1.- Y es así que súbitamente Ricardo Gallardo Cardona decidió convertirse en el peor enemigo de Ricardo Gallardo Cardona. No hay otra manera de entender su autolesiva decisión de designar como su futuro secretario general de gobierno al abogado José Guadalupe Torres Sánchez, conocido en los bajos fondos de la política potosina como Uñas Largas, fundador y miembro destacado de la tristemente célebre Ecuación Corrupta que se constituyó en la anterior legislatura para extorsionar alcaldes y extraer ilegalmente recursos de la Auditoría Superior del Estado en la etapa que tuvo al frente a Pepechuy Martínez Loredo. El proyectado segundo de a bordo en la administración gallardista integró la banda de pillos esa junto con pura gente de primera: Oscar Bautista Villegas, Manuel Barrera Guillén y Enrique Flores Flores. El mensaje es claro: Gallardo Cardona no busca colaboradores, busca cómplices. Comentaba este asunto el martes pasado con un amigo que conoce bien la manta y surgió mi pregunta “¿Por qué le gustará rodearse de gente así, tan desprestigiada?”. Yo esperaba una disquisición sobre condiciones sicológicas, efectos de la formación personal o búsqueda de reafirmación. El comentario que escuché fue conciso y contundente: “No conoce de otros”.
2.- Aunque el tema de la Ecuación Corrupta cobró actualidad hace pocos años y seguramente permanece fresca en la memoria colectiva, no está de más traer a cuenta un episodio que retrata de cuerpo entero a sus pérfidos integrantes, entre ellos el teóricamente próximo Secretario General de Gobierno. Lo que sigue lo publicamos en nuestra columna del 18 de enero del 2018: “Entre los presidentes municipales que los integrantes de la Ecuación Corrupta, Oscar Bautista Villegas, J. Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillén y Enrique Flores Flores, escogieron para someterlos a su esquema de extorsión con las cuentas públicas, figuró el de Catorce, Francisco Daniel Calderón Coronado. Entre abril y mayo del año pasado, una vez que con la complicidad de la Auditoría Superior del Estado tenían un dictamen a modo para hacer atractivos sus servicios de limpieza, contactaron al citado alcalde y le exigieron una elevada suma para librarlo de cualquier problema con su cuenta. Calderón Coronado se negó, con el argumento irremontable de que no tenía dinero.
“La gavilla de delincuentes consumados –Bautista, Torres, Barrera y Flores- no se dieron por vencidos y localizaron en la cabecera Real de Catorce unos terrenos municipales bien ubicados. Se los exigieron al alcalde catorceño en calidad de pago por sus servicios y se ofrecieron para tramitar ante notario público la escrituración respectiva. Calderón Coronado les dijo que sí, con tal de quitárselos de encima. Luego les dio largas. Días antes de que se destapara el videoescándalo Crispín Ordaz-Enrique Flores (12 de junio 2017), el presidente municipal de Catorce se encontraba laborando en sus oficinas cuando le avisaron que lo buscaban los diputados Oscar Bautista, Lupe Torres y Enrique Flores, quienes llegaron acompañados de un notario público con todo listo para que Calderón Coronado estampara su firma y se consumara el despojo.
“El Alcalde apenas podía creer aquello. Aparentando buena disposición, les dijo que lo esperaran unos minutos mientras concluía otro asunto urgente, y se escabulló no sabemos si por una puerta lateral o saltando por una ventana. Andaban en su busca cuando apareció el famoso video y el patrimonio de Catorce se salvó del saqueo.
“Decíamos la semana pasada que el problema con esta célula delictiva no es que haya sido corrupta sino que fue también y en niveles elevados corruptora, y mencionamos una docena de alcaldes a los que mostraron el camino para robar cuanto quisieran y luego salir impolutos en sus cuentas. Dejamos en el tintero reiterar que también corrompieron a buena parte de los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (los que afortunadamente causaron baja con el cambio de titular)”. Fin de la cita.
Es oportuno reiterar algo de lo dicho aquí mismo la semana anterior: a esta clase de gente el Poder no la hace mejor ni la redime ni la exonera ni la absuelve. A estos individuos el Poder únicamente los hace más peligrosos.
3.- En la nueva embestida mediática contra Gallardo Cardona, hay un dato que puede no significar nada o ser muy significativo. Hasta antes de la publicación del miercoles pasado en la portada de Milenio, todos los golpes propinados a Gallardo por la prensa tenían únicamente dos fuentes: la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular Santiago Nieto ha hecho numerosas declaraciones sobre el tema, y la Fiscalía General de la República, de donde han emanado más bien filtraciones. El dato a que nos referimos es que en su nota sobre la investigación de dos gobernadores electos y sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, Milenio cita como orígen de su información al Centro Nacional de Inteligencia (sucesor del Cisen), que antes no había aparecido en relación con estos temas. Sin duda que sería muy infortunado para RGC caer en los ámbitos de la seguridad nacional, pues de ser así dejaría de estar únicamente entre los pendientes de la UIF y la FGR para entrar en las agendas del propio CNI -donde ya parece estar- de las secretarías de la Defensa, de Marina y de Relaciones Exteriores y, lo que es peor, de la embajada de los Estados Unidos.
