Nada bueno presagia, para este fin de sexenio local, el regreso a semáforo amarillo, y la inminente llegada de la tercera oleada de Covid. Nada es gratuito, lo que mal inicia mal acaba.
Supimos que el apocamiento sería el sello de la casa, desde el momento –a poco de haber iniciado el sexenio– en que el frente de palacio (rostro materializado y visible de la autoridad) fue cercado con vallas endebles y de un cuarto de altura, para resguardar al medio gobernador que allí despachaba. Y si aquello fue el sello, la pusilanimidad y cobardía fueron la rúbrica. ¿Por qué llegó a la boleta Ricardo Gallardo?
Hace unos días, uno de estos señorones que –como la Tercera Brigada Mixta– se encuentra posicionado en la primera línea de fuego, me refería cómo el gobernador, primer priísta –denominación más falsa que la de una moneda de la ASARCO– del estado, dio órdenes terminantes al presidente del partido, Elías Jesrael Pesina, para que se abstuviera de firmar cualquier documento que llevara como finalidad impugnar el proceso electoral. “Y si no firman en San Luis, tampoco firmamos en Tabasco”, dijo el homólogo de aquel estado, lo que orilló al jurídico del CEN del PRI a obligar a suscribir al presidente local.
En la contra acera, la del lado sur, no fueron muy distintas las cosas, ambas legislaturas, las dos del sexenio, permanecieron alejadas de sus electores, de la ética, la moral y la honorabilidad. Si bien es por todos conocido el dicho que señala que la peor Legislatura será la siguiente, nada nos hizo suponer que el patético desempeño de la Sexagésima Primera sería superado, pero de calle, por la Sexagésima segunda, la cual, hasta el momento, puede ser considerada con toda justicia, la peor entre todas las que han transitado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
La promisoria Legislatura del cambio, la de la austeridad, la del recorte salarial, la de los nuevos rostros y valores, la de la Cuarta transformación, la que tuvo por primera ocasión el mayor número de militantes de un partido de izquierda (aunque ficticios); la que incluyó lo mismo a un gerontócrata, que a un prófugos del parvulario, a un farsantes de adscripción indígena, y hasta a patibularios arrepentidos, no sólo resultó ser una cueva de Ali Babá, sino que continuaron presentes en ella, y hasta acrecentándose, los moches, las colocaciones de recomendados laborales, la venta de votos, los escándalos, los ridículos, el tráfico de influencias, la desmedida disposición de recursos y casi nulo trabajo legislativo.
Todos, sin excepción, fueron aparentes representantes ciudadanos, que obraron con total mezquindad, y sólo en beneficio de sus intereses y los de sus partidos. Todo quedaron a deber, sólo evidenciaron su profunda ignorancia en materia de leyes, y su profundo desprecio por la ciudadanía. Aspiracionistas, farsantes, demagogos, corruptos, y muertos de hambre.
Nada resume mejor que la siguiente anécdota: un diputado viejo (en la vida y la curul) invito a almorzar a otro, tan joven que aún recibía atención y cuidados maternales, a almorzar al –ya decadente– restaurante del Panorama. Aquel no sé qué almorzó, pero éste ordenó el bufé, y los sobrantes –pidió al mesero– los envolviera para llevar. El viejo diputado viejo comentó casi en secreto a algún cercano: así empiezan, pero al rato andan dejando hasta el filete.
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El pasado domingo una asamblea comunal en San Juan de Guadalupe decidiría la suerte de la Sierra de San Miguelito. En apariencia 1,805 hectáreas serían desincorporadas del área protegida y entregadas a voraces lotificadores encabezados por Carlos López Medina y Alejandro Tamayo. En apariencia, sí, en realidad se trata de 11,807 hectáreas, que no en lo inmediato, pero sí a poco plazo, decidirán la suerte de la Sierra. Es evidente que el proyecto denominado Las Cañadas, proyectado a 20 años, no se conformará sólo con esa superficie; el ecocidio será total.
De 341 comuneros, 141 votaron a favor; 13 en contra; 17 se abstuvieron, 10 más fueron desalojados por la fuerza gracias a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; los 160 restantes no asistieron, se negaron a legitimar la farsa. El objetivo era, al obtener la desincorporación de la superficie referida, enajenarlas a un proyecto residencial, vendiendo la idea de un área protegida, cuando en realidad lo único que les interesa es urbanizar la Sierra, teniendo como cómplice –aparte de las autoridades locales– a la secretaría federal de Medio Ambiente.
Un día después, el juez cuarto federal “con fundamento en el numeral 126, 139 y 147 de la Ley de Amparo” decretó la suspensión de plano, “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que actualmente guardan y no se prive total o parcialmente a la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito de la superficie señalada de tierras de uso común, pertenecientes a dicha comunidad, con motivo de la desincorporación reclamada.”
Si bien, esto se encuentra detenido temporalmente, no pareciera importarnos mucho a los habitantes del Valle; de concretarse la urbanización de la Sierra, pagaremos altos precios (a diferencia de los irrisorios que pagan los fraccionadores a los comuneros por metro de terreno) por la omisión. Se acabará con animales y vegetación endémica, con áreas de recarga del acuífero, y en época de lluvia (veámoslo en el espejo del momento), las aguas broncas que bajarán –ahora por superficies pavimentadas–inundarán la ciudad.
No sólo es aquello. De continuar así, al igual que desde fines de la década de los noventa y principios de la del 2000, la riqueza generada por los terrenos comunales del sur de la ciudad seguirá decidiendo los grupos de poder económico y político que controlan el estado y Valle de San Luis. Alfiles a modo, en función de peones, aunque sin carácter.
Gracias por la lectura; no baje la guardia, de nuevo toca a la puerta el Covid.