En México si eres víctima de reclutamiento forzado, es decir en contra de tu voluntad, eres obligado a cometer un delito, serás tratado como un delincuente más, el Estado no reconocerá tu calidad de víctima, no distinguirá entre quien decidió voluntariamente incurrir en la delincuencia de quien comete un delito porque fue privado de su libertad, torturado y amenazado con la muerte.
Ya desde 2020, en el Observatorio Nacional, Ciudadano (ONC) advertimos este problema, nuestra norma jurídica no reconoce las fallas en instituciones que permiten que grupos delictivos puedan engañar, secuestrar y forzar a jóvenes a participar en actividades delictivas.
Para nuestras autoridades, un joven obligado a cometer un delito, debe ser tratado como delincuente sin alguna consideración a su calidad previa de víctima.
Ante lo ocurrido en Teuchitlán —un campo de reclutamiento forzado, entrenamiento, tortura y exterminio— y las acciones que el gobierno federal está llevando a cabo —que tienen como objetivo desmantelar las redes que permiten reclutamiento de jóvenes—, vale la pena revisar los hallazgos que desde el ONC, en colaboración con la Red de Derechos por la Infancia, publicamos en el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños adolescentes por grupos delictivos”, para evitar que con ello se les revictimice a quien en carne viva sufrió ser víctima de reclutamiento forzado.
Como se dice coloquialmente, para muestra un botón: esta misma semana en el área de Atención a Víctimas del ONC recibimos la solicitud de apoyo por parte de una madre a quien primero le secuestraron a su hija y hoy se le acusa de delincuencia organizada.
¿Algún día podrá recuperar su tranquilidad? Lo dudo, el Estado no le ha brindado algún tipo de apoyo psicológico, la mantiene detenida y la considera una delincuente más, como cualquier otro integrante del CJNG —el grupo delictivo que aparentemente la reclutó, forzadamente.
Además, la joven está en riesgo de recibir en algún momento una sentencia condenatoria que la mantenga presa por décadas.
Este caso, como el de Teuchitlán y miles más, nos recuerda que urge implementar políticas que realmente protejan a los jóvenes, que corten los lazos que existen entre la sociedad y la delincuencia.
Permítame repetirlo, nuestro sistema es tan injusto que si por algún motivo un joven es engañado, lo secuestran, lo amenazan, lo torturan para que cometa delitos, la ley no lo tratará como víctima sino como culpable.
@frarivascol
(Director del Observatorio Nacional Ciudadano)