Así se refería el maestro Fidel Briano acerca de cierta clase política mexicana que “no tiene llenadera”. En efecto, si algo ha caracterizado a no pocos “representantes populares” y/o “gobernantes” es la voracidad dineraria con la que pretenden “cobrar” los servicios que dizque prestan a la patria.
Y allí están los casos por demás cínicos de políticos “ídem” que llegan a presentar hasta facturas de chicles y paños menores como comprobantes de la mendiguez que los persigue. Es ya lugar común documentar el actuar de funcionarios que han hecho de la “burocracia gargantona” su “modus chingandi” (dijo alguien por allí) y, por eso, ahora que se plantea reducir sus groseros privilegios ponen de inmediato el grito en el cielo, alegando que podrían volverse hasta “delincuentes” cuando, en realidad, ya lo son “de cuello blanco”.
¿En verdad consideran esos funcionarios, con sueldos ofensivos para la mayoría de la gente, que esa vida de privilegios es lo que se merecen? Recuérdese el patético caso de la hoy prófuga esposa del ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que escribía planas y planas de papel con la frase “merezco abundancia”.
Tal vez era su manera de conjurar culpas, pero de que se dieron vuelo los Duarte haciendo de las suyas ni duda cabe. Hoy la señora vive en Londres, muy quitada de la pena, esperando que el largo brazo de la ley nunca la alcance. Igual podría plantearse de otras prófugas y prófugos de una conducta ética intachable que, a su paso por el “servicio público”, aprovechan la ocasión para enriquecerse a lo bestia, bajo el muy sobado dicho: “¡no te acabes burocracia gargantona!”.
Otra frase con cierto tufo pedagógico de ese tipo de clase política es la famosa “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, acuñada en la época dorada del viejo priísmo y que servía como idea-fuerza de la participación política más amplia.
En suma, aspirar a formar parte de la “burocracia gargantona” se convirtió en un incentivo cada vez más perverso, por la posibilidad de que una minoría rapaz hiciera del presupuesto público un botín particular, un incentivo selectivo del que hoy no se quieren despojar o ajustar a la medida más razonable de un ingreso suficientemente remunerador, pero sin llegar al extremo de la rapacidad.
El caso de las pensiones millonarias de los ex-presidentes de la República es una verdadera mentada de madre, toda vez que pareciera no les bastó el tiempo ejercido en el cargo para enriquecerse brutalmente.
El más lastimoso ejemplo es el de Vicente Fox, reacio a dejar ese ingreso porque, dice, ahora buscará otra forma de llevar “el chivo” a casa.
El poder burocrático, planteaba Max Weber, como tipo ideal debe estar anclado en aspectos como la racionalidad y la eficiencia, pero, precisamente, la realidad empírica ha mostrado la posibilidad cierta de que se desvirtúe o deslegitime ese tipo de poder y, de alguna manera, bien se podría decir que algo así es lo que ha pasado en el caso mexicano, sobre todo en cuanto a los altos funcionarios del sistema, tal y como lo muestra, recientemente, la por demás irracional (socialmente hablando, aunque políticamente se entiende que fuera un acto para ganar votos) del gobierno de Peña Nieto, previo al proceso electoral, de incentivar el incremento de los sueldos de la burocracia gargantona federal, sin que se hiciera del conocimiento público, en obviedad del repudio generalizado que habría causado y que se habría manifestado (por si no bastara) con un mayor voto de castigo popular en las urnas.
Tal vez, por acciones como esa, es que ahora la dirigencia nacional del PRI hasta plantea cambiar el nombre a ese partido, casi como para “guardar el secreto” (Joan Sebastian, dixit).
El plan de austeridad republicana que plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es más que necesario y, ciertamente, no será sencillo convencer de sus implicancias benéficas a buena parte de la burocracia dorada del gobierno federal y de las entidades federativas -y hasta de no pocos ayuntamientos- que perciben exagerados sueldos porque, evidentemente, sólo ven para su santo.
Pero AMLO ha dado el primer paso y ofrecido fijar su salario en 108 mil pesos mensuales y, aunque legalmente pudiera ser controvertido, parece muy razonable que a ese tope se pudieran adecuar los más de los altos funcionarios de distintos niveles de gobierno que hoy ganan más del doble y hasta el triple de esa cantidad, así como en el caso de los poderes legislativos federal y de los estados donde, por supuesto, también hace aire.
Pero eso requiere de un comportamiento ético que, desgraciadamente, hoy no es el pan de cada día entre la clase política que dizque nos gobierna o representa, pero que tendrá que tenerse en cuenta por quienes llegarán en breve al poder público, so pena de ser repudiados por una mayoría de la población que ya dio muestras claras de marcar el alto a tanto exceso cuando sea necesario.