El 22 de septiembre pasado, el diario español El Pais, en su edición México, publicó un extenso reportaje cuyas partes sustantivas reproducimos a continuación.
El número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, en el centro de Ciudad de México, está ocupado por un anodino edificio gris de tres plantas. Al interior de esta construcción, ubicada a 600 metros de la fiscalía capitalina, operó un centro de inteligencia y espionaje vinculado a uno de los hombres más cercanos al exjefe de Gobierno de la ciudad Miguel Ángel Mancera (2012-2018). Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Dromómanos ha revelado que desde esa sede se coordinaron escuchas telefónicas a centenares de políticos, muchos de ellos rivales políticos del exalcalde del PRD. Los espías tenían en sus manos documentos y fotografías de las residencias y puntos de reunión del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y de su familia. También se intervino el teléfono de la actual encargada de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.
El centro de espionaje comenzó a operar a inicios de 2013, un mes después de que Mancera asumiera el poder, el 5 de diciembre de 2012. MCCI ha obtenido más de 1,100 páginas de la investigación en la que la fiscalía de la Ciudad de México sigue a la trama del espionaje. Estas contienen el seguimiento que se hizo entre 2016 y 2018 a 119 políticos, que incluyen al canciller Marcelo Ebrard y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través de la interceptación de miles de minutos de conversaciones telefónicas, mensajes capturados de la aplicación Telegram, registros de llamadas, credenciales de elector, registros civiles, licencias y registros de propiedad. La información fue obtenida por un equipo de 30 personas y coordinada por Gustavo Caballero, un policía de investigación con experiencia en computación y quien había encabezado el área de Investigación Cibernética cuando Mancera fue el procurador de la ciudad.
La trama de espionaje apunta directamente a Héctor Serrano, el secretario de Gobierno de Mancera y uno de los hombres fuertes de la Administración capitalina del PRD entre 2012 y 2018. Caballero se reportaba directamente a Serrano, quien hoy es diputado federal por ese mismo partido y, además es accionista de la agencia digital ContraRéplica S.A. de C.V., de la cual también es socio Gustavo Caballero. La derrota electoral propinada por la ola de Morena en la ciudad llevó a un masivo intento de ocultar la huella espía. 365,000 archivos fueron borrados de 42 computadoras horas después de la toma de posesión de Sheinbaum, en diciembre de 2018.
LOS ESPÍAS DEL GOBIERNO
DE MANCERA
Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de Ciudad de México (2012-2018), el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling operó como un centro de espionaje. Desde este edificio en la colonia Centro, pagado con dinero público, se intervinieron teléfonos de civiles, funcionarios de la ciudad y políticos de Morena, entre ellos el de la actual mandataria de la capital, Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador también fue una de las personas vigiladas: entre los documentos en posesión de esta investigación, se encuentra un estudio con fotografías e información sobre propiedades, residencias y puntos de reunión del hoy presidente de México, su esposa e hijos.
En estos documentos, parte del análisis forense informático que integra una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se detallan algunas actividades en el edificio entre 2016 y 2018: miles de minutos de conversaciones telefónicas y mensajes intervenidos de aplicaciones como Telegram, decenas de sábanas de llamadas y el seguimiento de 119 políticos, académicos y funcionarios públicos como la senadora Patricia Mercado —entonces secretaria de Gobierno— o el también senador y exdelegado de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Los documentos también muestran que la trama de espionaje comenzó, al menos, un mes y 11 días después de que Miguel Ángel Mancera asumiera como máximo responsable de la capital del país, y que se desmanteló durante los últimos meses del sexenio.
Según la investigación abierta en la fiscalía, el coordinador de la casa espía de Sterling fue Gustavo Caballero, hasta entonces policía de investigación. Caballero, ingeniero en computación, había encabezado la Unidad de Investigación Cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular. En su nuevo papel, coordinaba a un equipo de al menos 30 personas en horarios de seis de la mañana a medianoche de lunes a viernes y de 9.00 a 16.00 en fines de semana. Los empleados, además de realizar las escuchas telefónicas, seguían ubicaciones y armaban supuestos planes de seguridad para la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Para ello contaban con al menos 42 computadoras, drones, 10 motos y 12 autos, de acuerdo con los documentos.
