APLACÓN

La más reciente embestida del gallardismo contra el alcalde Enrique Galindo es una expresión más de la estrategia que busca ganar el partido ya no desde el vestidor sino desde antes de llegar al estadio. ¿Cómo? Eliminando a cualquier contrincante antes del silbatazo inicial. Esta forma de hacer las cosas funcionó en el 2024, cuando sin necesidad real el grupo en el poder se aplicó a derrotar a la candidata de Morena al Senado, Rita Ozalia Rodríguez, para no encontrársela en el 2027 como competidora en el mismo rango político de la senadora Ruth González.

Pero entre la exitosa experiencia de hace dos años y la actual campaña contra Galindo hay una diferencia fundamental: esta vez, de inicio, la estrategia falló. Falló porque Ricardo Gallardo Cardona escogió mal el campo de batalla y las armas a utilizar.

Ver y escuchar a Gallardo Cardona cuestionando costos y características de obras públicas es como asistir a un evento donde El Chiquilin critique a los malhablados. Haga usted de cuenta. Ni más ni menos. 

Sea de quien haya sido la idea de desgastar al alcalde capitalino con el tema de posibles sobrecostos en obras municipales, se desentendió tontamente de su propia circunstancia en esta materia. En la segunda parte de esta columna mostraremos datos duros de enormes sobrecostos en obras públicas estatales.

Mientras tanto, hay aristas en este último desencuentro Gallardo-Galindo que vale la pena analizar. Ciertamente, ambos personajes no han sido nunca aliados políticos ni amigos cercanos. Con todo, durante los primeros años de sus respectivas gestiones mantuvieron un buen nivel de entendimiento y hasta de colaboración.

¿Qué provocó el deterioro de esas relaciones funcionales y en ratos hasta cordiales? Sin duda, me parece, que al paso de los meses Galindo no solo confirmó su intención de ser candidato a gobernador, sino que empezó a operar en consecuencia: aumentaron sus visitas a los municipios para encontrarse, a veces en público y a veces en privado, con liderazgos regionales de los más diversos sectores. 

Lo que debe haber prendido las alarmas en Palacio de Gobierno es que un buen número de esos asistentes a las conversaciones con Galindo Ceballos están o estaban en la lista de militantes Verdes y considerados como aliados seguros.

Adicionalmente, los servicios de inteligencia del gallardismo, por malitos que sean, deben haber detectado que alcaldes, regidores y funcionarios de ayuntamientos pevemistas mandaron decirle a EGC que no podían asistir a sus reuniones porque si los descubrían el mundo se les venía encima, pero que cuente con ellos para lo que se ofrezca en el 2027.

En ese contexto, resulta fácil entender que el movimiento gallardista armara una embestida contra Galindo para intentar frenar su activismo político con rendimientos crecientes. Lo hizo, pero muy torpemente, desde una perspectiva soberbia de “lo que yo digo es la verdad, de lo que yo acuso nadie lo pone en duda y lo que yo afirmo nadie la contradice”. 

La terca realidad hizo de las suyas, y con un video de pocos minutos difundido la noche misma de la acusación de sobrecostos, Galindo llevó el tema al terreno de los hechos, de los documentos, de los comparativos y de la transparencia. De inmediato se hizo evidente que el gallardismo había escogido un campo de batalla que le es totalmente desfavorable y eligió mal su arsenal, básicamente de saliva y un incorrecto mensaje electrónico de su no muy brillante Contralor General del Estado.

Tan pintó mal la batalla que al día siguiente el propio RGC dijo que ya no hablaría del tema, aunque añadió un comentario críptico que hasta el momento ha sido indescifrable. Dijo que Galindo era “un pésimo imitador”. ¿De qué o de quién? Sabrá Dios.

Y en otro lance que es imposible calificar de inteligente, acertado o astuto, el gobernador guardó silencio sobre el tema, pero mandó a sus temibles operadores Héctor Serrano y Luis Fernando Gámez. El primero, de verbo fácil, no argumenta, pontifica, y el segundo, no tiene idea de qué se trata.

Tengo para mí que a estas alturas del calendario el gobernador tiene dos prioridades supremas: la primera, que su sucesora sea su esposa, y la segunda, que si no es ella, su sucesor sea cualquiera menos Galindo.

Y mientras el anecdotario se enriquece con detalles como el implacable tuteo con que Galindo se dirigió al mandatario, en el escenario político potosino se consolida la posibilidad de que el PVEM vaya solo a las elecciones de junio próximo (¡ya faltan seis meses para ir a las urnas!), pues el PT amenaza con ir por su cuenta y con sus propios candidatos; el MC asegura que también irá sin alianza con ningún otro partido, y Nueva Alianza ya se pintó de guinda.

SE MORDIERON LA LENGUA

En Las Nueve Esquinas del 8 de agosto de 2024 publicamos exactamente lo que sigue. Va sin comillas:

   En el primer tramo de la llamada Vía Alterna a la Zona Industrial, la secretaría federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes -con precios actualizados según el índice de inflación- pagó a 79 millones 809 mil 176 pesos el kilómetro. En el segundo segmento, actualmente en construcción por cuenta del gobierno del estado, a través de la Seduvop contrató la obra de características similares a 257 millones 040 mil 294 pesos el kilómetro. En más del triple. Con un incremento inexplicable del 322 por ciento, para ser exactos.

