A la confrontación unilateral iniciada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, contra Enrique Galindo, alcalde de la capital, por el tema del agua se suma ahora otra, derivada de la iniciativa para la municipalización de la delegación de Villa de Pozos, acción de la que el gobernador reclama la paternidad.
No es que se le regateen los méritos de la iniciativa (que afirma ya había sido planteada durante la administración en que su padre fue presidente, pero que no prosperó por no contar con el respaldo en el Congreso) sino que al alcalde se le ocurrió externar algunos razonamientos sobre el caso, entre ellos pronunciarse a favor de la municipalización en “una lucha de las potosinas y potosinos que ahí habitan, además es una lucha que hemos abanderado juntos […] Por eso vamos a apoyar esta determinación y esperamos dar este paso histórico, por el bien de Villa de Pozos, así como de la ciudad de San Luis Potosí.”
La respuesta de Gallardo no se hizo esperar, no mencionó nombres pero iba para un destinatario en concreto: “Es una lucha que hemos tenido en Villa de Pozos, yo llegué y anuncié el municipio 59 y me juzgaron loco […] ahí está, va a jalar el municipio, va a ser el municipio número 59, pésele a quien le pese y qué bueno que se cuelguen del árbol, eso habla de que no se quieren quedar fuera de pasar a la historia [sic], nada más que no se les olvide: la propuesta fue nuestra.”
De nuevo deja en claro que su ego y el desmedido culto a su persona no aceptan competidores al grado que considera que nada más él y sólo él es el único con méritos suficientes para pasar a la historia de la Villa de Pozos, del estado de San Luis Potosí y, ¿por qué no? quizá hasta de México. Por otro lado al señalar que la lucha por la municipalización se impulsa desde 1940, demuestra que su conocimiento de la historia, ya no digamos regional sino local, es poco menos que elemental; una lucha iniciada desde ese año implicaría una pérdida de la categoría de municipio unos años atrás, es decir en la década de 1930.
No es así. Recordemos que la supresión de la categoría municipal a Villa de Pozos y su integración como delegación al municipio de la capital se estableció mediante el Decreto N° 51, del 10 de octubre de 1946 (en el que también se suprimía esa categoría a Huehuetlán y a San Nicolás de los Montes, fusionándose aquel con Ciudad Santos y éste con Tamasopo). Si se quiere son datos intrascendentes que los ciudadanos de cédula cuarta y de a pie no estamos obligados a saber, pero que deberían estar al alcance de quien se asume como padre de la propuesta y tenutario absoluto del mérito que esto implica. Total, él ni los va a buscar, sólo tiene que pedirlos a algún empleado económico.
Tampoco es nada nuevo su desprecio por el aprendizaje, el dato firme y el análisis, ya ni para qué nos asombramos, aunque no deja de ser curioso que no traiga a la mano la historia de su nuevo hijo, producto de sus amoríos con la demagogia geográfica-electoral, pero se confirma que los actos y dichos de gobierno se dan por ocurrencia, no hay más.
Rectifico, si hay más; José Luis Fernández, su lacayo en el Congreso, buscó dar un acelerón al asunto buscando que se aprobara el dictamen de solicitud al Consejo Estatal Electoral para la elaboración del plebiscito requerido para la municipalización, cuando todavía ni se había entregado a los demás diputados los documentos correspondientes. La oposición legislativa finalmente se comportó como tal y logró aplazar la votación.
Mayúscula rabieta por el freno legislativo debió desatarse en palacio de gobierno, que para pronto llegó la amenaza velada del general de Gobierno: “yo no quisiera ver el día de mañana ahí como están 25 mil almas exigiéndoles al Congreso que les den prontitud.”
La prontitud invocada por Guadalupe “el hermoso”, matizada siempre por la falsa premisa de lo social, sólo tiene un objetivo que es la verdadera intención de la municipalización, antes de octubre, de esos 175,919,354.40 metros cuadrados que serán segregados a la capital: la urgencia electoral y el botín financiero. No hay más.