El primero de junio se eligió al poder judicial. El proceso fue muy complejo, mucho más que cualquier otra elección previa, ya que se eligieron 2,681 cargos judiciales a nivel federal y local, con boletas que incluían hasta seis elecciones distintas por votante. Fue una elección compleja y conflictiva, en donde las principales fuerzas políticas se confrontaron, unas en apoyar la elección y otras en descalificarlas; además, contó con la indiferencia de los ciudadanos y predominó la desinformación, por lo que dejó una serie de aprendizajes sobre el diseño, funcionamiento y futuro para la democracia y la impartición de justicia en México. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas y aprendizajes?
En primer lugar, fue una elección con un nivel de participación ciudadana extremadamente baja, entre el 12.5% y el 13.3%, a pesar de tratarse de un proceso impulsado por un gobierno con niveles de aprobación del 80%, que movilizó a toda su estructura política y gubernamental. Los resultados reflejaron desinterés, desconocimiento o desconfianza en el proceso y en los candidatos, todo ello fue producto de una marcada falta de información sobre los candidatos y sus perfiles, lo que dificultó que la ciudadanía pudiera tomar decisiones informadas; además, una baja exigencia de requisitos permitió la postulación de miles de aspirantes, muchos sin experiencia profesional suficiente o con antecedentes cuestionables para impartir justicia en el país.
En segundo lugar, los comités de selección carecieron de recursos humanos y económicos, así como el tiempo suficiente para analizar adecuadamente a los candidatos, permitiendo que personas con posibles vínculos a actividades ilícitas llegaran a las boletas. Nadie con experiencia en procesos de selección puede negar que es imposible conocer los antecedentes familiares, sociales y políticos de las y los participantes; las decisiones se toman con base en información contenida en los documentos proporcionados por los aspirantes, por lo que las decisiones pueden ser erróneas, solo el tiempo permite conocer quiénes son y que alianzas han tenido en su trayectoria profesional y laboral.
En tercer lugar, la reforma y el proceso electoral estuvieron marcados por una fuerte confrontación entre el partido en el poder y la oposición, lo que politizó aún más la justicia y generó protestas tanto dentro como fuera del Poder Judicial. El debate giró en torno una preocupación acerca de que la elección popular podría debilitar su independencia, al exponer a jueces y magistrados a presiones políticas y populares, en lugar de garantizar imparcialidad y profesionalismo. Sin embargo, en México la justicia siempre ha estado capturada por el poder económico, hay miles de casos en donde la aplicación de la ley se compra, las cárceles están saturadas por personas inocentes que no contaron con los recursos para demostrar su inocencia.
Para finalizar, los principales aprendizajes del proceso electoral del primero de junio fueron: 1) se requiere repensar la viabilidad de elegir todos los cargos judiciales por voto popular; podría ser más efectivo limitar la elección a los máximos tribunales y fortalecer los mecanismos de control y disciplina judicial. 2) Es necesario elevar los requisitos para los candidatos y proporcionar mayores recursos y autonomía a los comités de selección. 3) El proceso electoral mostró la necesidad de campañas de información y educación cívica más robustas para involucrar a la ciudadanía y legitimar el proceso. Con apoyo de la IA se pudieron revisar 16 periódicos y obtener los datos cualitativos para la elaboración de este artículo de opinión. Próxima colaboración: 18 de junio de 2025
@jszslp