El domingo 13 de junio de 2026, en San Luis Potosí, una mujer asistía a un retiro espiritual. Nada fuera de lo ordinario. Hasta que vio cómo policías municipales intentaban llevarse a un joven sin explicación aparente. Ella se identificó como abogada, pidió información y terminó detenida con acciones violentas.
Su nombre: Celia García Valdivieso, abogada, activista, defensora de derechos humanos y fundadora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García; maestra en administración y políticas públicas, de quien guardo buenos recuerdos como alumna, persona inteligente y sencilla. Además, le ha dedicado toda su vida a proteger a quienes el sistema ignora o atropella.
Exactamente lo que hizo Celia García Valdivieso fue: preguntar, identificarse, exigir información. Eso es lo que manda la ley; eso es lo que cualquier persona con formación jurídica haría y lo que cualquier ciudadana tiene todo el derecho de hacer. Pero la respuesta de los policías no fue dar una explicación. Fue detenerla a ella también. El esposo de Celia, el abogado Ricardo Sánchez García, lo describió con claridad: ella únicamente intervino para solicitar información sobre la detención del joven y por eso fue trasladada, retenida, incomunicada por un tiempo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la queja formal. La Secretaría de Gobernación a nivel federal dio seguimiento al caso y confirmó la liberación de Celia, señalando que se continúa el monitoreo de presuntas agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
Aquí viene lo importante. Lo que nos interesa analizar no es solo si los policías actuaron “mal ese día”. Lo que importa es por qué esto pasa: Primero, la impunidad como normalidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí registró 47 quejas contra instituciones públicas solo en enero y febrero de 2026. Entre los motivos más recurrentes: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, omisiones que afectan la dignidad humana. No es un dato menor. Es una tendencia documentada. Segundo, la fragilidad del Estado de derecho. Una defensora de derechos humanos con trayectoria reconocida, con formación jurídica, con credenciales verificables, fue detenida y mantenida sin acceso a asesoría legal inmediata. Si eso le pasa a ella, ¿qué les pasa a quienes no tienen nombre conocido, redes de apoyo, ni abogado esperando en casa?
La detención de Celia duró horas. Pero sus efectos se miden en otra escala. Primero, el efecto del silencio. Cada vez que alguien con poder de defensa es detenida por defender… otras personas aprenden a callarse. Ese es el efecto más dañino y el más difícil de cuantificar. Los especialistas lo llaman “efecto disuasivo”: no necesitas encarcelar a miles, basta con detener a unos cuantos, sobre todo si son visibles, para que el resto de la sociedad calcule los riesgos de hablar. Segundo, la erosión de la confianza institucional. Si ni la identificación profesional de una abogada sirve de garantía, si ni la presencia en un acto religioso protege de la arbitrariedad policial, ¿en qué institución confía las personas? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, cuando la confianza se rompe, no se reconstruye con un comunicado de prensa, ni con una disculpa por parte de la autoridad local.
En tercer lugar, está el desgaste de la sociedad. Las defensoras de derechos humanos no nacen de la nada. Se forman, construyen redes, acumulan experiencia. Cada detención arbitraria, aunque sea breve, interrumpe esa labor, genera costos emocionales y legales, y envía un mensaje muy claro al resto de la sociedad: esto puede pasarte a ti. Cuarto, el daño a la imagen del estado. San Luis Potosí está en el radar nacional e internacional por razones que ningún gobierno quiere: ONG alertando, Segob interviniendo, medios nacionales cubriendo detenciones de activistas y comunicadores. Esa imagen tiene consecuencias reales: en inversión, en cooperación, en turismo, en cómo se percibe la entidad desde fuera.
En conclusión: Hay hechos que, de tanto repetirse, dejan de escandalizar y ese es el mayor peligro. Celia fue liberada. Sí, pero eso no cierra el caso, no repara el daño y, sobre todo, no resuelve la pregunta de fondo: ¿en qué momento en San Luis Potosí defender a alguien se convirtió en causa suficiente para ser detenido? Lo que ella vivió no es solo su historia. Es la historia de una sociedad donde cada vez más las personas que alzan la voz, periodistas, activistas, comunicadores, abogadas, pagan un costo por hacerlo. No alcanza con liberar a quien fue detenida de manera arbitraria. Eso es lo mínimo. Lo que se necesita es algo más difícil y urgente: nombrar lo que pasó, investigarlo de verdad y sancionar a quienes actuaron de forma irregular. Próxima colaboración: 01 de julio de 2026.
@jszslp