Hace unos años participé en una mesa donde se hablaba sobre la solvencia y probidad de quienes desempeñan una función pública gracias al voto popular. En ella se discutía sobre la buena y mala calidad en el perfil de varias(os) legisladoras(es) del ámbito federal y local, a quienes algunos medios de comunicación exhibían por el nivel de conocimiento o dominio técnico que demostraban sobre un conjunto de decisiones que toman. El problema no era menor. Legislar a conciencia en materia de telecomunicaciones, energía, economía, salud o derechos humanos –por mencionar algunos ejemplos-, requiere de una buena base de conocimientos que no otorga la constancia de mayoría de la elección ganada. En esta mesa se proponía la atractiva –pero a mi parecer, inadecuada- idea de solicitar una escolaridad mínima exigible para desempeñar ciertos puestos públicos de elección popular. Detrás de esta idea habita la enorme sensación de desamparo e incertidumbre que una parte de la población percibe, sobre la manera en que se toman decisiones políticas que les afectan. Si alguien va a decidir sobre el sistema del que depende mi salud, sería bueno que sea alguien “que le sepa”, dicen algunos.
La principal razón por lo que resulta inadecuado –y materialmente imposible- exigir una escolaridad mínima a quien se pretenda desempeñarse en una diputación o una regiduría –por ejemplo- consiste en que se vulnera el precepto constitucional de que todo ciudadano puede ser votado para todos los cargos de elección popular.
¿Es razonable exigir licenciatura a quienes tienen la responsabilidad de legislar? ¿y a cuántas personas de buenas intenciones dejaremos fuera por el hecho de no tener ese nivel de estudios?. Mi provocación va un poco más allá: ¿Con qué dispositivos debemos contar para poder asegurarnos que las personas que van a desempeñar un puesto de representación popular tengan la capacidad técnica deseable para hacerlo? ¿Le ponemos requisitos a la ley?. Tiene razón quien advierte que la redacción del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también señala que todos podemos ser votados siempre y cuando tengamos “las calidades que establezca la ley”. Pues bien, la ley establece calidades de elegibilidad que –a excepción de algunas sindicaturas en el ámbito municipal- no se relacionan con sus conocimientos técnicos, su experiencia laboral comprobable o su capacidad de nombrar las capitales de los estados de la República, por lo que el texto constitucional no está diseñado para darnos gobernantes eruditos, sino más bien para sirve para garantizar una base de derechos políticos para todos.
El problema de la capacidad técnica para cumplir con una responsabilidad pública no se encuentra solamente en los Congresos –los villanos favoritos- sino en casi todos los espacios organizacionales del estado mexicano. Rodrigo Pérez Tejada advirtió hace meses que “la falta de aptitudes para desempeñar un cargo y la falta de experiencia coloca a los servidores públicos en una posición de vulnerabilidad frente a los entes que deben regular”. Este no es un asunto menor: la ineptitud no es inofensiva; sus costos los pagamos todos.
En este orden de ideas, asistimos a un episodio no habitual de la lucha contra la corrupción desde la ética pública: los funcionarios públicos y representantes populares, además de honestidad valiente y honradez impoluta, requieren autonomía intelectual plena y conocimiento indispensable sobre los asuntos que deben procesar. Cualquier persona que ostenta un cargo que no entiende, o que designa a personal no idóneo para un puesto, hace un daño incalculable a la Nación. Y además de dinero, esto también cuesta vidas, tiempo, oportunidades.
Y como ciudadanos ¿cómo le hacemos para asegurarnos que quienes nos representan cumplen con un perfil deseable?. Con exigencias altas, cuando son candidatas(os) y cuando son gobernantes. Nadie más lo va a hacer por nosotros.
De aniversario
No le diga a nadie, pero el día de mañana Pulso cumple 31 años. Sirvan estas líneas para felicitar a Editora MIVAL y a quienes colaboran en este Medio por tan importante labor que merece ser reconocida, en favor de la sociedad potosina.
Y en otro aniversario menos longevo –sin agravio para nadie-, también aprovecho para agradecer a PULSO porque ésta columna de opinión cumple su primer año; desde luego agradezco también a Usted por la generosidad de su lectura. A ver si llegamos a tres décadas más.
Twitter. @marcoivanvargas