El acoso judicial que ha padecido Sergio Aguayo amenaza a todos. A todos, y no solamente a quien escribe porque callar a uno implica tapar los oídos de todos. La víctima de la persecución no es solamente quien pudiera ser silenciado por el poder, sino todo aquel que deja de recibir la información, la denuncia, la reflexión independiente. El tapabocas a un crítico es un tapaojos a México.
Un artículo de opinión que no cae en ninguna falsedad es considerado por un juez como un transgresión que merece castigo. En efecto: una opinión ilegal. Quien lea el artículo que Reforma publicó el 20 de enero de 2016 encontrará un texto severo, pero ninguna calumnia. Las líneas que un juez ha decretado contrarias a la ley constituyen la materia misma del debate en una sociedad democrática. Un crítico no debe callar para cuidar la imagen personal de los poderosos, como quisiera el juez de la censura. La severidad con la que Aguayo denuncia al político coahuilense y a su red de protección corresponde a la abominable actuación pública del priista y al régimen que lo prohijó. Un régimen democrático no solamente debe tolerar estas “ofensas” a la actuación de sus políticos. Debe celebrarlas. Si la prensa no tiene el permiso de ofender, no tiene derecho a existir. El debate público es irremediablemente rasposo. Un estado democrático debe proteger al máximo la libertad crítica. Si debe honrar la verdad y respetar los refugios de la intimidad, necesita liberar a la crítica política del chantaje de los sensibles.
Después de haber padecido durante años el suplicio de los tribunales, después de haber sido condenado por el delito de opinar, parece que, en este caso tan sonoro, el fin de la persecución se acerca. La Suprema Corte de Justicia intervendrá en el asunto y puede confiarse que pondrá las cosas en su sitio para defender la libertad de expresión. Pero ese uso de la ley para limitar la expresión, esa manipulación de los tribunales para proteger a los poderosos e intimidar a los críticos, sigue firme. La ley misma abre la puerta de la intimidación: causar deshonra a quien la merece puede configurar una conducta ilegal. La verdad importa poco, la libertad menos.
No soy de quienes creen que en la persecución de Aguayo está el aviso del despotismo presidencial. No veo la mano del Ejecutivo en la aberrante protección judicial al exgobernador priista. Encuentro en este caso una nueva evidencia de la podredumbre de nuestro sistema de justicia. Pero de que hay enemigos de la crítica en el gobierno de López Obrador, no cabe la menor duda. Y no me refiero al cotidiano hostigamiento presidencial al golpismo que, a su juicio, se esconde en toda crítica. Quisiera referirme a expresiones públicas de altos funcionarios que corresponden a un afán grotescamente inquisitorial.
Conserva su puesto un subsecretario de gobernación que sugiere afilar cuchillos ante la discrepancia. “A chillidos de marrano, oídos de chicharronero.” No hay que escuchar la crítica, ni responder a ella: hay que ir calentando el aceite para los lloricones. Son enseñanzas, dice él, de la sabiduría popular que deben guiar la actuación de un gobierno. Bonita imagen: freír en aceite a los “moralmente derrotados.”
Podría decirse que la frase pudiera interpretarse de manera menos literal, pero de la convicción del funcionario de que la crítica al gobierno merece castigo hay pruebas igualmente ridículas, pero mucho más ominosas. En un artículo publicado el año pasado por Excélsior el alto funcionario pide considerar terroristas a quienes difundan notas hirientes que dividan equipos de trabajo. Sí: terroristas. Lo cito para que no se crea que interpreto injustamente al señor subsecretario: “Crear ambientes de duda entre colaboradores, difundir notas hirientes para dividir equipos de trabajo y hasta contar con toda una infraestructura mediática y de redes para genera noticias falsas se puede configurar como terrorismo.” Si alguien tuitea algo que genere distancia entre el subsecretario y la secretaria de gobernación, debe ir de inmediato a la cárcel por sospecha de terrorismo.
El subsecretario querría imponernos a todos los mexicanos un alto deber patriótico: cuidar la armonía entre burócratas. Nada de crear ambientes de duda entre los servidores de la nación. Jamás escribir algo hiriente. Y sí: el subsecretario conserva su puesto. Qué alivio saber que ya no es como antes.