La detención del periodista Omar Niño es un claro abuso de poder que, llegado el caso, puede traducirse en delitos imputables a diversos funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial, así como de la fiscalía estatal. El curso que sigan las cosas dependerá de lo que decida el propio Omar, quien tengo entendido está escuchando las opiniones y consejos tanto de sus abogados como de sus amigos y algunos funcionarios federales que se han puesto de su lado.
La aprehensión del periodista en la Ciudad de México, al atardecer del martes primero de este mes, constituía el primer eslabón de una cadena de sucesos que de haberse cumplido habrían constituido un feroz linchamiento público del afectado. ¿Qué impidió que eso ocurriera? Una oportuna y enérgica intervención de las más altas instancias del gobierno federal. La participación de los palacios Nacional y de Cobián comenzó la misma noche del martes, cuando colegas de Omar que asisten también a la Mañanera de la presidenta Sheinbaum se enteraron y avisaron.
En esas horas, el detenido estaba inlocalizable porque era trasladado por tierra a esta ciudad. En un primer momento, las autoridades federales interesadas en saber qué pasaba se desconcertaron y estuvieron a punto de abandonar el caso, pues se les informó desde aquí que Omar estaba acusado de acoso sexual contra una mujer. Lo cual es falso. Lo acusa un varón, empleado de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Muy de mañana el miércoles, varias de las dependencias que participan en las reuniones matutinas del Gabinete Federal de Seguridad, informaron en presencia de la doctora Sheinbaum lo que habían indagado en las horas previas, y quedó claro cuáles eran la verdadera acusación, su contexto y el trasfondo de todo el asunto. Una llamada en términos muy claros a teléfonos con lada 444 determinó que se frustrara el proyectado linchamiento y poco después recuperara su libertad.
En su vertiente jurídica, los casos que involucran a Omar son dos; en uno él es la parte ofendida y en el otro es el acusado. Ambos procesos penales están desarrollándose, uno en el ámbito local y otro en el federal, y han de transcurrir meses antes de que haya resoluciones de fondo.
Debo sustentar mi afirmación inicial de que la aprehensión del colega era parte de una cadena de sucesos encaminados a su linchamiento mediático, quizá incluso con propósitos ejemplificantes.
En ajustada síntesis, Omar está acusado por el referido empleado estatal de haberlo agredido con una procacidad de connotación sexual. Dice que el día de los hechos él vestía una sudadera color rojo y que al cruzarse con el periodista en la plaza Fundadores éste le dijo groseramente algo así como que "a ese de rojo yo me lo c...".
Niño, a su vez, acusa a la contraparte de que cuando se encontraron en ese lugar el servidor público le propinó un cabezazo que le causó una herida en la frente. De ahí se trasladó a la Fiscalía a presentar su denuncia, pidió que lo certificara un médico, pero le dijeron que no había, consiguió los servicios de uno particular, y aportó las pruebas a su alcance, incluidos videos y fotografías de su teléfono.
Es importante señalar que la denuncia del empleado público se presentó un mes después de que el periodista presentó la suya. Ésta fue desestimada por la fiscalía estatal, pero la otra fue admitida, y es en su supuesta tramitación que se ordeno la detención de Omar y su traslado a esta capital. Su denuncia fue atraída por la Fiscalía General de la República, cuya delegación la tramita en el obligado sigilo procesal.
Voy al tema de la concatenación de hechos: Omar fue aprehendido en su hotel de la Ciudad de México, la tarde del martes antepasado, por media docena de elementos de la policía de allá, acompañados de cuatro agentes de la policía de investigación potosina. En un primer momento, el jefe de sus captores le preguntó "¿De que cártel eres?", a lo que el detenido respondió que de ninguno, que él era periodista.
Entregado a los agentes potosinos, fue traído a San Luis por tierra, sin esposar, con un trato correcto. Al llegar, lo recibieron otros agentes, quienes de inmediato lo trasladaron al servicio médico forense para su revisión, esposado de pies y manos; luego de tomarle sus huellas digitales (lo que antes no se había hecho porque el juez decretó su sujeción a proceso en libertad y sin otras medidas cautelares que mantenerse alejado del denunciante), lo obligaron a desnudarse y lo fotografiaron de frente, de perfil y de espaldas.
Fue internado en el penal de la La Pila casi al amanecer. Ahí fue bien tratado, pero advertido de que luego de que compareciera ante la juez, a las 9:00 horas, ingresaría al área general. La audiencia en el juzgado se retrasó varias horas, y cuando tuvo lugar no acudió ningún agente del Ministerio Público, por lo que la juez le devolvió su libertad con la advertencia de que en lo sucesivo no desatendiera citatorios a las audiencias.
El retraso en la audiencia, el abandono de los fiscales y la liberación sin mayores condiciones fueron todos sucesos motivados por la intervención del Gabinete de Seguridad Federal. ¿Qué se frustró a las autoridades potosinas? Que Omar vistiera el uniforme de recluso, que "se filtraran" las muchas fotografías que le tomaron esposado de pies y manos, desnudo, "tocando piano" y demás. ¿Le habría ocurrido algo al ingresarlo al área general del reclusorio? Imposible saberlo, pero lo importante es que nada grave le sucedió.