Desde el 16 de enero de 2013, el puesto oficial de Caballero era el de director general de técnicas y tecnologías de la Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Su sueldo, de 94.000 pesos mensuales. Sin embargo, según tres altos funcionarios de la capital consultados para este reportaje, Caballero nunca se reportaba a la Procuraduría, sino a Héctor Serrano, secretario de Gobierno hasta 2015 y hoy diputado federal, con el que se reunía semanalmente.
El análisis forense informático indica que, durante las semanas previas a las elecciones de julio de 2018 y hasta el 5 de diciembre, los operarios de Sterling se encargaron de eliminar miles de archivos de las 42 computadoras, así como de sacar 23 laptop HP del edificio.
La jefa de Gobierno, por medio de su equipo de comunicación, aseguró que antes de asumir el cargo no conocía la existencia de la casa espía, pero que era “un secreto a voces” que el Gobierno de Mancera espiaba a la oposición. En su respuesta añadió que durante la campaña sufrió “un seguimiento personal” y que una persona de confianza le advirtió de que la vigilaban de varias formas.
EL EXPEDIENTE DE AMLO
Y MORENA
Una de las funciones principales del edificio espía era recabar información privada con fines electorales sobre López Obrador, su familia y militantes de Morena. Entre las 1,102 páginas de las carpetas en posesión de esta investigación, 271 se componen de un análisis del comportamiento electoral de este partido y resúmenes sobre la trayectoria y vínculos políticos de algunos de sus integrantes más destacados, como el actual canciller Marcelo Ebrard y Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. Como parte de este estudio, según la información del disco duro número 28 que se encontró en Sterling, los operarios también elaboraron fichas sobre López Obrador, su familia y otros diez miembros de Morena recabando datos privados a través de herramientas del Estado: credenciales de elector, registros civiles, licencias de conducir, padrones vehiculares, averiguaciones previas (si las tienen), la carpeta de servidores públicos y los registros de propiedad en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
En la ficha sobre López Obrador se menciona que posee dos departamentos en la Alcaldía Coyoacán y una casa en Tlalpan. Los operarios de Sterling también elaboraron una ficha de cada uno de los tres hijos mayores de edad del presidente: Gonzalo, José Ramón y Andrés López Beltrán. En ellas se informa sobre sus roles en Morena —”Gonzalo López Beltrán, coordina Tlaxcala, 513 comités seccionales”, “José Ramón López Beltrán, organiza en el Estado de México 6.500 comités seccionales rumbo a 2018”— y se dan detalles sobre sus inmuebles. Sobre Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, solo se informa sobre el año de casamiento y que tienen un hijo pequeño.
SÉ LO QUE HICISTE
EN TU DIA LIBRE
Dos funcionarios de alto rango que trabajaron al principio y al final de la Administración de Mancera, cuentan la misma historia: había una sensación de que los estaban vigilando. Durante el Gobierno del actual coordinador del grupo del PRD en el Senado, era común que gente de su círculo cercano abordara a los funcionarios para hablarles sobre algo que habían hecho en su día libre, una información que nadie, más allá de los protagonistas, conocía. Algunas de las fuentes consultadas para este reportaje solo accedieron a ser entrevistados después de apagar y alejar el teléfono para que las conversaciones no pudieran ser escuchadas. Las sábanas de llamadas y mensajes intervenidos almacenados en el disco duro de la computadora HP serie MXL5491GMX del edificio de Sterling a la que esta investigación ha tenido acceso, confirman sus sospechas.
