El domingo 15 de noviembre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana instalará el proceso electoral 2026-2027 en San Luis Potosí. El primer domingo de junio -el día 6, márquelo en algún lado- se elegirán la gubernatura, 27 diputaciones y 59 ayuntamientos. La sesión inaugural es solemne, pero no me sorprendería que se realicen posicionamientos sobre los diversos problemas que se enfrentan en este proceso. Y la ley que rige la contienda fue retocada en ¡cuatro ocasiones! en 2026, la última el 12 de agosto. Amigas, amigos legisladores de San Luis Potosí. Eso no se hace de esa forma.
Conviene empezar por la factura, porque todo lo demás depende de ella. El CEEPAC aprobó un proyecto de presupuesto 2027 cercano a los 480 millones de pesos, de los cuales 78% iría a la elección. En 2024 el Congreso autorizó 382 millones frente a los 462 solicitados, y ese faltante de unos 80 millones se tradujo en problemas operativos -me consta-. La discusión de fondo no es si la democracia es cara, sino qué se compra con ese gasto, y la respuesta es confianza: la capacidad de que un resultado sea creído por quien lo pierde. Esa confianza no figura en ninguna partida, pero se financia con todas, y la reforma reciente le añadió costos: sistemas electrónicos de registro de candidaturas, debates obligatorios en la gubernatura y en los cinco municipios con mayor lista nominal, y comisiones y comités con integrantes remunerados. Se legisla con ambición y se presupuesta con regateo. Voy con datos concretos.
La ambición se pone a prueba en el mapa. Villa de Pozos elegirá por primera vez a su ayuntamiento, y el estado pasa de 58 a 59. Nace con boleta para intentar tener tradición política propia: sin historial de cabildos, sin cultura local de rendición de cuentas y con una ciudadanía que hasta ayer se refería a otra capital. Peor aún, llega justo cuando las planillas pasan de dos sindicaturas a una en todo el estado. Menos síndicos es una decisión defendible en nombre de la austeridad, pero la sindicatura es la figura encargada de vigilar el patrimonio municipal, de modo que reducir al vigilante cuando nace un municipio nuevo es, como mínimo, una apuesta de fe. Estas cosas pasan cuando quienes toman esas decisiones ignoran las razones del federalismo y el diseño institucional del municipio. Allá ellos.
A ese municipio recién estrenado le espera, además, una boleta más concurrida. El CEEPAC incorporará en la boleta a los nuevos chicos del pueblo: SOMOS y PAZ. Como escribí en este mismo espacio hace unos meses, más opciones es una buena noticia para la pluralidad, siempre que haya una identidad política propia, diversidad real de propuestas y no solo de siglas. La ley, sin embargo, deja claro el precio: un partido nuevo recibe 2% del financiamiento ordinario total, y cada partido debe etiquetar 14% de su financiamiento ordinario para liderazgo de mujeres (5%), juventudes (4%) y personas con discapacidad y diversidad sexual (5%). Son compromisos virtuosos que exigen fiscalización, y la fiscalización exige personal, tiempo y dinero, justo lo que no tienen los partidos nuevos. Así son las reglas.
Todo esto ocurre bajo una ley que no termina de ponerse de acuerdo consigo misma. El artículo 40 permite retener hasta 25% de las ministraciones mensuales de un partido para cobrar multas; el 468 dice 20%. Una norma que duda sobre cuánto cobrar difícilmente inspira confianza sobre la claridad de sus propias reglas -sin mencionar la pifia de quienes debieron redactar, revisar y aprobar eso-. Más delicado es lo ocurrido con la paridad en la gubernatura: el texto compilado marca como inválidas, por resolución de la Suprema Corte, las porciones sobre alternancia de género en esa candidatura (acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y 86/2026). Que la regla de postulación más visible de la elección haya quedado en entredicho a semanas del arranque confirma que reformar rápido y reformar bien rara vez coinciden. Las instituciones electorales casi nunca fracasan por un gran escándalo; enfrentan problemas por acumulación de pequeñas insuficiencias que nadie quiso o supo atender a tiempo.
La caminera
Mientras San Luis Potosí se prepara para votar con las reglas que tiene, la presidenta Sheinbaum anunció que volverá a presentar su reforma electoral después de las elecciones de 2027, tras no lograr el respaldo suficiente de PT y PVEM. Voy dejando aquí una nota para retomarla pasando la elección: Hoy la presidenta tiene mayoría calificada para cambiar la constitución y sus instituciones más o menos como quiera y hasta donde el PVEM y el PT la dejen. Ante la incertidumbre de los resultados legislativos que Morena y sus aliados tendrán en 2027, el calendario legislativo se convierte en algo importante: ¿se intentará forzar una reforma antes de que termine esta legislatura? ¿el escándalo del INE es razón y pretexto perfecto para reinventar a la institución y echar a todas las consejerías que hoy están en funciones? ¿Y qué va a hacer con el sueño centralista -y poco pertinente- de concentrar las elecciones en un solo órgano administrativo? ¿En dónde está el nudo que hoy impide sacar una nueva convocatoria para la Presidencia del INE?. Por eso son tan importantes los resultados de la Cámara en 2027.
X. @marcoivanvargas