Al final del día, me quedo con la sensación de que algo extraño ronda el ánimo de nuestros gerifaltes políticos para decidirse a incursionar en los siempre peligrosos terrenos de la represión. Y debe ser algo muy perturbador para haberse animado a hacerlo de manera tan burda, torpe y contraproducente.
Hay quien piensa que este y algunos otros acontecimientos que ya platicaremos, tienen un objetivo claro: desalentar las críticas que seguramente arreciarán si se materializa el proyecto caciquil vía nepotismo. Es decir, entiendo yo, el gallardismo se está curando en salud para que no le dificulten sus planes.
¿OTRA CHAPUZA?
Existe la posibilidad de que por norma legal específica, las candidaturas de todos los partidos o alianzas en el 2027 aquí en nuestro estado sean para mujeres. Esto está contemplado en la ley por razones de equidad de género, pero la determinación de específicamente en qué entidades sí y en cuáles no dependerá de criterios, mediciones y otros factores que todavía tardarán en definirse. Pero la mera posibilidad conduce inevitablemente a una duda angustiante. Vámonos por partes.
En el proceso electoral del año pasado, cuatro sujetos falsarios e inmorales acudieron ante el Ceepac para registrarse como candidatos a alcaldes de otros tantos municipios, pero pidieron que se les reconociera como representantes del género femenino, ya que ellos/ellas se percibían a sí mismos como mujeres y se auto adscribían libre y voluntariamente a ese género.
La autoridad electoral les hizo el gusto, argumentando que los amparaba la Constitución General de la República, que para auto asumir genero no imponía mayores condiciones que la libre manifestación de querer hacerlo. Tres de esos chapuceros se volvieron irrelevantes porque perdieron las elecciones, pero el restante, José Reyes Martínez Rojas, antiguamente apodado Reyitos, pero desde el año pasado llamado Rayitas, ganó la elección apoyada por el PVEM, y desde octubre es presidenta municipal de Venado.
Salvo que Servidor traiga la brújula extraviada, no ha habido ninguna reforma constitucional en esa materia, que disponga que para auto adscribirse a otro género se necesite algo más que la simple manifestación del interesado, sin constancias, certificados, antecedentes ni cosa parecida.
Si esto es así, por lo menos hasta este momento, cabe la posibilidad de que llegado el momento se aparezcan en las oficinas del Ceepac personajes como por ejemplo —A´i con permisito— Enrique, Juan Carlos Jr., Navarro, El Chiquis, Gama o Esteban. Y ni siquiera tendrían que ir de tacón alto.
Si las reglas del juego no han cambiado para entonces, las autoridades del ramo tendrían que darles el mismo tratamiento que a Rayitas y compañía, y a ver qué resulta.
COMPRIMIDOS
Seco, duro y a la cabeza el carambazo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum le pegó ayer, vía el Senado de la República, al gallardismo potosino. Dos de sus tres magistrados más complacientes en el Tribunal Estatal Electoral fueron desplazados ayer y sustituidos por Sergio Iván García Badillo y María Carolina López Rodríguez, abogados ambos de perfil netamente morenista. Su control sobre ese importante órgano jurisdiccional se esfumó. Con esta nueva integración se llegará a las elecciones del 2027.
A algunos les habrá parecido un regaño, a otros un reclamo poco diplomático, pero a mí me pareció más bien un lamento. Me refiero al desahogo del gobernador Gallardo porque hay por lo menos un delegado federal que no ha ido a ponerse a sus órdenes o siquiera a correrle la cortesía. No dijo nombres y habló en singular. Hasta donde nuestras indagaciones llegaron, son dos los perfiles que embonan en el lamento palaciego: José Blanco Barrios (a) El Piri, flamante delegado de la Comisión Nacional de Vivienda, y Francisco Adán Romero Esparza, del INFONAVIT.
Este tema del desencuentro entre el mandatario estatal y los enviados federales da para mucho más. Por lo pronto, les informó que al pasado martes, ya se habían completado 16 relevos en otras tantas delegaciones. Cuatro más tendrán nuevos titulares pasando semana de Pascua, con lo que se llegará a 20. Sigue en píe el propósito de que para principios de junio estén renovados los mandos en las 32 radicadas aquí. Los perfiles de varios de los hasta ahora designados pueden no ser los mejores de cara a sus responsabilidades, pero con el lente político lo que resalta es que todos son Morenos de corazón y desafectos del gallardismo. Habrá que ver cómo siguen las cosas, pero se queda uno con la idea de que lo están aislando y cercando. A Gallardo, me refiero.
En general los dislates o metidas de pata en todos los ámbitos son muy abundantes, pero algunos sobresalen por su excelsitud. El hoy diputado local Fernando Gámez Macias fue director de la Comisión Estatal del Agua a inicios de la administración gallardista. El contrato que esa dependencia firmó con la empresa de El Realito debió tenerlo en el primer cajón de su escritorio y si no lo leyó fue porque no quiso o porque no sabe. Pero hasta la señorita de la recepción podría haberle informado que el convenio de referencia lo suscribió la CEA en representación del gobierno, de manera que es la única instancia oficial con posibilidad de demandar su recisión. El iletrado Gámez Macias salió a decir la semana pasada que el Interapas estaba en falta por no cancelar el contrato.
Estaré ausente dos semanas. Regreso el jueves 24. Espero encontrarlos.