En el circo político mexicano, donde los presidentes municipales prometen honestidad con la mano en el corazón y el puño en el bolsillo ajeno, Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, encarna el clásico político local. Detenido en febrero de 2026 por la Fiscalía General de la República en la Operación Enjambre, este “líder del cambio verdadero” encabezaba una red de extorsión desde el palacio municipal, exigiendo “cobro de piso” a tequileras como José Cuervo mediante multas ficticias y amenazas de clausura. Las evidencias -acusaciones de acoso a regidoras, vínculos con el crimen organizado y desvío de erario- respaldan la idea de que los abusos municipales son la norma, no la excepción, en un sistema que premia la impunidad.
¡Ironía suprema! Rivera juró “no robar, no mentir, no traicionar” en su campaña de 2024, conquistando Tequila -bastión opositor- como el primer morenista en décadas, solo para transformar el agave en amargura de extorsión. El reclamo es claro: los presidentes municipales abusan del poder delegado para saquear, usando inspectores como matones y policías como cobradores, en un México donde el 70% de los alcaldes enfrenta denuncias similares, según reportes de Transparencia Mexicana. Las evidencias son claras: denuncias de empresarios locales que recibían llamadas diarias para “arreglar papeles” a cambio de millones, como los 60 millones pretendidos a una tequilera. Estos alcaldes convierten el servicio público en auto servicio para enriquecerse.
Los hechos apuñalan como navaja de bar: Rivera y tres funcionarios fueron aprehendidos en cateos federales, con testimonios de regidoras bajo protección estatal que detallan amenazas de muerte, congelamiento de sueldos y acoso por disentir. Regidoras relatan cómo multas y clausuras eran el modus operandi para canalizar fondos al crimen organizado, desviando recursos públicos en un municipio turístico dependiente de la industria tequilera. Además, su enfrentamiento con Casa Cuervo -donde exigió pagos millonarios por predial irregular- destapó la red, confirmada por la FGR con evidencias de llamadas y órdenes directas del alcalde. Esta evidencia empírica valida la generalización: de los 2,478 municipios, cientos replican este esquema, como en casos de Guerrero o Michoacán.
¿Este caso es una anécdota? La historia municipal mexicana dice lo contrario: presidentes municipales capturados por huachicol, secuestros y colusión con el narco, con tasas de impunidad del 98%, según el INEGI. En Tequila, la “borrachera de poder” de Rivera -apología al crimen en redes, violencia política de género- se generó durante un año y cuatro meses porque ninguna autoridad fiscalizó al “intocable” local. La FGR interviene solo cuando el botín toca fibras gordas como el tequila exportado, pero ¿quién protege a otros caciques locales? Existen otros casos, a lo largo y ancho del país, que este comportamiento de corrupción y abuso es sistemático, alimentado por el centralismo que ignora lo municipal y los caciques hacen lo que quieren en el territorio que consideran es de ellos.
Concedamos la duda que no todos los alcaldes son Rivera, ese morenista que secuestró su partido para ganar y luego al pueblo entero. Existen excepciones en todo el país, pero el 80% de municipios enfrenta alertas de corrupción por la Auditoría Superior de la Federación, minimizando el contraargumento de “casos aislados”. Aun así, el sarcasmo persiste: si el cambio llegó con la “Cuarta Transformación”, ¿por qué Tequila huele a extorsión en lugar de esperanza? Las excepciones no invalidan la tesis; sino que muestran lo que la autoridad política no quiere ver. En fin, México municipal es un barril de tequila podrido, donde alcaldes como Diego Rivera destilan abusos con receta federal de indiferencia. Hora de reformar: autonomía fiscal con rendición real, o seguiremos brindando por ladrones con banda oficial.
En conclusión: En México, los abusos municipales no son tropiezos aislados, sino un cáncer que devora la democracia local desde sus raíces. Diego Rivera en Tequila no es la excepción, sino el espejo cruel de un sistema donde los presidentes municipales se coronan como virreyes intocables. Esta podredumbre exige un bisturí federal implacable: auditorías en tiempo real, disolución inmediata de ayuntamientos corruptos y candidaturas blindadas contra caciques locales reciclados. De lo contrario, cada elección municipal seguirá siendo una subasta de feudos locales, y el pueblo, el eterno pagano de la borrachera ajena. ¡Basta de brindis tóxicos! Es hora de vaciar el barril podrido o México entero se emborrachará de impunidad. Próxima colaboración: 25 de febrero de 2026
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