No es raro ver al gobernador Carreras en las fotos de los periódicos y en los noticieros televisivos luciendo una gran sonrisa, al cortar el listón de una nueva empresa, dando la impresión de que no está preocupado en forma alguna por la situación de corrupción, inseguridad, violencia, falta de movilidad urbana y de servicios públicos que padece una gran parte de la población de la zona metropolitana de San Luis. Se le ve siempre relajado y eso sería muy bueno y muy saludable si supiéramos que ya está tomando medidas eficaces para combatir todas esas deficiencias que hacen más difícil la vida de la sociedad. El problema es que no sabemos nada. No tenemos indicios de que el Lic. Carreras esté trabajando en serio para corregir o mejorar las condiciones de vida de los potosinos, sobre todo en lo relativo a la seguridad de los ciudadanos.
A pesar de la autocomplacencia del gobernador por la llegada de inversión foránea a San Luis Potosí y la respectiva generación de empleo, la terca realidad es que se trata de empleos mal pagados y la vida y la tranquilidad de los potosinos está cada vez más en riesgo por la inseguridad. Como lo informó Pulso hace algunos días, los salarios del trabajador promedio en SLP, son apenas la décima parte de lo que ganan los trabajadores de los países de donde proceden las inversiones. Aún están mucho más abajo de lo que ganan en otros países de América Latina. Lo cierto es que persiste y se agudiza la pobreza y no hay disminución de la desigualdad social, al contrario. Cada vez es más difícil para un padre y una madre de familia, llevar a la mesa del hogar los satisfactores mínimos. Para acabarla de amolar, la corrupción, la impunidad y la violencia crecen.
Los servicios públicos que presta el gobierno estatal y el municipal, andan por los suelos y la infraestructura urbana, la movilidad y la seguridad pública, no corresponden ni de lejos, a lo que esperamos los potosinos y los extranjeros que están llegando a vivir a SLP; y si no se mejoran rápidamente, nada nos garantiza que no puedan decidir abandonar a nuestro estado para buscar lugar más seguro y tranquilo para trabajar y vivir.
Desde mediados del año pasado, cuando gracias al video en las redes sociales, estalló el escándalo de la llamada “ecuación corrupta” y salieron a la luz pública las maniobras y las trapacerías entre diputados y funcionarios de la ASE para “limpiar” las cuentas públicas de municipios y del gobierno estatal, en el que todos vimos a un diputado del congreso local extorsionando a un alcalde para pedirle varios millones de pesos a cambio de dictaminar sus cuentas “sin observaciones”, los potosí nos decidimos unirnos para tomar acción contra ese estado de cosas que nos agravia y agudiza la pobreza de muchas familias y favorece la creciente violencia que nos tiene “hasta la madre”.
Aunque ya hemos estado conscientes desde hace muchos años del cáncer de la corrupción que invade casi todas las esferas de la vida pública, no teníamos una evidencia tan concreta y visible como lo fue ese video que hizo que muchos potosinos que estábamos dispersos, cada quien ocupado en sus propios deberes y tareas, decidiéramos unirnos al comprobar que aun los órganos y dependencias gubernamentales de mayor responsabilidad como lo son el congreso y su órgano de auditoría, la ASE, estaban completamente sumidos en la màs profunda degradación política, moral y administrativa. Y un país, un estado o un municipio, no pueden funcionar así. Cuando los órganos garantes por Ley de la transparencia y rectitud en las tareas de gobierno, no funcionan, caen en corrupción, la seguridad, la paz pública y la vida toda de la sociedad decae, el temor se apodera de la ciudadanía y la vida social declina.
Tomamos entonces el compromiso de luchar en forma permanente contra la corrupción y contra la impunidad, integrando el Frente Ciudadano Anticorrupción, (FCA), entendiendo que esta es una tarea continua, que nos compromete y requiere de la participación y el apoyo de todos los hombres y mujeres que sin interés de tipo personal queremos un San Luis pacífico, limpio, justo y ordenado para un buen vivir de todas las familias que lo habitamos.
Cabría esperar que la ASE, que por un mínimo de ética profesional, y por su obligación de cumplir con la Ley, tuviera un desempeño decente, correcto, velando por el interés de los potosinos, revisando correctamente las Cuenta Públicas de todos los municipios y sacando a la luz pública las observaciones e irregularidades observadas. Lamentablemente, siendo titular Jesús Martínez Loredo, entró en complicidad y contubernio con algunos de los diputados y dio dictamen favorable a muchas cuentas municipales del 2016 que tenían irregularidades, como por ejemplo la de la capital del estado a la que le otorgó cero observaciones a pesar del grosero desvío de decenas de millones de pesos en la aparente compra de medicamentos que hizo el alcalde Gallardo desde el inicio su período.
Ante tan evidentes desvíos, el FCA solicitó aclaraciones al alcalde y una entrevista personal que no nos concedió y recurrimos al oficial mayor quien tampoco nos entregó la información solicitada. Después de varias semanas màs y ya empezando el 2018, decidimos levantar dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado: una por el caso de la compra de medicamentos que no se licitó ni tuvimos la documentación que lo acreditara y la segunda por enriquecimiento inexplicable. Ambas durante el mes de febrero último, debidamente acompañadas de documentación comprobatoria.
Ya van para tres meses de que el FCA levantó la denuncia penal contra el alcalde y quienes resulten responsables y hasta el momento no da señales la Fiscalía General del Estado de que haya algún avance. ¿Es ineptitud, tortuguismo o es complicidad? Al gobernador Carreras JEFE DEL FISCAL GENERAL, le toca actuar.
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