4.- Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del martes, hay que leerlas con mucho cuidado. Dijo que antes de las elecciones recibió peticiones -sin identificar de quiénes exactamente- de varios estados y de todos los partidos políticos, para que su gobierno actuara contra distintos candidatos y los “descontara” como se hacía antes, pero que él se negó “porque no somos iguales”. Sin embargo, enseguida añadió que lo procedente es que las autoridades donde se presentaron las denuncias actúen. Bien entendido, no está garantizando impunidad para nadie, simplemente no quiso que se actuara sobre pedido por instrucciones suyas y previo a los comicios del domingo seis.
5.- Es llegada la hora de los abogados y los jueces. Para la salud de nuestra vida pública -o sea esa de la que participamos todos de una forma u otra, como protagonistas o como testigos- es mucho mejor que las disputas postelectorales se diriman mediante sesudos y extensos alegatos por escrito, analizados en despachos tribunalicios insonorizados. La otra alternativa es indeseable, costosa y de alto riesgo. Ya la hemos vivido y creo que todos la recordamos: manifestaciones, marchas, bloqueos de vialidades, toma de oficinas, etcétera. Por mandato legal, las diversas impugnaciones en cualquiera de las tres elecciones estatales habidas (de gobernador, de alcaldes y de diputados locales), deben pasar primero por el Tribunal Electoral del Estado y luego a las demás instancias. En el caso de la gubernamental, después del TEESLP irá unicamente a una segunda y definitiva instancia en la Sala Superior del TEPJF, en tanto que las otras dos pasarán a la Sala Regional de Monterrey. Según informó en dias pasados la presidenta del tribunal local, hay un total de 71 impugnaciones promovidas, de las cuales dos tienen que ver con la gubernatura. Ella misma mencionó que tienen hasta mediados de agosto para resolver, pero hay quienes estiman que las más importantes estarán sentenciadas antes de que termine julio.
Por ahora lo que resulta relevante es que las dos magistradas y el magistrado que integran el TEESLP cuiden mucho su desempeño profesional y su comportamiento personal. Hay recurrentes versiones, a las que nos referiremos en detalle otro día, que hablan de que la magistrada fulana “es gente de Gallardo”, con quien se ha reunido varias veces en fechas recientes, o que el magistrado anda buscando cobijo para reelegirse en octubre próximo. Ojalá tengan cuidado, conscientes de que sus fallos van a estar no bajo la lupa sino bajo el microscopio.
6.- En próximas entregas analizaremos aquí los dos recursos de inconformidad que buscan la anulación de las elecciones de gobernador. Uno es el Juicio de Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano (JDC) promovido por Octavio Pedroza Gaitán a título personal, y el otro es el Juicio de Nulidad Electoral suscrito por los cuatro partidos que formaron la Coalición (PAN, PRI, PRD y PCP). Las demandas en ambos casos son escencialmente iguales, por no decir idénticas. La razón de la duplicidad es un tecnicismo de autoprotección: el JNE es lo que se llama un asunto “de estricto derecho”, en el cual el juzgador no puede atender ni invocar ningún argumento, razonamiento o norma que no esté plasmado en la demanda. El JDC es más flexible y permite, entre otras cosas, que el magistrado aplique la llamada “suplencia de la queja”, por la cual puede corregir omisiones o planteamientos defincientes de los demandantes.
7.- Con total independencia de lo que se resuelva en la instancia local (que la gallardía ya da por ganada, no sé si por confiar en su capacidad de presión o en su poder de persuasión) o en la federal, en cuanto a las impugnaciones descritas, lo cierto es que muchos expertos en la materia siguen convencidos de que la amenaza mayor, la auténtica flecha envenenada para Gallardo Cardona puede ser la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, misma por cuyos dictámenes perdieron sus candidaturas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán. Igual le hubiera ido a Mónica Rangel aquí, pero ya no quisieron ir a desafíos mayores con AMLO (todos eran de Morena). Este organismo totalmente técnico, como su nombre mismo lo indica, dispone de recursos humanos y materiales suficientes para monitorear las campañas, en especial las de gobernadores, y estimar con un alto grado de precisión los costos de propaganda, eventos, obsequios, contratación de artistas, etcétera. Y nada de que “no me cobraron” porque se considera donativo en especie e igual cuenta.
8.- De última hora, Martha Rangel Torres, varios años funcionaria en la presidencia del DIF estatal y de un tiempo para acá encargada de redes sociales en la coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, con una larga militancia priísta (fue candidata a diputada federal suplente jovencísima hace varios lustros) interpuso un recurso de inconformidad ante el tribunal local, para que se le retire a Alejandro Leal Tovías la diputación de representación proporcional que ya le adjudicaron. Hay quienes dicen que el litigio lo gana fácil Marthita, pero igual hay quienes opinan lo contrario.
Hasta el próximo jueves.