A medida que avanzaba el sexenio, la información privada y la falta de intimidad se iba convirtiendo en algo cotidiano. El propio Héctor Serrano, dijeron dos altos cargos de ese sexenio, instaló cámaras en su oficina y cambiaba frecuentemente de celular. Serrano, recuerdan algunos testigos que estuvieron en juntas con él en la oficina de la Secretaría de Gobierno, alardeaba en reuniones con actores políticos, líderes sociales, candidatos, legisladores o funcionarios, de poseer información de la vida de todos ellos: expedientes o capturas de pantallas de conversaciones.
En los informes a los que se tuvo acceso para este reportaje se revela cómo la trama de espionaje seguía también a otras personas de interés, como a una excontratista del Gobierno local: fotos de sus propiedades tomadas con drones, entrevistas encubiertas en calle para saber cómo se mueve en una colonia, lista de propiedades, autos, etcétera.
“Con esa información los obligaba (a negociar)”, dice un exalto cargo del Gobierno de la ciudad que pide el anonimato por temor a represalias. “En esos años también hubo muchos detenidos a los que nunca se les pudo demostrar nada”.
Un ejemplo claro de este espionaje es el de Patricia Mercado, quien sustituyó a Serrano al frente de la Secretaría de Gobierno. Su teléfono fue intervenido durante varios meses de 2016 y 2017. Al menos 2.196 minutos de conversaciones, casi dos días enteros de grabaciones. Entre las comunicaciones intervenidas, además de algunas con sus familiares, se encuentran llamadas con Claudia Sheinbaum, el entonces procurador, Hiram Almeida, el ex secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, el entonces director de Metro, Jorge Gaviño, o Manuel Granados, que en ese tiempo fungía como consejero jurídico.
Después de su paso por Gobernación, Héctor Serrano ocuparía la titularidad de la Secretaría de Movilidad (Semovi) hasta septiembre de 2017, cuando presentó su renuncia para centrarse en las elecciones del siguiente año. Durante ese tiempo varios autos de esa dependencia visitaban el edificio de Sterling, según las actas de registro del edificio.
LA ‘MUDANZA’
Gustavo Caballero renunció a su cargo oficial en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en mayo de 2018, pero según los registros de entrada y salida, continuó visitando el edificio de Sterling hasta octubre de ese año. Durante los últimos meses del sexenio de Mancera, esos registros muestran cómo los empleados desmantelaron el centro de espionaje:
El desmantelamiento se aceleró días antes de las elecciones de julio de 2018. Los empleados sacaron mesas, refrigeradores, asadores, microondas del “cuarto de tuiteros”, cajas, buró de la oficina de Caballero, cámaras, autos, productos de limpieza, sillas. Algunas de las descripciones de los policías en el registro de entrada y salida, narran que en las oficinas solo dejaron algunos cables.
“Había unas cuantas computadoras, un gran cableado, una infraestructura muy grande. Había un rack, que era para un servidor seguramente. Cubículos de dos por dos, con ventilación y con un cableado, para dar servicio a unas cuarenta computadoras. En el mueble había conexión a Infinitum con un router innecesario”, recuerda el agente de la Fiscalía.
Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron 40 discos duros y cinco teléfonos con una gran cantidad de archivos borrados e información extraída en USB. Las 15 personas que estaban en el edificio tampoco colaboraron. “Se habían puesto de acuerdo para no dar información”, explica uno de los involucrados en el operativo. Solo dijeron que después de las elecciones les habían ofrecido un trabajo bien pagado por unos meses.
“Era un espionaje, aparentemente político, pero no era tanto así. La hipótesis que nosotros teníamos con la Secretaría de Gobierno era que también desde ahí ubicaban inmuebles, que posteriormente eran invadidos o de alguna manera… falseaban escrituras. Es una línea que seguimos investigando. Nos está ayudando la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en toda la parte patrimonial. Debo decir que la investigación hasta el momento no ha sido exitosa”, dijo Ernestina Godoy, la Fiscal de Ciudad de México.
Hasta el próximo jueves.