El lento avance del desarrollo humano y la persistencia de las desigualdades en los municipios mexicanos se explica por diversos factores, pero destaca por su relevancia el papel de los gobiernos municipales, que por su cercanía con las personas pueden identificar de manera más clara sus necesidades; a lo largo del tiempo se han caracterizado por su dependencia financiera, facultades concurrentes poco claras, capacidades técnicas débiles para cumplir con sus funciones, captura del poder político y sus políticas públicas por unos cuantos individuos.
Según el diagnóstico del Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010 – 2015: transformando México desde lo local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), muestra que el idhm aumentó de manera ligera en los municipios con más rezago, pero la desigualdad persiste, ya que el promedio de crecimiento oculta la realidad del país, no muestra la desigualdad de oportunidades que existen entre el norte y el sur y al interior de cada Estado; por ejemplo, de seguir la misma tendencia tendrían que pasar 45 años para que el municipio de Santa Catarina alcance el nivel de desarrollo humano del municipio de San Luis Potosí.
El diagnóstico de capacidades muestra que los municipios tienen facultades para contribuir al desarrollo humano, pero sin recursos financieros suficientes, con débiles mecanismos de rendición de cuentas; esta situación se debe a que el sistema político y el sistema de coordinación fiscal crean incentivos para que los municipios recauden poco; aunado a una ineficiente aplicación de los recursos, situación que se manifiesta en la baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos que son responsabilidad de los municipios.
La mala aplicación de los recursos se debe, entre otros factores, a la ausencia de controles en el ejercicio del gasto público, pues de 2445 municipios que hay en México, sólo el 6.8% de las administraciones públicas municipales cuentan con un plan anticorrupción, y 10.5% se capacita en esta materia; cuentan con insuficientes capacidades para atender las demandas de la sociedad, y asumir el total de atribuciones que les otorga el artículo 115 constitucional; los municipios metropolitanos y urbanos las pueden asumir, pero no los rurales y semiurbanos.
El informe presenta el Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM), que mide el grado de desarrollo para involucrar actores relevantes en las políticas públicas, diagnosticar problemas públicos, formular políticas públicas, presupuestar sus ingresos y gastos, gestionar e implementar, y evaluar sus programas gubernamentales. Los resultados muestran que el 7.2 % tienen capacidades muy altas, 24.7% altas, 36.5% medias y 31.6% bajas; sus debilidades se ubican en capacidad para evaluar políticas públicas, involucrar actores y aplicar los recursos públicos.
Pero su gran debilidad está en sus capacidades para generar mayores ingresos propios y utilizar de manera eficiente los que les son transferidos desde el gobierno federal, esto les impide llevar a cabo políticas públicas que tengan impacto real en el desarrollo humano; además muestran deficiencias para la rendición de cuentas, carecen de liderazgo político y desconocimiento para que éstas sean de calidad, son gobiernos ineficientes en la elaboración de proyectos, opacos para ejercer el gasto público y sin autonomía para la toma de decisiones.
Los municipios del Estado de San Luis Potosí ha tenido un crecimiento moderado entre 2003 – 2015 (véase gráfica); para 2015, a nivel nacional la entidad se ubicó en el lugar 23 en el IDH; ocupó el séptimo lugar en desigualdad social; su grado de desarrollo más alto estuvo en salud, seguido por el indicador de ingresos de la población, mostrando pendientes en educación; se ubicó en el noveno lugar en el Índice de capacidades funcionales municipales, mostrando debilidades para formular políticas públicas y generar ingresos propios; la correlación entre el desarrollo humano y el índice de capacidades es alta, por lo que las recomendaciones son su fortalecimiento.
Las recomendaciones que hace el pnud para transformar México desde lo local son: aumentar la recaudación del impuesto predial, aumentar los ingresos asociados a la prestación de servicios públicos como agua, recolección de basura y alumbrado público, promover la gestión intermunicipal, impulsar las asociaciones público – privadas para la prestación de los servicios públicos, modificar las fórmula para la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios.
Otras recomendaciones son: que los planes de fortalecimiento de capacidades sean obligatorios para todos los municipios del país, fortalecer a los Organismos de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030, que operen con participación plural y coordinada entre los tres ámbitos de gobierno; mejorar los mecanismos de gobernanza y transparencia mediante reglas más transparentes e incluyentes; implementar los sistemas municipales anticorrupción; abrir espacios organizados de interlocución con la ciudadanía.
Las recomendaciones del pnud van más allá de los aspectos internos y proponen: transparentar las participaciones y transferencias del gobierno federal hacia los municipios; condicionar el incremento real de las participaciones federales a los estados y municipios a sus avances en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, adquisiciones y obra pública; así como promover que el diseño de las políticas públicas se realicen mediante el respaldo del conocimiento científico y la evidencia empírica.
El pnud se hace la pregunta ¿Cómo asegurar que mejoren sus capacidades e influyan de modo positivo en el desarrollo humano? y responde: la solución está en alinear sus incentivos de acción con la Agenda 2030, mediante el uso de herramientas para mejorar la efectividad de los municipios en la planeación, ejecución, monitoreo, la evaluación y el financiamiento de políticas públicas orientadas a resultados; reconoce que este fortalecimiento de los municipios también depende de otros actores, como el Congreso de la Unión, legislaturas y gobiernos estatales.
En síntesis: para que los municipios contribuyan al incremento del desarrollo humano y disminuyan la desigualdad en México, deben fortalecer sus capacidades técnicas, financieras y políticas en el proceso de elaboración de sus políticas públicas; las condiciones sociales, económicas y políticas demandan un gobierno más responsable con los problemas de la sociedad y dejan de lado la estrategia de solicitar todo al gobierno federal; la toma de decisiones debe orientarse al desarrollo y no a satisfacer intereses de unos cuantos personajes con alto poder económico.
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