Si con alguna institución los potosinos tenemos un compromiso es con nuestra Universidad Autónoma que –dicen los que saben– cumple cien años de autonomía. El magno aniversario, como es de esperarse y debe ser, será celebrado con una serie de eventos que una vez más reafirmarán el peso, importancia y vocación de la institución educativa.
En medio de las festividades, y a oídos sordos, se enfatiza una vez más el mito fundacional e identativo de que es ésta la primera universidad mexicana en obtener su autonomía, pero se olvida convenientemente en un intento no nocivo de trascendencia local que la primera en obtenerla fue la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 1917.
Por otro lado también es cuestionable el siglo cabal de autonomía, que si bien fue otorgada por Rafael Nieto, fue suprimida por Aurelio Manrique y restituida años después por Saturnino Cedillo (¡un cacique!), pero –no debemos olvidar– que en realidad se hace efectiva hasta el gobierno de Ismael Salas (impuesto ¡por otro cacique!) mediante el Decreto número 53, del 22 de diciembre de 1949.
Como sea, nadie puede refutar que hace cien años mediante el Decreto número 106, expedido por la vigésima séptima Legislatura, a iniciativa del gobernador Rafael Nieto, se creó la Universidad de San Luis Potosí. El artículo cuarto del referido decreto, señala con precisión: “La Universidad de San Luis Potosí, tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena autonomía en su organización científica, técnica y docente, pudiendo administrar con toda libertad los fondos que le pertenezcan.”
Llama la atención que, también en al artículo cuarto del citado Decreto 53, se abunda al respecto: “La Universidad es absolutamente libre para organizarse y funcionar; para celebrar toda clase de convenios con otras instituciones educativas nacionales o extranjeras, encaminados a su finalidad educativa y para tratar de convenir con toda clase de autoridades y personas cuanto fuere útil o necesario para el mejor logro de los fines de la Universidad. / La autonomía de la Universidad deberá ser protegida y respetada por todas las Leyes y Autoridades del Estado, sin que pueda por ningún concepto impedir o dificultar la organización, libre gobierno, funciones o relaciones de la Universidad, la designación de sus funcionarios o profesores o el desempeño de sus cargos o intentar su separación.”
Destaca en este último párrafo la importancia y necesidad del respeto que a la autonomía de la institución deberían brindarle las autoridades estatales. Hoy, en la práctica, es letra muerta; la Universidad enfrenta (y es sabido por todos, que finjan no darse cuenta es otra cosa) el embate permanente del gobernador del estado.
De otra forma no se puede explicar, al menos no dentro de los parámetros de lo lógico, el que primero amenace a la Universidad, después con diversos y falsos pretextos como justificación le retenga el presupuesto que por ley le pertenece y, finalmente reduzca en 22 millones de pesos la participación estatal que se entrega a la institución. Y nadie dice algo, todos guardan un silencio cómplice. Para mal, la cosa no va a parar ahí, ya lo veremos.
Por cierto, en estos días la oficina del señor gobernador externó en más de una ocasión que el gobernador no asistirá a ningún evento realizado en el marco del centenario de la autonomía universitaria. Y aunque algunos diríamos que nada tiene que hacer allí, en la actitud está el mensaje; con todo y lo confiable de la fuente, esperemos que sea un rumor y no una certeza, porque –al margen de sus desplantes caciquiles– si alguien debe participar en este reconocimiento a la institución es el gobernador.
En nada vale sorprendernos del recorte al presupuesto universitario ni del desaire a las festividades del centenario, finalmente es la vocación de quien mira con desprecio lo que nunca podrá entender porque nunca la tuvo: una verdadera formación profesional.
Gracias por la lectura.