“En esta vida nada es verdad
nada es mentira, todo depende
del cristal con que se mira”
Ley Campoamor
Esta semana me reuní con funcionarios de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno estadunidense (USAID), por conducto de su Embajada en México, quienes realizan trabajo de campo para constatar los avances (y retrocesos) en el tema de la justicia penal; básicamente, en lo referente al cambio de paradigma hacia un modelo de oralidad, además, de corte garantista. Ya sé, que hay voces anquilosadas del pasado que prefieren aún negar la realidad, pero, me temo (para ellos), el cambio llego para quedarse.
Y es que disculpe usted, pero, resulta hasta chocante, oír sus cuasi argumentos plagados de subjetividades, estas voces que defienden a una época oscura, corrupta y plagada de legalismos absurdos; no digo estén del todo superados, pero, cuando menos hay una esperanza en un sistema de justicia que le apuesta a la transparencia y a la justificación de las decisiones, nada de que ya lo dijo la Corte, o lo que usted quiera, no, esta vez, se trata de una justicia casuística (caso por caso), así que, el juez por más corrupto que sea, su decisión será fundamentalmente expuesta y rechazada, de hecho. Debemos recordar que, precisamente, en EUA, el veredicto de culpabilidad lo decreta un jurado popular (compuesto por vecinos y no por juristas), pues, igual que aquí, el sistema es de libre de valoración, no es técnico, sino, más bien ligado a la razón, claro, aún falta demasiado para ese gran paso, pero, sin duda, para allá irá la discusión.
Desde luego, el servicio civil de carrera en EUA, es un cuerpo ejemplar de funcionarios comprometidos, que guían su actuar en base a proyectos y metas medibles y evaluables. Para su ingreso se requiere concursar entre muchos aspirantes, y, son constantemente evaluados, no responden a lealtades de partidos ni de candidatos.
En fin, esta tarea de analizar resultados donde están involucrados recursos de los contribuyentes norteamericanos, cuando
menos para la USAID, no es nueva, hay que recordar que, en buena medida, la implementación del juicio oral en materia penal se debe al “Plan Mérida”.
Así que, el ejercicio no era más que la constatación de los resultados hasta ahora logrados en la implementación de los juicios orales en materia penal, por cierto, nuestro país no ha hecho un verdadero esfuerzo objetivo semejante.
Y esto lo digo, porque precisamente, el gobierno estadunidense busca allegarse de todo los elementos objetivos a su alcance, esto es, no sólo se limitan a leer los informes gubernamentales de la judicatura, la policía, la fiscalía, etc, obvio no, buscan oír las voces de expertos independiente, sobre todo, de la sociedad civil, la academia, algo así, como también lo hacen Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los llamados “informes espejo”, que, no son más que informes paralelos formulados, desde, la sociedad civil, y, así precisamente forman su criterio, obvio, los resultado de “cifras alegres”, pues claro no coinciden.
Encomiable el ejercicio de evaluación, a más de 10 años de la reforma al artículo 20 constitucional (2008), el balance, es que el punto de partida no fue nada fácil, en parte, por las voces del pasado (que buscan defender su estatus quo), se requiere desde luego un relevo generacional.
Además, la falta de fortalecimiento a los operadores del sistema de oralidad penal, insuficiencia de jueces, policías: de la misma forma, reticencias y carencias para incorporar a criminólogos en la constitución de una policía científica.
Pero, sobre todo, la corrupción es lo que retrasa que el nuevo sistema no cuaje, y, esto se tenía que decir y se dijo (como señala el meme de las redes), la corrupción en los jueces, fiscales, policías, etcétera.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes, donde seguiré abordando algunas de las miradas compartidas internacionalmente sobre lo que ha faltado (y el por qué) en la implementación del sistema de oralidad en justicia penal.
@carloshdzrivera