El martes pasado, mientras una columna de humo negro se alzaba sobre la avenida Valentín Amador como un gigante tóxico, más de mil doscientos potosinos —en su mayoría niños— fueron evacuados ante el peligro inminente. La fábrica de tarimas ardía, y con ella, ardían también nuestras esperanzas de un aire limpio para San Luis Potosí. Este no es solo un incendio más en la lista de emergencias urbanas; es el síntoma de una enfermedad crónica que padece nuestra ciudad: la indiferencia institucional hacia la calidad del aire que respiramos.
Mientras los bomberos luchaban contra las llamas y el denso humo tóxico se expandía por kilómetros, no pude evitar pensar en la cruel ironía que representa el presupuesto 2025 de nuestro estado. ¿Cómo es posible que se destinen 40 millones de pesos a la Arena Potosí, mientras el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire recibe exactamente cero pesos? Esta distribución presupuestaria no es solo un error administrativo; es una declaración de principios que grita a los cuatro vientos: la salud respiratoria de los potosinos no es una prioridad.
Desde 2016, Cambio de Ruta ha estado en primera línea de batalla, alertando sobre la degradación de la calidad del aire en nuestra ciudad. Casi una década después, los incidentes como el de la fábrica de tarimas nos demuestran que seguimos igual o peor. La pregunta no es si habrá otro incidente similar, sino cuándo ocurrirá y cuántos de nuestros niños tendrán que ser evacuados la próxima vez.
La SEGAM, con tan solo cuarenta millones de pesos de presupuesto, parece más un espectador que un regulador en esta crisis ambiental. ¿De qué sirve una secretaría del medio ambiente que no puede garantizar ni siquiera un sistema básico de monitoreo del aire? Es como tener un hospital sin termómetros: podemos suponer que hay pacientes enfermos, pero no podemos medir qué tan grave es su condición.
El incendio del martes no fue solo un accidente industrial; fue un despertar colectivo. El humo negro que se elevaba sobre la ciudad era visible desde cualquier punto, como un recordatorio ominoso de nuestra vulnerabilidad. Mientras las autoridades coordinaban la evacuación de escuelas y negocios, los potosinos comunes enfrentábamos una realidad innegable: vivimos en una ciudad que ha normalizado el riesgo ambiental.
La verdadera tragedia no es el incendio en sí mismo, sino la falta de preparación y prevención que lo precedió y la inacción que seguramente lo sucederá. Cuando un gobierno prefiere invertir en entretenimiento antes que en la salud de sus ciudadanos, envía un mensaje claro sobre sus prioridades. La Arena Potosí podrá albergar eventos espectaculares, pero ¿de qué sirve el espectáculo si no podemos respirar el aire que nos rodea?
¿Qué mensaje enviamos a las futuras generaciones cuando preferimos construir espacios de entretenimiento antes que garantizar su derecho a respirar aire limpio? La respuesta está en el aire, literalmente. El humo negro del martes pasado no solo oscureció nuestro cielo; también expuso las sombras de nuestra gestión pública.
No podemos seguir permitiendo que las prioridades se inviertan de manera tan grotesca. La calidad del aire no es un lujo; es un derecho fundamental que está siendo negado a los potosinos por decisiones presupuestarias que privilegian el espectáculo sobre la salud. Otras ciudades que sí han actuado decididamente nos demuestran que con voluntad política y una inversión bien dirigida, es posible construir sistemas de monitoreo que efectivamente protejan la salud pública.
El incendio se apagó, pero las brasas de nuestra indignación deben mantenerse vivas. Porque si algo nos ha enseñado esta emergencia, es que el verdadero peligro no está en las llamas visibles, sino en la invisible indiferencia de quienes tienen el poder de cambiar las cosas y deciden no hacerlo.
Delírium Trémens.- De verdad que no entiendo a los mexicanos que dicen querer este país y permiten con su silencio cómplice, la perversidad de Morena y la 4T. La regresiva modificación a la Ley de Amparo representa un golpe devastador para organizaciones como Cambio de Ruta, que han utilizado estratégicamente este instrumento jurídico para defender el derecho de los potosinos a un medio ambiente sano. Es, en esencia, una forma de desactivar el activismo jurídico ambiental a través de la burocracia y el desgaste, beneficiando a quienes prefieren continuar contaminando sin consecuencias legales efectivas.
@luisglozano