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Después de estar inexplicablemente guardado durante dos meses por parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el informe de resultados entregado por el despacho De la Paz-Costemalle-DFK vio la luz del sol la semana pasada. En esencia, lo que dice es que las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado en 2017 para revisar las cuentas públicas del 2016 de los llamados entes auditables (113 en total), están mal hechas. Unas peor que otras, pero todas mal.
En Consecuencia, sus dictámenes no son de fiar.
¿Qué sigue? Hay varias opciones de ruta y aquí es donde se pone interesante el asunto, pero antes conviene traer a cuenta un poco de contexto.
Las ladronerías de la Ecuación Corrupta que se conocieron en junio pasado al revelarse el video donde aparece uno de sus integrantes, el ya ex diputado Enrique Flores Flores detallando su modus operandi, parecían estar circunscritas al ámbito de las cuentas públicas municipales 2016, a una decena de las cuales “se les cargó la mano” con observaciones para luego extorsionar a los alcaldes correspondientes a fin de limpiarlas y dejarlas sin pendiente alguno que solventar.
Una vez estallado el escándalo, los tres principales pillos de la Ecuación Corrupta -no los únicos- Oscar Bautista Villegas, Manuel Barrera Guillén y J. Guadalupe Torres Sánchez, convocaron a una apresurada sesión de la Comisión de Vigilancia para aprobar los dictámenes entregados por la ASE, y poderlos pasar al Pleno para su aprobación final, lo cual prácticamente los habría convertido en cosa juzgada.
Fueron tantas las marranadas y el estilo gangsteril de este trío, del que también formaba parte Flores Flores, que los restantes 23 diputados, la mayoría de los cuales tampoco pasan un examen de control de confianza, no les siguieron el juego y rechazaron de plano el trabajo de la ASE.
Como ésto era algo inédito, de pronto no se supo qué hacer.
Días más tarde, en julio, se acordó contratar un despacho externo que revisara el trabajo de la ASE. Se pidió orientación a la Auditoría Superior de la Federación, y de allá les recomendaron a De la Paz-Costemalle-DFK.
El contrato suscrito por la Comisión de Vigilancia con ese despacho dejó establecido que su trabajo consistiría en revisar si el trabajo de la ASE al momento de revisar las cuentas públicas 2016 se había hecho correctamente; esto es, con apego a sus manuales de procedimientos, a la normatividad aplicable y a las prácticas profesionales debidas. Eso era todo, De la Paz-Costemalle-DFK no iba a reponer las auditorías en entredicho.
Conforme a los plazos pactados, el despacho entregó su informe en enero. Sus conclusiones no dejaban lugar a dudas: ninguna de las auditorías de la ASE relativas al ejercicio 2016 cumplía los requisitos de forma y fondo para ser considerada válida. En una decisión extraña, la Comisión de Vigilancia regresó el informe a la firma contable solicitándole que por favor otorgara una calificación numérica individual a cada auditoría. Al parecer, los diputados de esa Comisión tenían la esperanza de que la mayoría superara una puntuación aceptable. Les hicieron el gusto, pero ni así.
Lo primero que salta a la vista es que el trabajo de la ASE que ha quedado descalificado no es únicamente el que se refiere a las 58 cuentas públicas municipales. Por ley, la ASE debe verificar la correcta aplicación de fondos públicos en 113 entes a los que se denomina “auditables”. Ese total se integra, además de los 58 ayuntamientos, con el Poder Ejecutivo que en sí mismo es un solo ente, pero al que se le auditan una veintena de secretarías y otras dependencias; el Poder Judicial, que también se desdobla en diversas instancias auditables; decenas de organismos operadores de agua potable, varios DIFs municipales que tienen autonomía administrativa y otros organismos o instituciones que reciben dinero público.
Así, el dictamen de De la Paz-Costemalle-DFK implica que tampoco las revisiones o auditorías hechas por la ASE de José de Jesús Martínez Loredo a los poderes Ejecutivo y Judicial y a todos los demás entes auditables, tienen validez.
En lógica elemental, lo que procede es reponer o repetir todos los procedimientos de auditoría en los 113 entes auditables.
Esta es una opción a la que le rehúyen el Congreso, la Comisión de Vigilancia y la propia ASE, con el argumento de que no tienen recursos ni humanos ni técnicos ni financieros para reponer todos esos procedimientos, máxime que en simultáneo están trabajando las cuentas 2017 y las parcialidades trimestrales del 2018.
Esa excusa es relativa. El trabajo de reposición lo puede hacer otro despacho externo, que seguramente cobrará varios millones de pesos, mismos que fácilmente pueden salir de las partidas injustificadas que cobran los señores diputados: gestoría institucional, apoyo para informe, capacitación, viáticos, gastos médicos, pago de asesores y un largo etcétera.
Efectos colaterales
Sin duda que reponer las auditorías podría tener un efecto colateral muy importante: que al serles reprobadas las cuentas a los alcaldes que pagaron extorsiones a la Ecuación Corrupta, una vez demostrado que de nada sirvió ese desembolso, ahora sí se animen a denunciar los hechos.
Otro rebote por demás interesante sería la posibilidad de encontrar que también hubo directores de sistemas de agua potable o presidentas del DIF o funcionarios estatales que pagaron a los ladrones esos para que les limpiaran sus cuentas.
