(Desapariciones)
El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas no apareció en el vacío. Antes de que el sistema universal colocara nuevamente a México bajo un escrutinio internacional reforzado, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido la gravedad estructural del fenómeno de las desapariciones en el país. Su informe Desapariciones en México 2026 no solo confirma la dimensión de la crisis; también ayuda a comprender por qué los organismos internacionales han comenzado a utilizar un lenguaje cada vez más severo.
La CIDH sostiene algo jurídicamente muy delicado: la desaparición en México es “generalizada”. No se trata de una expresión retórica. En el derecho internacional de los derechos humanos, hablar de generalización implica reconocer patrones extendidos, persistentes y estructurales. Más aún cuando el propio informe documenta más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, así como una emergencia forense que supera los 70 mil cuerpos sin identificar.
Sin embargo, quizá el dato más relevante del informe no sean únicamente las cifras, sino el diagnóstico institucional que las acompaña. La Comisión reconoce avances importantes impulsados en los últimos años: creación de mecanismos de búsqueda, reformas legales, fortalecimiento normativo e incluso criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero al mismo tiempo advierte que persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
La CIDH identifica investigaciones deficientes, retrasos sistemáticos, falta de hipótesis sólidas de investigación, expedientes mal integrados, problemas de coordinación entre fiscalías y organismos de búsqueda, además de un severo déficit forense. A ello se suma un elemento especialmente grave: la profunda desconfianza que existe entre las familias buscadoras y las autoridades encargadas de investigar.
En uno de los puntos más duros del informe, la Comisión señala que, ante la insuficiencia estatal, muchas veces son las propias familias quienes terminan realizando diligencias, recabando pruebas y sosteniendo materialmente la búsqueda de sus desaparecidos. Es decir, el Estado no solo enfrenta dificultades para resolver la crisis; en múltiples casos ha trasladado de facto parte de esa carga a las víctimas.
Esta lectura coincide con lo señalado recientemente por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Ambos organismos, aunque pertenecientes a sistemas distintos —interamericano y universal—, convergen en aspectos fundamentales: impunidad estructural, debilidad institucional, emergencia forense y necesidad urgente de fortalecer las capacidades estatales.
Particularmente relevante resulta que la CIDH advierta la existencia de contextos donde el crimen organizado opera “en estrecha connivencia con agentes estatales”. La expresión no es menor. Jurídicamente remite a escenarios de tolerancia, aquiescencia o colaboración indirecta, categorías que el derecho internacional considera especialmente graves.
En entidades como San Luis Potosí, aunque el fenómeno no alcance los niveles de concentración observados en otros estados, el informe permite reflexionar sobre retos igualmente presentes: calidad de las investigaciones, integración adecuada de expedientes, fortalecimiento forense y coordinación institucional. La desaparición ya no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública, sino como una prueba de eficacia institucional y de capacidad estatal para garantizar derechos fundamentales.
El propio Estado reconoce la magnitud del problema, pero los organismos internacionales evidencian que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Y quizá ahí radique el verdadero desafío: asumir que el reconocimiento de la crisis no basta por sí mismo. Lo que hoy se exige no son únicamente diagnósticos, sino resultados concretos en búsqueda, identificación, investigación y justicia.
Porque frente a la desaparición, la mayor deuda no es solo jurídica. Es profundamente humana.
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