Hay palabras que, usadas sin respaldo, se pudren rápido. Sostenibilidad, transición energética, justicia climática, protección ambiental. En México se pronuncian con soltura desde el poder, pero cuando se contrastan con el presupuesto público, adquieren un color distinto: un verde desteñido, casi gris, que huele más a simulación que a transformación real.
El primer año del nuevo gobierno federal, encabezado por una presidenta con formación científica y un discurso ambiental bien construido, llega acompañado de una pregunta incómoda pero inevitable: ¿vamos a enfrentar la crisis climática con decisiones estructurales o seguiremos administrando el colapso con boletines, metas lejanas y promesas recicladas?
Los desafíos ambientales que enfrenta México rumbo a 2026 no son nuevos. Lo verdaderamente nuevo es la magnitud del daño, la velocidad con la que avanza y la ausencia de margen para seguir postergando decisiones.
El primer gran desafío, paradójicamente, no es técnico ni financiero, sino ético y político: proteger a quienes cuidan lo que el Estado no ha sabido —o no ha querido— proteger. México sigue figurando entre los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente. No se trata únicamente de reaccionar cuando ocurre una agresión o de emitir comunicados de condena. Se trata de reconocer que la defensa del territorio es una labor de interés público y que la omisión gubernamental, cuando es sistemática, también mata.
El segundo reto es brutal en su simpleza y demoledor en sus consecuencias: no hay política ambiental sin dinero. Las Áreas Naturales Protegidas sobreviven con presupuestos insuficientes, recortados y, en muchos casos, opacos en su ejercicio. Se presume conservación, pero se financia abandono. Se anuncian planes ambiciosos, pero se asignan recursos marginales. Se exige a las comunidades cuidar el territorio, mientras el Estado se retira silenciosamente de sus responsabilidades básicas.
La aritmética es sencilla y no admite discursos creativos: si el presupuesto no alcanza ni para vigilar, restaurar y gestionar lo que ya está decretado como protegido, mucho menos para enfrentar la crisis climática, restaurar ecosistemas o adaptarnos a los impactos que ya están ocurriendo. El presupuesto público, nos guste o no, es el verdadero termómetro de las prioridades de un gobierno.
La lógica es peligrosa: se sacrifica naturaleza en nombre del crecimiento económico, como si el crecimiento pudiera sostenerse sobre suelos degradados, acuíferos agotados y comunidades desplazadas. No hay desarrollo posible en un territorio ambientalmente inviable, pero esa verdad elemental sigue sin reflejarse en las decisiones públicas.
En el plano internacional, México ha asumido compromisos relevantes en materia climática. Se habla de metas más ambiciosas, de reducción de emisiones y de adaptación. Sin embargo, la transición energética en casa avanza con freno de mano puesto. Persistimos en una fuerte dependencia de combustibles fósiles, subsidiamos modelos energéticos obsoletos y posponemos la inversión seria en energías limpias, eficiencia energética y redes de distribución modernas.
La contradicción es evidente: se firma en las cumbres lo que no se ejecuta en el presupuesto nacional. Se promete una transición justa, pero se mantiene una política energética que reproduce inercias del pasado. El resultado es una brecha cada vez más profunda entre el discurso climático y la realidad energética del país.
Los mares, las costas y la pesca enfrentan su propia tormenta perfecta: recortes presupuestales, sobreexplotación, contaminación, pesca ilegal y decisiones públicas que priorizan intereses extractivos sobre la subsistencia de comunidades costeras. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿qué se protege primero, la vida y los ecosistemas o los negocios de corto plazo?
Todo esto nos conduce a una conclusión que incomoda al poder pero resulta ineludible: el presupuesto revela la verdad de las prioridades. No los discursos. No los planes estratégicos. No las campañas institucionales. Si el dinero público no se alinea con la crisis climática, entonces no existe una política ambiental, solo una administración ordenada —y políticamente conveniente— del deterioro.
La presidenta tiene frente a sí una oportunidad histórica: romper con la tradición de gobiernos que hablan verde pero gobiernan gris.
Delirium Tremens.- En San Luis Potosí ya no falta el agua: lo que sobra es el discurso. El gobernador lo anuncia, sus simpatizantes lo celebran y algunos diputados lo repiten como mantra: “presentaremos la iniciativa”. El detalle es mínimo, casi irrelevante: la iniciativa nunca aparece.
Dicen que el modelo del INTERAPAS está agotado, rebasado y desprestigiado. Gobiernan con una técnica muy verde: reconocer el problema sin tocarlo, anunciar la solución sin ejecutarla.
@luisglozano