Concluimos esta serie de columnas dedicadas al Juicio de Amparo y la política, hablando hoy sobre el uso del amparo precisamente como un instrumento de esa naturaleza.
Quiero dejar en claro que, para mí, el uso político del amparo no es necesariamente malo. En México, calificar algo de “político”, es colocarlo en el lado obscuro, en la vertiente de lo malo, ventajoso y poco o nada ético. Y en algunos casos, hay razón, pero no siempre.
De hecho, ha sido el juicio de amparo el mejor mecanismo para enfrentar los embates de los transformistas de cuarta, encabezdos por el señor López, en contra de infinidad de acciones que, emprendidas desde el gobierno federal, buscan socavar (me resulta difícil pensar que lo hacen sin darse cuenta) los derechos humanos de la población. Incluso, el temor al amparo que pudiera promoverse y sus consecuencias, ha frenado tonterías como la propuesta de reforma inquilinaria en la Ciudad de México, presentada por el partido gobernante y con un clarísimo sentido expropiatorio y violatorio de la Constitución. Este es uno de los tantos casos donde el freno se impone, pero son muchos más los que han tenido que llegar a los tribunales.
La crisis ocasionada por el SARS-COV-2 a nivel mundial, no podía dejar ajeno al juicio de amparo y es gracias a su existencia que médicos han tenido acceso a la protección de su actividad para salvar vidas, incluyendo la suya; niños con cáncer han logrado vencer la resistencia del gobierno federal para darles medicamentos; justiciables han logrado vencer las limitaciones de los poderes judiciales para cumplir con su función. Sobre el juicio de amparo y su historia reciente en la epidemia, sugiero leer un magnifico recuento que hace el maestro Diego Galeana en un detallado artículo, visible en https://www.parentesislegal.com/post/el-juicio-de-amparo-y-la-e-justicia-en-tiempos-de-la-covid-19 y que da cuenta de los principales casos que se han puesto a consideración en el forro nacional en vía de amparo.
Sin embargo, no todo es blanco ni todo es puro. Siempre hay personas que buscan ir más allá de la bondad de la institución y hacen del amparo una herramienta de carácter político desde una perspectiva negativa, como quien pretende, a través del amparo, rentabilizar la protección de los derechos humanos como un capital político que les coloque en una posición ventajosa de carácter electoral, promocionando sus logros para convencer a un electorado deseoso de que México recupere la libertad, de que ellos y solo ellos son la mejor opción.
También están los que, sabiendo de lo infundado e improcedente del juicio de amparo ante un caso concreto, lo llevan adelante solo con el fin de conseguir una suspensión de los efectos del acto de autoridad, para poder presumir en medios de comunicación y en redes sociales que se ha frenado al gobierno, generando una vana esperanza que, al final, tendrá una sentencia en contra que le decepcione del propio amparo como medio de defensa de sus derechos.
No se puede desligar al juicio de amparo de la política, al ser su materia, justamente, la preservación de la Constitución, el más político de todos los ordenamientos, al plasmar las decisiones fundamentales de un Estado. Ya en esta misma columna, el 1 de junio pasado, dijimos: “… la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, parafraseando a San Juan en el Apocalipsis, es el alfa y omega, principio y fin de todas las cosas, política y jurídicamente hablando, en relación con el Estado. Por tanto, si concebimos a nuestra patria como un ente político democrático, es en la Constitución y no en otro lugar donde podemos encontrar los límites, extensiones, profundidades y cimas de este concepto”.
Así transcurre la vida del amparo y así transcurre la nuestra, gracias a un instrumento legal que vive, día con día, los riesgos de su manejo político indebido, a la par que logra impedir que quienes hoy gobiernan logren desmantelar a nuestro país.
Jorge Chessal Palau
@jchessal