Es posible que durante los próximos días, Usted escuche diversos pronunciamientos sobre una eventual reforma electoral a nivel nacional cuyo contenido aún se desconoce. Ya se han presentado diversas iniciativas con propuestas e ideas que hemos discutido sucintamente en este espacio. La razón por la que se hoy día se desconoce el contenido de una Reforma tiene que ver con el contexto político en el que se enmarca su discusión. No debemos perder de vista que cualquier modificación de rango constitucional requiere de dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Hemos dicho también que ningún partido político por sí mismo o con una alianza parlamentaria ya conocida “alcanza” para aprobar una reforma constitucional; tampoco se debe perder de vista que en horas recientes, se logró un acuerdo mayoritario –de dos terceras partes- en el Senado de la República para posibilitar la ampliación del plazo constitucional para que las fuerzas armadas de México sigan participando en tareas de seguridad pública. Los acuerdos siempre son posibles.
Por honestidad intelectual, es necesario advertir que los acuerdos políticos que han impulsado a reformas electorales anteriores se han dado en contextos políticos diversos: a veces conciliación, a veces intercambio, a veces negociación. Por honestidad intelectual es necesario señalar que el resultado ha sido favorable para la consolidación de la democracia electoral en nuestro país. Quienes esgrimen los argumentos de la subsistencia de los fraudes electorales, tendría, en mi opinión, la carga de la prueba para demostrar fehacientemente la veracidad de sus dichos. Otra cosa distinta sería fortalecer a un sistema electoral sin aumentar sus costos operativos. Aquí la primera carta sobre la mesa.
Un segundo desafío tiene que ver con la simplificación de un sistema que se ha tornado complejo por las características del contexto político en el que se desarrollan las elecciones en México. Lo hemos advertido en otro momento: la complejidad de las reglas, la profundidad de las medidas de seguridad, la densidad de los dispositivos que garanticen la integridad de las elecciones son, en realidad, una consecuencia de la desconfianza y la conducta de ilegalidad de algunos contendientes. ¿Cómo podríamos simplificar los procedimientos electorales, las medidas de seguridad, los mecanismos de autenticación de la identidad –entre cientos de medidas más- cuando existen contendientes que intentan burlar a la ley?. Si uno de los principales criterios de la reforma tiene que ver con la disminución del costo de las elecciones, ¿cómo podemos mantener la solidez y la seguridad de nuestro actual mecanismo sin debilitarle?. Aquí una segunda carta sobre la mesa.
Una tercera idea la he presentado ya con anterioridad. Necesitamos preguntarnos qué percibe el electorado sobre su propio sistema y qué debe atenderse en consecuencia . En entregas anteriores he expuesto la necesidad de reflexionar sobre la eficacia del régimen sancionador electoral que debería impedir la comisión de conductas ilegales como los “actos anticipadísimos de campaña”, la propaganda encubierta, entre otros fenómenos actuales. ¿la problematización del sistema electoral debe partir únicamente de las percepciones de los contendientes? ¿qué tiene que opinar la ciudadanía al respecto?.
Los próximos días serán decisivos para conocer estas definiciones. Los argumentos se han discutido ya en espacios legislativos, académicos y de opinión pública. ¿De qué estatura política será la respuesta a todo ello?. Estamos por saberlo.
Twitter. @marcoivanvargas