En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador dio luz verde a una de las reformas más polémicas de los últimos años. Con 57 votos de la mayoría oficialista, el pleno aprobó cambios a la Ley contra el Crimen Organizado (LECRO) que amplían los plazos de detención preventiva y refuerzan prácticas cuestionadas como las audiencias masivas y los jueces anónimos. El decreto fue publicado en el Diario Oficial el 15 de agosto.
El cambio central: la Fiscalía General ahora tiene dos años más para presentar acusaciones formales en procesos del régimen de excepción. Además, se introdujo la figura de la ‘audiencia abierta’, que puede mantenerse activa hasta por dos años. Todo esto se suma al Decreto 803 de 2023, que ya había otorgado 24 meses para la instrucción y permitía agrupar imputados en una sola causa por ‘estructura criminal’.
La consecuencia, advierten organizaciones de derechos humanos, es que una persona puede pasar hasta siete años en prisión preventiva sin sentencia firme. La ONG Cristosal lo resume en dos palabras: ‘pena anticipada’. El País llevó la denuncia a la prensa internacional: los presos de Bukele podrían pasar siete años tras las rejas antes de ser juzgados.
Los números impresionan. Según datos judiciales, la Fiscalía ha agrupado a más de 19,000 personas en macroprocesos; en algunos casos, hasta 1,830 imputados aparecen en un mismo expediente. Las audiencias colectivas, bajo este esquema, se vuelven escenario de defensas mínimas, poco tiempo para cada acusado y dificultades para individualizar responsabilidades.
A ello se suma la sombra de los jueces sin rostro. Aunque el gobierno defiende su anonimato como medida de seguridad, organismos internacionales ya lo han cuestionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo Petruzzi vs. Perú, declaró incompatible la figura con el derecho a un juez conocido, imparcial y transparente.
La Constitución salvadoreña garantiza en sus artículos 11 y 12 el derecho a la libertad y al juicio en plazo razonable. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reiteran la prohibición de detenciones prolongadas. Pero en la práctica, con estas reformas, El Salvador parece avanzar en sentido contrario.
El discurso oficial insiste: estas medidas son necesarias para ‘doblegar al crimen organizado’. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿vale la seguridad si el costo es erosionar la presunción de inocencia y normalizar la prisión preventiva como castigo?
Un país que acepta siete años de cárcel sin juicio no está fortaleciendo la justicia. Está cambiando la seguridad por una condena anticipada.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
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