Si con seriedad se quiere encontrar un destino mejor para nuestro sistema de administración e impartición de justicia, lo primero que hay que hacer es alejarlo de las ambiciones de los partidos y los jerarcas políticos, para despojarlo de la condición de botín en que lo han convertido. Lograrlo no es ninguna tarea sobrehumana. Basta voluntad política de los actores involucrados y un par de buenos asesores jurídicos. La clave para avanzar en ese sano propósito la tiene el gobernador Juan Manuel Carreras.
Sobre el particular ya hemos expuesto algunas ideas en meses anteriores, a las que volveremos a referirnos párrafos más adelante. Antes, es necesario comentar las consecuencias de la descontrolada sesión del Congreso del Estado celebrada el jueves pasado, en la que se discutió la ratificación o no de nueve magistrados. Como ya es sabido, los jaloneos entre fracciones partidistas, los afanes de abrir espacios para acomodar cuates, los ajustes de cuentas y las puras ganas de llevar la contra, condujeron a que finalmente se ratificara a tres y se negara ese beneficio a seis.
De entrada, parecería que al haberse despachado en esa media docena a los tres o cuatro magistrados y magistradas peor evaluados, automáticamente se beneficiaría nuestro Poder Judicial en su conjunto. Esa es una cara de la moneda. La otra da pavor: quedan sobre la mesa ocho magistraturas vacantes (sumadas las dos que concluyen el 14 de este mes por razones diferentes) para que los partidos, a través de sus bancadas, escenifiquen una pelea de perros para apoderarse de las más que se pueda y uno que otro diputado subaste su voto al me-
jor postor.
Como ya lo hemos constatado, en la integración del Supremo Tribunal de Justicia, igual que del Consejo de la Judicatura, lo que ha prevalecido desde hace muchos años no es la búsqueda de los mejores, sino la lógica de acomodar socios, cuates o canchanchanes. En esa perversión a lo largo de las décadas han participado despachos jurídicos poderosos, gobernadores o secretarios generales de gobierno y últimamente los diputados por su cuenta u obedeciendo a sus líderes partidistas.
En la posibilidad de que por salud pública o por puro decoro intentemos ahorrarnos esa pelea de perros legislativa, el primer paso correspondería darlo (o mejor dicho no darlo) al gobernador Carreras. Afortunadamente parece ser que ese es su propósito. Ojalá sea así y se sostenga. Me explico: en los últimos días el mandatario potosino -al parecer molesto porque en la sesión legislativa del jueves pasado su intención de ratificar a los nueve magistrados voló por los aires- ha externado a diferentes interlocutores que está decidido a no enviar al Congreso las ternas necesarias para cubrir las vacantes.
Los ocho magistrados cesan su ejercicio dentro de una semana; para que el STJE pueda seguir funcionando con los 16 integrantes de ley, las vacantes deben ser cubiertas de inmediato por los supernumerarios, que por mandato constitucional deberían ser 15, pero como ya explicamos en ocasión anterior solo hay diez por un descuido del Ejecutivo. De esos diez uno estaría separado del cargo por ser candidato a Fiscal anticorrupción. Aún así quedan nueve. Suficientes.
Si el titular del Ejecutivo se sostiene en su propósito, se abren dos posibilidades: que la designación de los nuevos magistrados numerarios corresponda a las próximas administración y Legislatura. Eso es simplemente batear la papa caliente. La otra, la que sería trascendente y visionaria, consistiría en la modificación radical del sistema de designación y ratificación.
SOLUCIONES HAY, NO SE HAGAN
Desde luego que existen varias opciones, pero si el propósito es que la integración de nuestro aparato de justicia se aleje de intereses bastardos y rejuegos partidistas, el pilar principal sería que el nuevo procedimiento inicie con una convocatoria abierta a los interesados, sujetos todos ellos a requisitos exigentes. Desde los clásicos de antigüedad en el ejercicio de la profesión, carencia de antecedentes penales y buena fama pública, hasta los de conocimientos y capacidad, debiéndose incluir exámenes antidoping, psicométricos y de situación patrimonial y entorno familiar.
Todo supervisado y operado por un comité especial multisectorial e insospechable. Ya algo escribimos al respecto hace pocos meses, pero en ocasiones la memoria oficial es flaca y nada se pierde con repetir la idea. Ese cuerpo colegiado podría incluir un representante del Poder Ejecutivo y otro del Legislativo, uno de la UASLP, otro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, y uno más designado por los organismos empresariales. Por último, se podría invitar al decano de los magistrados federales radicados en esta capital y un directivo de medios de comunicación designado por insaculación.
Ese comité, en los términos del decreto que lo constituya, podría requerir el apoyo de diferentes instancias públicas o privadas, tales como el Instituto de Estudios Judiciales del propio STJE o la Universidad para elaborar los exámenes y disponer de espacios donde aplicarlos.
Obviamente, esto no es más que un bosquejo, modificable y perfectible, pero en todo caso lo que a Servidor interesa es ilustrar el hecho de que existen posibilidades factibles para en un período relativamente corto cambiar radicalmente la forma cochina en que desde hace lustros venimos designando a los integrantes de las más altas instancias de nuestro Poder Judicial.
