El 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se eliminó el organismo constitucional autónomo encargado de prevenir la competencia desleal en la economía mexicana, la Comisión Federal de Competencia.
Hoy entiendo ya una de las razones de ese atropello.
El reciente decreto que reforma la Ley del INFONAVIT no solo redefine el acceso a la vivienda en México, sino que también introduce un actor inesperado en el mercado inmobiliario: una empresa filial del propio INFONAVIT que competirá directamente con desarrolladores privados. Aunque el gobierno la presenta como un mecanismo para atender el rezago habitacional, lo cierto es que esta figura representa un acto evidente de competencia desleal con profundas implicaciones legales y económicas.
El INFONAVIT ha sido un organismo de financiamiento, no de construcción. Su función ha sido otorgar créditos y administrar los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Sin embargo, con la reforma, el Instituto no solo financiará viviendas, sino que también las construirá y venderá a través de su nueva empresa filial.
Esto lo convierte en un actor con doble función: regulador y competidor. Mientras que las desarrolladoras privadas deben sujetarse a reglas de mercado, la empresa filial del INFONAVIT operará con ventajas exclusivas que pueden distorsionar la competencia y desplazar a las constructoras tradicionales.
El artículo 70 del decreto extiende a la empresa filial los mismos beneficios fiscales que ya tenía el INFONAVIT. Esto significa que, a diferencia de los desarrolladores privados, la filial no pagará impuestos federales, como ISR o IVA, salvo derechos relacionados con servicios públicos.
El impacto es evidente: tendrá menores costos de operación, en razón de que, mientras las constructoras privadas deben incluir impuestos en sus precios, la filial del INFONAVIT podrá ofrecer viviendas más baratas sin que ello refleje eficiencia, sino simplemente una ventaja fiscal injustificada.
La entrada de la filial del INFONAVIT en el mercado no solo genera un desequilibrio competitivo, sino que también plantea serias dudas sobre la equidad y la transparencia. La filial podrá aprovechar recursos del Instituto sin depender de préstamos comerciales o inversionistas privados.
Al no ser considerada una entidad paraestatal, la filial operará bajo derecho privado, sin las restricciones de transparencia y fiscalización que aplican a organismos públicos. Este modelo no solo crea una competencia desigual, sino que abre la puerta a potenciales abusos y favoritismos. ¿Cómo garantizar que las decisiones de INFONAVIT no beneficien exclusivamente a su propia filial, dejando a los desarrolladores privados fuera del juego?
El mercado de vivienda social en México ha sido históricamente impulsado por constructoras particulares que trabajan en conjunto con INFONAVIT. Con la entrada de su filial, se corre el riesgo de que el propio Instituto redireccione recursos y proyectos hacia su nueva empresa, limitando las oportunidades para la iniciativa privada.
Además, el Artículo Transitorio Décimo Segundo cancela proyectos de crédito colectivo aprobados antes de julio de 2023. Esto significa que desarrolladores que ya habían invertido en estudios y permisos podrían ver bloqueados sus proyectos, lo que refuerza la idea de que la empresa filial absorberá ese mercado.
Esta reforma, lejos de ser un avance en el derecho a la vivienda, parece una jugarreta para centralizar el control del sector inmobiliario en manos del Estado, desplazando a los privados y debilitando la libre competencia.
El panorama es claro: con la desaparición de la Comisión Federal de Competencia y la creación de una empresa filial del INFONAVIT con privilegios y canonjías, el Estado ya no solo establece las reglas del juego, sino que ahora también juega con ventaja.
Así los transformistas de cuarta, ávidos, codiciosos y ventajosos.
@jchessal