Estés donde estés, existen ríos subterráneos —es decir, intereses y movimientos sobre los cuales uno solo puede adivinar. Estos días he empezado a sentirlos en el contexto del llamado Caso Huerta, un juicio transfronterizo sobre el cual reporté hace unas semanas.
El Caso Huerta se trata de una denuncia federal establecida en el Distrito Medio de Florida titulada "Accuhealth Technologies, LLC, et al. v. Oscar Gerardo Huerta Perez, et al. n.° 8:26-cv-00455", un litigio en contra de ciertos individuos en San Luis Potosí, acusados de extorsión empresarial. En los textos del caso se alega que un ex contratista independiente y seis cómplices en San Luis Potosí utilizaron amenazas de muerte y un procedimiento laboral fraudulento para obtener una sentencia por rebeldía de 2.1 millones de dólares en contra de Accuhealth Technologies, una empresa estadounidense de tecnología del sector salud.
Los textos del caso describen cómo en Febrero del 2022, el acusado Huerta, durante una llamada telefónica, profirió amenazas de muerte explícitas contra los ejecutivos de Accuhealth, Stephen Samson y Boby Deveros, para impedirles viajar a México. El testamento continúa alegando cómo Huerta y seis coacusados fabricaron reclamaciones laborales y mintieron bajo juramento sobre la notificación del proceso para obtener una sentencia en un tribunal laboral mexicano que, según los demandantes, nunca tuvo jurisdicción sobre la disputa; y cómo la sentencia resultante se está utilizando ahora como instrumento de extorsión contra la empresa estadounidense y sus ejecutivos.
En el reporte anterior en estas páginas, habíamos dado referencia a cómo los fiscales estadounidenses a lo largo de la historia han perseguido con vigor a este tipo de fraude transfronterizo. La conducta que describe la denuncia civil, de probarse, por supuesto representaría una impugnación importante en las economías entre vecinos, pero es más, debido a que la denuncia federal alega que un ciudadano extranjero realizó amenazas de muerte por teléfono a personas ubicadas en los Estados Unidos, necesariamente entran otras entidades al tema. En particular, esta semana empecé a escuchar desde fuentes en Florida que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está explorando posibles penales federales relacionados con el caso, ya que se trata de infracciones al artículo 875 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (comunicaciones interestatales) y disposiciones del código federal de extorsión. Es un paso lógico ya que la conducta alegada en la demanda civil — la transmisión interestatal de amenazas de muerte, en el marco de un plan para extraer dinero — describe, a primera vista, una conducta que se encuentra dentro de la jurisdicción penal federal.
En este momento, el caso civil se encuentra en sus primeras etapas en el Distrito Medio de Florida. La cuestión paralela de si la sentencia mexicana de 2.1 millones de dólares puede ser homologada — es decir, si un tribunal en Estados Unidos la reconocerá y ejecutará — se está debatiendo por separado en un caso aparte. La postura de los demandantes, reflejada en documentos públicos, es que una sentencia obtenida mediante testimonio falso, en un tribunal que carecía de jurisdicción sobre la materia, contra individuos que nunca fueron debidamente notificados, no debe ni puede ejecutarse según los principios de cortesía estadounidense.
Lo que queda claro en el tema del Caso Huerta, y todo lo que conlleva, es que de un lado existe lo que estamos viendo en un contexto público, específicamente relacionado con los textos del litigio Accuhealth Technologies, LLC, et al. v. Oscar Gerardo Huerta Perez, et al., pero del otro lado a la vez también empezamos a ver que la situación está revolviendo aguas profundas en aspectos de gobierno y entidades federales en Estados Unidos. Estas aguas suelen ser lentas, pero poderosas, y cuando se empiezan a mover, ya es demasiado tarde para detenerlas. Sea lo que sea del Caso Huerta y los litigios transfronterizos relacionados con el tema, estos movimientos que se están empezando a ver en el sistema del país vecino poseen la capacidad de generar repercusiones serias en San Luis Potosí. Si sabemos algo de los impactos de aguas desbordadas, es que sus efectos siempre son amplios, descontrolados y afectan mucho más allá de lo esperado.
Jon Bonfiglio radica en el norte de México y es Corresponsal
de América Latina, cubriendo la zona para varias fuentes
internacionales, incluyendo Times Radio en Reino Unido, la emisora
nacional ABC en Australia, LBC en Londres, entre otros. Bonfiglio
también presenta el podcast ´World Cup ETC´ y habla sobre el fútbol
mexicano para TalkSport en Reino Unido.