¿Qué tipo de capital es el que sale bailando con la cancelación del NAIM en Texcoco? Desde luego, no es cualquier tipo de capital sino uno de los más depredadores que se conozca. Es lo que se identifica luego como “capital ficticio”, como capital no tanto productivo sino meramente especulativo, que cotiza en bolsas de valores y que ofrece recursos para fondear inversiones amparado en negocios futuros bien amarrados en el presente. Es un capital depredador porque no arriesga inversiones propias sino las gestionadas por sus personeros ante gobiernos que ceden a la tentación de obtener ganancias muy lucrativas y, frecuentemente, personalizadas mediante comisiones igualmente atractivas. Es parte del denominado “capitalismo de cuates”, pero no se reduce a eso. Es parte de la corrupción vuelta institución.
No es fácil desmontar una relación perversa entre ese tipo de capital y quien detenta el poder del Estado. Por el contrario, se trata de una maraña compleja de intereses que, incluso trascienden las fronteras nacionales. Para avanzar en esa tarea se tiene que pugnar por lograr una autonomía estatal que, así sea relativa, contenga un margen de maniobra necesario para frenar, cuando se requiera, los excesos de ese tipo de capital. En los años que van del ciclo neoliberal, esa relación de subordinación de lo político con lo económico se ha venido acentuando, al extremo de que México cuenta con personajes que aparecen en lugares privilegiados de la lista de “los más ricos del mundo” y que, por cierto, en el colmo de la sumisión, hasta se les ha reconocido como “ejemplo de vida”, a través del Senado de la República (como cuando a Alberto Bailleres, le otorgaron la medalla Belisario Domínguez).
De allí que tenga sentido el planteamiento del presidente electo de separar el poder político del económico, no porque se trate de esferas sin interacción, sino porque se requiere dotar al poder político de capacidad de dirección para conducir la economía del país en beneficio de todos y no de pocos… y por poco tiempo (aprovechando coyunturas, circunstancias, momentos y espacios para despacharse con la cuchara grande, porque después quién sabe). AMLO ha dado un paso adelante en ese sentido, aún sin asumir el cargo, avizorando un ejercicio del poder estatal que no será más “adorno” de las relaciones de presión que, por definición, impone sobre todo cierto tipo de capital depredador que, frecuentemente, corrompe, daña el entorno social y natural, lucra y se retira como si nada con el tiradero que deja a su paso.
En el caso de la cancelación del NAIM en Texcoco, ha quedado claro que se trataba de parar un proyecto que no sólo estaría costando una gran cantidad de recursos económicos que, por supuesto, estaban cargándose al erario público, pero sobre todo por el daño socio-ambiental ocasionado a los medios y modos de vida de los pobladores de la zona, amén de arrastrar vejaciones y represión desde el gobierno de Fox como presidente y de Peña Nieto como gobernador mexiquense. Pero también ha quedado claro que la especulación inmobiliaria es el gran negocio de fondo de unos cuantos que se aprovecharon de su relación política con los gobiernos mencionados, para tratar de crear un mega-desarrollo comercial que, empero, como los proyectos de ese tipo, también generan cinturones de marginación y pobreza.
El gran reto del gobierno electo, entonces, se va delineando como la capacidad de llevar una relación de negociación con las diferentes expresiones del capital (formales e informales), privilegiando el bienestar de la mayoría de la población y evaluando impactos de muy diverso orden. Se puede objetar que puede tenerse como una señal de incertidumbre para la inversión privada, pero se ha enfatizado por el presidente electo la disposición para incentivar la que cumpla con las necesidades y condiciones razonables para dinamizar la economía nacional y potenciar el desarrollo del país, cuidando que en el proceso de valorización del capital no se abuse más de los rezagos que, históricamente, se han padecido y manifestado en términos educativos, salariales, patrimoniales, ambientales, tecnológicos y de otros bienes y servicios que reclama la sociedad mexicana. Esperamos que así sea.