Es más que evidente que en las distintas esferas de gobierno actualmente tiene aversión al amparo, institución protectora de lo más esencial que existe en un Estado de Derecho, el orden constitucional.
José María Morelos y Pavón, uno de esos próceres que luego los gobernantes citan frecuentemente como modelo de patriotismo y virtud cívica, dijo: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, ampare y lo defienda contra el arbitrario”
A partir de esta idea, adicionada con los resultados de la revolución francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en México se fue construyendo poco a poco la idea de contar con un instrumento jurisdiccional que protegiera los derechos esenciales de los individuos.
Luego de la constitución centralista de 1836, Yucatán se declaró independiente en 1840 y al año siguiente se instauró, como procedimiento local, el juicio de amparo diseñado por Crescencio Rejón.
De regreso al federalismo y luego de la aventura de Estado unitario, desde los debates de 1842 de incorporaron ideas, especialmente de Mariano Otero, para proponer un Estado liberal, federal y garantista; de esta forma y como instrumento de protección de esa concepción de nuestra patria, el juicio de amparo quedó finalmente instaurado en el Acta de Reformas de 1847 y de ahí pasó a la Constitución de 1857, la primera en reconocer al amparo como protector de derechos humanos. El artículo 101 de este ordenamiento señalaba, de manera muy similar al texto actual del artículo 103 de la Constitución vigente: “Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los o por las leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.”
El juicio de amparo de nuestro país sirvió como modelo para la redacción del artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a instancia y sugerencia de la delegación mexicana, al ser el amparo un juicio contra el abuso del poder en todas las formas posibles. El texto de la Declaración en cita dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
Y podríamos seguir dando cuenta de situaciones históricas que nos dejan muy en claro que si hay una institución valiosa en verdad en el orden jurídico mexicano es el juicio de amparo, pasando, por supuesto, por el testimonio de cientos de miles de personas, incluyendo a algunos políticos que hoy reniegan del amparo pero que gozaron de sus beneficios en sentencias favorables a sus derechos ilícitamente vulnerados por otros de su especie.
Sin embargo, no creo que sea necesario. No creo que debamos dejar en claro que, ante los abusos del Poder, tenemos una herramienta que permite la protección de los derechos esenciales de todos los individuos, ya que sería solo confirmar lo evidente.
Más bien quiero llamar la atención sobre ese presidente, esos senadores, esos diputados federales y locales, esos gobernadores, esos presidentes municipales y, por supuesto, esos corifeos que aúllan a la ilusoria luna de una supuesta transformación de cuarta que, capturados en su mente y en sus voluntades por la irresponsabilidad presidencial, hoy piden involucionar al amparo, reducirlo a su más mínima expresión y, si fuera posible, desaparecerlo.
Tal acto de irresponsabilidad no es más que la expresión de un espíritu dictatorial que pretende gobernar si cortapisas, sin obstáculos a su voluntad unilateral.
Nos acercamos inexorablemente a la fecha más importante del México de hoy, la elección de junio que permitirá el rescate del Estado de Derecho o la continuidad de la debacle a manos de los arbitrarios, los partidarios de López
@jchessal