Para salir de paso, en su sesión de la semana pasada el Congreso acordó que el informe del despacho privado se entregue a la ASE, para que solvente o explique las deficiencias encontradas y, de ser el caso, turne el asunto a su contraloría interna para que finque las responsabilidades correspondientes.
Esa ruta es de evasión. Los directivos de la ASE, con Martínez Loredo a la cabeza, que son los verdaderos responsables del trabajo mal hecho fueron dados de baja hace meses.
En todo caso, la otra posibilidad muy interesante es que se les llame a declarar en procedimientos administrativos, que se proceda luego a denuncias penales y que ante ese escenario de NO impunidad, muchos platiquen las historias completas de quiénes, cómo y cuándo giraron instrucciones para esa odisea de corrupción que acaudillaron Oscar Bautista Villegas, inminente candidato del PRI (por más que le pongan etiqueta del Verde) a diputado Federal; Manuel Barrera Guillen, seguro candidato a la reele cción como diputado local por su partido el PVEM; José Guadalupe Torres, cuadro distinguido del PRD con destino incierto, y Enrique Flores, panista y único que está enfrentando las consecuencias de sus sinvergüenzadas. (Y luego hay quién se sorprenda de que López Obrador encabece tan cómodamente todas las encuestas).
Si el Poder Legislativo se amacha en que no se repongan las auditorías a TODAS las cuentas públicas del 2016 (estatales, municipales, de organismos autónomos, etc.), podría ser imaginativo y decir que sí se hará pero a manera de muestreo, en digamos un 25 por ciento de los entes auditables, que vendrían a ser 29. Y para que en algo se vayan lavando la cara, ya que van de salida, podrían abrir una forma de consulta con la sociedad civil a través de sus organismos más representativos para que sea ella la que proponga esos 29 sujetos de fiscalización en donde se hagan nuevamente las auditorías como es debido. ¿Difícil? La verdad, no. Todo es cuestión de voluntad política.
Y antes de que empiecen los lloriqueos financieros, cabe recordar que en diciembre pasado el Congreso concluyó su ejercicio fiscal con un superávit de aproximadamente 12 millones de pesos, 8 de los cuales se dejaron en reserva para hacer frente a incrementos salariales y/o indemnizaciones y finiquitos que habrá que pagar al término de la legislatura en septiembre.
Los cuatro millones restantes se repartieron a manera de bono especial de 149 mil pesos entre cada uno de los 27 diputados.
Si al final del día todas las infamias de la Ecuación Corrupta quedan impunes; si las cochinadas de la ASE de Martínez Loredo se disimulan y se tapan, y si el único que medio puede ser castigado por todo esto resulta ser Enrique Flores Flores (ya sujeto a proceso pero en libertad), estaremos a un paso de convertirnos en una comunidad de cínicos.
COMPRIMIDOS
- La señora María Luisa Cortés es propietaria de un modesto restaurante llamado “Los Molcajetes”, que se ubica en pleno Centro Histórico. Desde inicios de la administración de Juan Manuel Carreras fue contratada por la Secretaría General de Gobierno para servir comidas a unos 30 o 40 empleados de esa dependencia que por sus obligaciones u horarios no pueden ir a comer a sus casas. Recibió indicaciones de presentar cada mes una factura por el monto de sus servicios, y una adicional por 100 mil pesos, por el mismo concepto, cantidad que una vez cobrado el cheque debería entregar en efectivo a la licenciada Ana María Carrera Martel, coordinadora general administrativa de la SGG. Todo caminaba sin problemas hasta por ahí de septiembre del año pasado, cuando súbitamente la Sra. María Luisa fue instruida por la secretaria particular del titular Alejandro Leal Tovías, Sonia Nájera, para que los 100 mil pesos mensuales en efectivo se le entregaran a ella y no a Carrera Martel, quien a su vez se los exigía. Angustiada, doña María Luisa consultó con varios de sus comensales qué debería de hacer. Uno de ellos le dio el consejo que decidió seguir: fue directamente a la Secretaría General de Gobierno a preguntar. Le dijeron (no sé si personalmente Leal Tovias o alguien distinto), que el dinero se lo siguiera entregando a la Coordinadora Administrativa. Asunto arreglado.
- Mal no le fue a Andrés Manuel López Obrador en su visita del pasado domingo. A la reunión con empresarios asistieron unos 250 y ninguno de los que hemos escuchado salió con mala impresión. Ciertamente, no estuvieron los pesos pesados del empresariado local, pero tampoco se les ve mucho en ese tipo de eventos. Comparativamente, en ocasiones anteriores AMLO no reunió ni la mitad de esta vez.
- Ya comenzaron a correr los plazos legales para registrar candidaturas. Ante el INE el registro de todas las federales (presidente, senadores y diputados) se abrió el domingo 11 y cierra el domingo 18. El Ceepac abre hoy su plazo para registrar candidatos a diputados locales de mayoría relativa, y lo cierra el miércoles 21, en tanto que ese mismo día se inicia el periodo para inscribir las candidaturas a los ayuntamientos y a diputados locales de representación proporcional, cerrándose el martes 27. Todavía hay candidaturas sin resolverse.
- Bien dicen que más vale tarde que nunca, y de repente la Fiscalía General del Estado, como vitaminada con sus nuevos fiscales especiales, comenzó a dar señales de vida en asuntos, sobre todo de corrupción, que estaban empolvándose por ahí. Lo que si se vería mal es que los palos fueran para puros panistas. ¿No cree usted?
Hasta el próximo jueves.