Estado de Derecho.
Participar de manera crítica no significa respaldar sin cuestionamientos lo establecido. Muy al contrario: votar es una forma de resistencia democrática, no de convalidación. Acudir a las urnas abre la posibilidad de elegir, al menos, a los candidatos que sí pueden valer la pena. Si bien es cierto que este modelo de elección tiene serios riesgos, rechazar la participación en las urnas nunca hará que desaparezca la reforma; solo dejará el proceso en manos de los intereses más retrógrados.
Cuando en Nicaragua, en 2019 o Venezuela en 2020 la oposición llamó a la abstención, el grupo en el Poder obtuvo victorias absolutas y salió más fortalecido. En un sistema electoral como el nuestro, se gana legítimamente con un solo voto emitido, pues el diseño constitucional no prevé que la legitimidad se obtenga de un porcentaje mínimo de votación. Dicho de otra manera, es legítimo quien gana porque así decidimos que fuera; nunca nos pronunciamos porque para validar una elección debiera darse una afluencia de votantes de determinado porcentaje.
Votar no hará desaparecer las injusticias de raíz, pero sí es la herramienta más poderosa que tenemos para exigir transparencia y rendición de cuentas. Quienes se abstienen aprueban tácitamente los resultados.
Distinto es asistir a sufragar y anular el voto, pues demuestra presencia y disenso, y obliga a contabilizar esa decisión como parte activa del resultado.
Recuerde que las boletas no usadas en la elección no se cancelarán, así que mientras más ausentes haya, más boletas en blanco quedan; tampoco habrá conteo al cierre de las casillas sino que se concentrarán las urnas en determinados lugares, se abrirán y se contarán los votos. Usted saque conclusiones.
Jorge Chessal Palau
@jchessal