Mientras que a nivel nacional comienza a extenderse la idea de que es tal el volumen de información aportada por las Guacamaya Leaks que la cantidad amenaza con sepultar la calidad, a nivel estatal se han producido pocas revelaciones, de distinta naturaleza y alcances. La de mayor impacto sin duda es la que comenzó a circular profusamente en las redes sociales el lunes pasado y que difundió el martes el periódico El Economista.
Se trata de un archivo que formaría parte de los millones sustraídos de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según lo indica la nota de El Economista, lo envió el 29 de junio de este año el cuartel general de la XII Zona Militar a “las áreas centrales de la Sedena”. Es un correo electrónico que lleva adjunto un documento de 48 páginas denominado “Panorama Delictivo, San Luis Potosí”. Ahí se contiene amplia información sobre los grupos delictivos que operan en territorio potosino, áreas de influencia, cabecillas, alianzas, etcétera.
La parte que más ha capturado la atención local es la que involucra al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En el punto “VII, Problemática. Información Relevante (pendiente por confirmar)”, se asienta: “El Lic. José Ricardo Gallardo Cardona (a) ‘El Pollo’ Gobernador del Estado, mantiene vínculos con el grupo delictivo (nombre suprimido por el columnista), ya que este cártel es quien mantiene control en la mayor parte del estado en lo referente a actividades delictivas”.
Vienen luego otras informaciones que involucran en diversos presuntos delitos a la “Policía de Métodos de Investigación del Estado” y a la “Guardia Civil del Estado de S.L.P.”, pero no hay elementos que den mayor sustento a la imputación que se hace a Gallardo Cardona. Quienes se interesen en los detalles de la filtración pueden encontrarlos en la edición de El Economista del martes pasado. Además, el documento completo anda flotando en el ciberespacio prácticamente a disposición de todo mundo.
Lo que hoy y en este espacio nos interesa comentar son algunas cuestiones muy puntuales: A) Las alusiones, con nombres, apellidos y cargos, a RGC aparecen en un apartado del documento que textualmente señala “Información Relevante (pendiente por confirmar)”. No se sabe hasta hoy si durante los tres meses y medio transcurridos desde el envío de esa información (29 de junio) hayan surgido elementos que desvirtúen o que confirmen el aserto. Habrá que tener paciencia a ver si en el torrente de las filtraciones algo más surge en fecha próxima.
B) El actual comandante de la XII Zona Militar, general brigadier Mario Arturo Fuentes Guevara, quien asumió ese cargo el 4 de julio pasado, casi una semana después de que el documento mencionado se hubiera enviado, hizo el mismo martes unas declaraciones que parecen desmentirlo. Y digo parecen porque no hay, al menos en lo publicado en los medios locales, ninguna afirmación categórica en ese sentido. Dijo que “Inteligencia no hace ese tipo de trabajo, ya que todo lo que es inteligencia se realiza en coordinación con la mesa de seguridad, precisamente para coadyuvar en apoyo a las autoridades civiles y las fuerzas de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada, pero no ese tipo de trabajo”. Luego explicó que “cualquier organización que no realiza actividades en contra de la seguridad pública no está dentro del foco de inteligencia, es decir, esto incluiría al gobernador, luchadores sociales y las activistas pro legalización del aborto” (Pulso, página 5B, 12 de octubre 2022).
Extraña, por decir lo menos, esa declaración. Para empezar, si fuera cierto lo que dice el multicitado documento en el sentido de que el Gobernador del Estado “mantiene vínculos con el grupo delictivo xxxx”, con eso ya “realiza actividades en contra de la seguridad pública”, lo que en automático justificaría el seguimiento de las áreas militares de inteligencia. La lectura atenta de lo dicho por el comandante militar de la zona deja una sensación de vaguedad y queda la sensación de un desmentido sin mucha convicción.
C) El que sí intentó ser categórico en su desmentido fue el secretario General de Gobierno, mejor conocido como Uñas Largas, pero lo suyo es inatendible. Primero, porque es parte interesada y no tuvo nada que ver con la emisión del documento; segundo, porque está comprobado en términos de opinión pública que miente como respira. No hay que olvidar que hace apenas unos días nos abofeteó el intelecto con la afirmación de que una obra presupuestada en máximo 150 millones de pesos costó más de 330 millones “por un cierre de números”. Y tercero, porque anda en la etapa en que se cree posible sucesor de Gallardo y por eso cada vez que éste lo mira se arrodilla y besa sus zapatos.
MAS DE DOÑA GUACAMAYA
El viernes de la semana pasada se difundió en medios y redes otro documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, extraído por el hackeo del grupo Guacamaya. Se trata de una tarjeta informativa de fecha 7 de mayo del año pasado, identificada con las claves GAOI/1497/25055, según la cual el entonces gobernador Juan Manuel Carreras López “rompió relaciones” con su partido, el Revolucionario Institucional, porque su dirigencia nacional no lo tomó en cuenta a la hora de concretar la alianza PAN-PRI-PRD-PCP en esta entidad.