Curiosamente, quien se tome la molestia de leer los artículos 147 a 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado descubrirá que es más fácil ser magistrado que juez o secretario de acuerdos. Estos y otra media docena de cargos judiciales se obtienen mediante exámenes de oposición y el cumplimiento de requisitos que no aplican para los candidatos a magistrados. Alguien dirá de inmediato que quienes aspiran a una magistratura ya cumplieron en años anteriores con el procedimiento aplicable a jueces y secretarios. Eso es una falacia, ya que satisfacen los requerimientos únicamente quienes vienen de la carrera judicial, que son mayoría pero no todos los integrantes de la magistratura. Al día de hoy, de los 16 todavía en funciones cuatro no desempeñaron previamente cargos en la Judicatura.
Antes de despedirnos, no está de más señalar que la desastrada sesión legislativa de hoy hace ocho días dejó un damnificado: Cándido Ochoa Rojas, quien presumía la paternidad laboral de la mayoría de las magistraturas que no fueron ratificadas. Eso explica su extraña subida a tribuna -alguien debería decirle que podrá ser buen abogado y excelente recaudador pero muy mal orador- para casi al borde de las lágrimas intentar una incoherente defensa de los que estaban por ser pasados a cuchillo. Estaba defendiendo los negocios de su despacho.
Finalmente, de los seis magistrados no ratificados, hasta ayer por la mañana ninguno había recurrido al amparo de la justicia federal para buscar su reinstalación, pero disponen de 15 días hábiles para hacerlo, contados a partir del momento que hayan sido oficialmente notificados de la decisión del Congreso. Parece que hay varios que no tienen interés en el litigio y buscarán algo de generosidad en su haber de retiro para irse en santa paz.
COMPRIMIDOS
Tanto el PAN como el PRI definieron el sábado pasado cuál será el método de postulación de sus candidatos a gobernador. Una vez cubierto ese trámite formal, ambos partidos enfrentan serios desafíos en lo sustantivo. Los más importantes para los azules, me parece, son: no pelearse y dividirse, como acostumbran de un tiempo acá, y lograr uno o dos buenos aliados para reducir el riesgo de que les pase lo que hace seis años, cuando mano a mano su candidata Sonia Mendoza le ganó al abanderado priista Juan Manuel Carreras, pero la diferencia a favor de éste la hicieron sus socios Verde y Panal. En cuanto al tricolor, quizá su reto más pesado sea encontrar candidatos creíbles y competitivos, y en caso de hacer alianza con Morena tratar de que no lo engulla y lo borre del mapa.
Los siete prospectos panistas -Xavier Azuara, Marco Gama, Rolando Hervert, El Boris Lozano, Sonia Mendoza, Xavier Nava y Octavio Pedroza- se reúnen hoy con su dirigencia estatal para intentar un primer recorte de la lista. Ciertamente son muchos tiradores, pero la culpa es de Azuara y su minino Juan Francisco, que para tener asegurados de entrada varios votos favorables en cualquier mesa de negociación metieron al rejuego a Hervert y El Boris, además de que se apuntó el propio XA sin ninguna posibilidad seria. Sospecho que no va a ser fácil dejar el elenco en los cuatro más sólidos que debieron ir solos desde el principio: Gama, Sonia, Nava y Octavio. Y no es remoto que su condición de partido más competitivo frente a Morena se les vaya por el drenaje de las torpezas y los pleitos.
Por cierto, en la sesión del Consejo panista del sábado 3, ante el cuestionamiento a la dirigencia estatal por la venta de votos de sus diputados que hiciera Alejandro Zapata, la reacción vía Rubén Guajardo fue decir que eran rumores y desviar la discusión a otros cauces. No son rumores, son hechos. Cualquiera de estos días habrá que entrar en mayores detalles, como el pago, hace año y medio, de 3 millones a la fracción que siguieron un camino muy intrincado hasta salir por una tesorería municipal donde quedaron constancias documentales. Antes de cambiar de tema, una disculpa por el error que cometí hace una semana, cuando me referí a Miguel Martínez Mireles como si estuviera vivo, siendo que murió en abril pasado.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mandar al cesto de la basura nuestra flamante Ley Electoral es motivo de pena ajena pero no representa ninguna catástrofe. Ese ordenamiento aprobado a fines de junio había dejado fuera reformas verdaderamente importantes, como la desaparición de las Alianzas Partidarias y la elevación del porcentaje de votos necesario para tener derecho a diputaciones plurinominales. Su inclusión de preceptos en materia de equidad de género y violencia política figuran en diversos ordenamientos federales, por lo que llegado el caso pueden ser invocados para su aplicación en la esfera local.
Dicen los dicharacheros que “amistad que no se demuestra en la nómina (o el presupuesto) es pura demagogia”. López Obrador llevaba días tratando presupuestalmente a nuestro estado como enemigo, pero con la luz verde a la vía alterna a la Zona Industrial (única de las obras anunciadas con financiamiento público) ya le dio algo de cariño a nuestro gobernador. Le ayuda mucho en su salida.
Hasta el próximo jueves.