“Vamos a barrer, con la ley en la mano, a los pequeños delincuentes de las calles españolas”.
José María Aznar.
Cualquier funcionario mexicano encargado de hacer cumplir la norma, policía de a pie, de patrullaje, de vigilancia, de aprehensiones, curtido en la calle y en los vaivenes de las olas criminales, sabe lo que significa en la jerga policial “barredora”, a diferencia de uno de diplomas o de posgrado de aula y pupitre.
En México, un presidente de la república, un gobernador o un presidente Municipal, conciben y saben que su talón de Aquiles va a ser la inseguridad y la violencia. Reconocen que no van a lograr nada positivo y se van a “desgastar”, políticamente hablando.
¿Qué hacer? Una “barredora”, una gobernanza criminal tergiversada. Me explico, se necesita aceitar el aparato de seguridad y justicia, el judicial va de colofón, hombres y mujeres a “modo” para las instrucciones de limpieza, pero la limpieza de la basura criminal, de poca monta.
Aquella que fastidia el día a día, con fraudes, robos a comercio a transeúntes, amenazas, homicidios en riña, robo total o parcial de autos, lesiones, etc. Es decir, aquellos delincuentes consuetudinarios, sin pena ni gloria, cómodamente “barridos”, para ser exhibidos ante un juez cívico o al MP, para presumir índices de criminalidad a modo y cacarear logros en seguridad.
Pero para ello es necesario primero negociar con la verdadera gobernanza criminal, actores criminales organizados, estructurados y fuertemente armados, aquellas franquicias criminales que se han repartido el territorio nacional. Para lo cual, se necesita un interlocutor validado por el estado como mediador: el jefe de la policía estatal, el fiscal, el de la policía ministerial, el comandante de la municipal y en algunos casos el secretario general de gobierno del estado. O todos ellos.
Objetivo: Detener y presentar a la prensa local, la mugre delincuencial común, a cambio, se divide el estado criminalmente, para que cada fracción de alta criminalidad opere en su circunscripción.
¿Qué operará? tráfico de personas, de migrantes, robo de hidrocarburo, tala ilegal, robo en carreteras federales, control de estaciones de autobuses, transporte local, taxis, bienes insumos, extorsión, desapariciones, cobro de piso, narcomenudeo, prostitución, juegos clandestinos, más, una que otra feria regional, delitos que se desviaran convenientemente a competencia federal.
El vínculo esta dado, la gobernabilidad criminal pasa de facto al estado y por la otra parte, la criminal facilita, provisiona, mantiene los “servicios funcionando” con apoyo de la comunidad, llevan la fiesta en “pax bandida”. Así, el elemento indispensable de coexistir entre criminales y autoridades, está dado, sin contraponerse.
TAPANCO: No obstante, hay dos problemas en esa “gobernanza criminal tergiversada” de legitimidad y luz verde. Primero: Cuando el agente del estado se quiere convertir no en un interlocutor, sino, ser un operador criminal, sobredimensionando su protección a nivel presidente de la república, gobernador o alcalde. Se cae, lo dejan morir solo, o lo eliminan las fuerzas criminales organizadas, por querer crear su propio grupo criminal desde dentro de las instituciones del estado.
Segundo: todo lo que empieza, termina a los tres o seis años y ahí viene el ajuste de cuentas, el cobro de facturas por nuevos actores y nuevas franquicias criminales.
Estimado lector, ¿Cuántos gobiernos cree que tienen un cogobierno, entre políticos, autoridades y malandros, trabajando como “barredoras”?
X @franciscosoni