Son muchos los potosinos, militantes partidistas o simples observadores de la política, los que saben (sabemos) que eso no es cierto. Es muy extendido el conocimiento de que en los primeros días de noviembre del 2020, Carreras, a quien el CEN del PRI le entregó el control de su sucesión, intentó una alianza con Morena. Buscó entrevistarse con el dirigente morenista Mario Delgado, quien por cierto andaba fuera del país. Vía telefónica le dijo a Juan Manuel que tal asociación no era posible, ya que por estrategia nacional Morena no iría junto con el PRI en ninguna elección.
De inmediato, con el visto bueno de Alito, JMC buscó a Marko Cortés y a Jesús Zambrano del PAN y PRD respectivamente, con quienes pactó la Alianza Sí por San Luis el 10 de noviembre, último día para registrarla ante las autoridades electorales.
Varias semanas más tarde, luego de que por oposición irreductible del ala radical de Morena (encabezada visiblemente por su secretaria general Citlali Hernández pero comandada desde las sombras por Claudia Sheinbaum) Ricardo Gallardo fracasara en su intento de ser candidato a gobernador por ese partido, en una extrañísima maniobra Carreras alentó (como ella misma lo reconoció luego) la postulación de su secretaria de Salud como abanderada guinda.
A reserva de algún día poderlo confirmar, la versión más creíble de esta rara operación es que aprovechando su buena relación con López Obrador, Carreras lo convenció de que con Mónica la gubernatura potosina sería morenista. El único ganón del revoltillo fue Gallardo, lo que explica que Juan Manuel ni el consulado de Falfurrias, Texas, alcanzó, y a RGC siguen haciéndole sentir distancia y frío.
Me he detenido quizá más de lo que era mi intención en este punto, porque me parece que ilustra bien la cuestionable calidad de algunos productos, no todos, del trabajo de inteligencia que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional.
En ese mismo nivel de calidad encontramos la ficha personal de Gallardo Cardona elaborada por la Sedena, difundida en las primeras aportaciones de Guacamaya Leaks, donde se le da tratamiento de gobernador electo y al mismo tiempo se habla de seguimiento a su gabinete (inexistente).
Previsiblemente no deben tardar mucho en aparecer nuevas filtraciones de interés para nosotros, pues según los expertos los seis terabytes hackeados pueden dar material por meses o hasta por años.
COMPRIMIDOS
Numerosos personajes y organizaciones civiles de distintos ámbitos están promoviendo la candidatura de doña Conchita Calvillo viuda de Nava para recibir la Medalla Belisario Domínguez de este año. La presea otorgada por el Senado de la República se considera como la mayor distinción civil en nuestro país. El próximo sábado vence el plazo para registrar candidaturas. Respaldan la propuesta casi 200 personas y medio centenar de organizaciones, entre las que figuran, por citar unos pocos, Pablo González Casanova, Ernestina Godoy, Ofelia Medina, Cuauhtémoc Cárdenas, Daniel Giménez Cacho, Javier Sicilia, Luis de Tavira, Berta Luján, Sergio Aguayo, Pablo Álvarez Icaza y Luis Raúl González Pérez. Todavía no hay fecha para anunciar la decisión.
En su columna de la semana pasada en Milenio, Jorge Zepeda Patterson aborda el tema de la participación del ejército en tareas de seguridad pública y plantea una cuestión interesante: “Si en verdad ha llegado el momento de aprovechar a plenitud y no subrepticiamente a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, ¿qué tenemos que hacer para asegurar que esta intervención sea transparente, respetuosa de los derechos humanos y responsable frente al interés de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto? Yo respondería: Convencerlos (a los militares). No hay de otra. Ni modo de obligarlos por la fuerza si ellos son la fuerza.
Me queda la duda si estamos frente a una mente muy lúcida pero maliciosa y chapucera, o frente a una deteriorada y desordenada. En días pasados, visiblemente molesto, el gobernador Gallardo dijo que prefiere que “el periódico” lo critique por hacer cosas y no como a otros cabrones porque no hacían nada. Un momentito por favor. Nadie lo critica por hacer cosas, las críticas que lo incomodaron fueron porque sus obras presupuestadas a un peso terminan costando tres, y porque no se conocen sus licitaciones, sus proyectos ejecutivos, sus fallos, sus adjudicaciones y costo contratado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Siga haciendo chingos de obras, pero no con tanta opacidad y desproporciones de costos finales.
No me consta pero hay quienes me aseguran que el martes de la semana pasada, cuando el mandatario potosino expresó su inconformidad porque según él la Universidad estuviera “reciclando personajes oscuros”, muchos de quienes lo escucharon voltearon a ver a Héctor Serrano. A su lado, el que fuera conspicuo integrante de la Ecuación Corrupta, Lupe Torres, que solo alcanzó a oír la última frase de su jefe, de inmediato protestó “¿Y yo por qué?”
Otra genialidad oficial: el ex regidor del partido Verde en Cozumel, empresario restaurantero y licenciado en administración Francisco Reyes Novelo, es el nuevo director de la Junta Estatal de Caminos. La verdad es que para recaudar moches y enviárselos al niñote verde no hace falta mucha ciencia. Con la complicidad de quien le firma el nombramiento es más que suficiente.
Hasta el próximo jueves.