Los primeros dos kilómetros de esa vialidad, clave para descargar de tráfico la carretera 57 y reducir los tiempos de viaje entre la mancha urbana y la Zona Industrial, fueron concursados por la SICT mediante la licitación pública nacional número LO-009000966-E2-2021. La adjudicación se hizo el 13 de marzo de 2021, por 71 millones 364 mil 297 pesos. Considerada la inflación entre esa fecha y marzo de 2024 (cuando el gobierno del estado hace su propia licitación), el costo actualizado es de 85 millones 558 mil 149 pesos. Esto significa que el costo por kilómetro fue de 42 millones 779 mil 074 pesos.

En noviembre de 2021, la dependencia federal concursó tres kilómetros más mediante la licitación pública nacional número LO-009000966-E52-2021, adjudicada el día 15 de diciembre del mismo año en 113 millones 548 mil 946 pesos, equivalentes a 130 millones 239 mil 721 pesos una vez aplicada la inflación. En este caso, el costo por kilómetros resulta en 43 millones 413 mil 240 pesos.

Entre noviembre de 2021 y enero de 2022, la SICT lanzó las convocatorias para la construcción de dos puentes sobre la Vía Alterna. El primero (LO-009000966-E53-2021) un paso vehicular superior identificado como “El Ranchito”, se adjudicó el 24 de noviembre en 67 millones 655 mil 593 pesos, equivalentes a 77 millones 600 mil 416 pesos una vez considerada la inflación. El segundo, un paso inferior conocido como “Cerro Alto” (LO-009000966-E119-2021), se contrató el 18 de enero de 2022 por 92 millones 989 mil 427 pesos, iguales a 105 millones 647 mil 595 pesos ya indexados.

Así, con dos puentes incluidos, la federación contrató cinco kilómetros de una vialidad con dos carriles de circulación en cada sentido, acotamientos exteriores de 2.5 metros, con drenajes y obras complementarias como señalizaciones, por un gran total actualizado de 399 millones 045 mil 882 pesos. Lo que implica un costo promedio por kilómetro de 79 millones 809 mil 176 pesos. El mismo que la administración gallardista está pagando a más del triple: a 257 millones.

En el transcurso del año pasado y sin mayores explicaciones, la SICT canceló la continuación de las obras; las dejó hasta el kilómetro cinco, y optó por cederlas al gobierno del estado. Esta vialidad es la que da continuación a la prolongación de la avenida Juárez y se supone debería llegar al Eje 140 de la Zona Industrial. El kilómetro cinco (medido a partir del periférico sur) donde abandonó la federación, no llega a ningún lado. Con los dos kilómetros que tiene en proceso la administración estatal se llegará al Eje 122, donde se tiene proyectado un paso superior, con lo que en algo se aliviaran los serios problemas de movilidad que aquejan la carretera 57.

El viernes 8 de marzo de este año, el gobierno del estado expidió por conducto de la Seduvop la convocatoria pública LO-EST-247800018-6-2024, que el lunes primero de abril decidió la adjudicación de dos kilómetros más 80 metros por la suma de 534 millones 643 mil 811 pesos. O sea, a 257 millones la misma obra, de iguales especificaciones, que la federación pagó a 79.8 millones. Un incrementó inexplicable del ¡322 por ciento!

Las empresas a las que se adjudicó el contrato y que se están beneficiando con esos precios estratosféricos, son todas foráneas. Se trata de Lara Diseño y Construcción, S.A. de C.V. y Construcciones y Servicios de Zacatecas, ambas domiciliadas en el vecino estado, además de Construcciones Becma de Hidalgo, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Lorhnos, S.A. Las dos con matriz en Pachuca, Hidalgo.

Este caso de sobrecostos desproporcionados en la obra pública estatal se suma al abordado en este mismo espacio hace una semana, donde igualmente con base en información y documentos oficiales, se mostró como un puente construido por la administración de Ricardo Gallardo Cardona ha pagado un 132 por ciento más que obras similares y comparables ejecutadas por el Ayuntamiento 2018-2021. 

Entre constructores locales con muchos años de experiencia en obra pública, la única explicación que se da a un asunto como éste, con diferencias tan abrumadoras entre un costo y otro, es que estamos ante un fenómeno de corrupción desmesurado. “Esto es del libro de records Guinness”, comentó uno de los expertos consultados.

COMPRIMIDOS

El Ceepac ha incurrido en barbaridad y media, comenzando por su fingida ceguera ante los numerosos y muy visibles actos anticipados de campaña protagonizados por los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de sus desaciertos recién ha hecho algo digno de encomio: establecer lineamientos para que no se repita el vergonzoso caso del actual presidente municipal de Venado, que ocupó una candidatura correspondiente al sexo femenino por el sencillo expediente de autoidentificarse como mujer. El mujeruco ese.

A reserva de abordar el asunto con detalle y argumentación jurídica, eso de que Ricardo Gallardo Cardona será diputado federal y conservará el fuero no está tan fácil. Para comenzar, no puede ser candidato de mayoría relativa, tendría que serlo de representación proporcional, y el fuero, según el expresidente de la Corte Arturo Zaldivar, “sigue al cargo, no a la persona”. Es decir, el fuero sería para el gobernador sustituto.

Hasta el próximo jueves.