Sorprendentes algunas, burdas las más de las ocasiones en que los políticos potosinos (aunque no es materia de exclusividad) hacen gala de su capacidad para evadir sus responsabilidades. Lo mismo se ven los trastabilles del gobernador, los dislates contradictorios e incoherentes de cualquiera de sus secretarios, los eufemismos del alcalde de la capital o ya de plano las incontables sandeces de cualquier actor político sin distingo de cargo, nivel o partido. El cinismo político es genérico.
El fin de semana pasado se aprobó por los legisladores, prácticamente ocultos en las afueras de la ciudad, el paquete de incrementos en materia de impuestos (hospedaje hotelero, consumo de bebidas alcohólicas y enajenación de bienes) propuestos por la fracción Verde en el Congreso, obviamente por disposición del gobernador, al que por más que trataron de exculpar es claro que estuvo detrás de la maniobra. Sus diputados, se sabe, carecen de capacidad para idearlas y nada harán si él no lo determina.
Sorprendió un poco el voto favorable de la fracción morena cuando ésta, al igual que todas, han repetido en todos los tiempos verbales posibles y hasta el cansancio, que no se apoyaría ningún impuesto que lesionara al pueblo. Aquí convendría hacer un paréntesis para preguntarles, más allá del pueblo bueno y sabio, hasta dónde alcanza el calificativo o cuál es la definición del mismo ya sea etimológica o jurídicamente.
Más allá del marasmo de imbecilidades justificativas medio articuladas por algunas diputadas verdes (en todos los sentidos) destacan las del diputado morenista Carlos Arreola que en su labor de exégeta de lo indefendible acabó demostrando que también podría encontrar trabajo como cómico de la lengua o como redactor de discursos oficiales.
La desesperante necesidad de cámaras y micrófonos que lo han caracterizado lo llevan a opinar sobre lo que sea (ya lo vimos en paternal actitud buscar la manera acoger al alcalde capitalino dentro del morenismo) y por lo que toca a sus declaraciones sobre los nuevos gravámenes, éstas no tienen ningún desperdicio, todas deberían ser incluidas en alguno de los tomos Morenadas (de la autoría de Alejandro Rosas y Julio Patán) o en cualquier antología del patetismo político.
Para él, “…no hay nuevos impuestos al pueblo”, lo votado fue una “corresponsabilidad política” por haber sido respaldados a nivel federal por el partido Verde; es decir, Morena debía favores en materia de voto legislativo al partido del gobernador.
Menos mal que no pensó en lo local, donde todo ha sido muy distinto, o ya olvidaría como fue humillada desde el poder (y por partida triple) la excandidata morenista al senado (actual presidenta del partido y futura delegada del Bienestar), a la que nada más les faltó usarla de jerga y trapeador. Esto nos puede hacer suponer que lo federal está desvinculado de lo local, donde el gobernador puede hacer lo que se le venga en gana, sin encontrar oposición o crítica por parte del morenismo potosino.
Pero, además, su voto fue derivado de sesudas reflexiones, “estudiamos el asunto con nuestra dirigencia y tenemos claro que no es un impuesto al pueblo, es un impuesto a la gente que tome alcohol [¿?]”. Por fortuna las tiendas y cantinas de barrio no lo comercializan porque ahí el pueblo no lo consume; seguro observante todavía de la ley antialcohol impulsada por Rafael Nieto y Aurelio Manrique en 1924.
Aunque, si entre el pueblo hubiera uno que otro dipsómano, éstos no deben de sentirse afligidos ni sentir miedo frente a la posibilidad de no poder mantener el vicio, porque (¡nos resultó estefanísta!) “se está distribuyendo la riqueza [¿?] y se está entregando, es parte también del derecho a la pensión del bienestar y se pueden seguir comprando las caguamas que quieran…” ¡Vaya con su coeficiente de Gini!, merece el Nobel de Economía.
Benditas caguamas del bienestar, gracias a ellas y al diputado Arreola, todos seremos teporochos de barrio.