Se llama Juan Pablo Gómez Fierro, es el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y ha pasado a la palestra nacional por los ataques que López, el auto-asumido prócer que vive en Palacio Nacional, y sus escuderos, en razón de que el juzgador concedió suspensiones en juicios de amparo que impiden la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida como iniciativa preferente ante el obsequioso podercito legislativo (así, con minúsculas y en diminutivo).
La medida cautelar decretada por Gómez Fierro es impecable, de vanguardia, con una clara visión del juicio de amparo que deseamos, esperamos y necesitamos. En términos llanos, impide que la norma impugnada sea aplicada y, en consecuencia, el sector eléctrico deberá seguir funcionando bajo los términos de la ley vigente desde dos mil catorce en sus términos previos a la publicación del decreto de reforma. Este efecto general, con Constitución y Ley de Amparo en mano, denotan una visión tutelar de derechos humanos y fundamentales por parte del Juez que marca un hito en la historia del Juicio de Amparo en nuestro país.
Ante esto, el señor López, al enterarse de la suspensión otorgada por Gómez Fierro, desde su palaciego púlpito matinal el doce de marzo pasado dijo: “Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”. Ante esto, es como dice Marco Antonio en la obra de Shakespeare, Julio Cesar: ¡Grita “devastación” y suelta a los perros de la guerra!
Funcionarios públicos, bots, seguidores transformistas, todas las huestes del habitante del palacio virreinal se lanzaron en redes sociales, medios de comunicación y en cualquier medio a la mano a denostar, cuestionar, calumniar e incluso amenazar al Juez que cumplió con su deber.
Incluso, en su desesperación, la secretarita de energía (así, con minúsculas y en diminutivo) intentó dar una clase de amparo en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui y alega que el Juez Gómez Fierro no tiene ni idea.
Cuando quien dice eso es la misma persona que pensó que los aplausos con que concluyó un acuerdo en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) eran para México y que lo que sabe de industria eléctrica se limita a tener conciencia de que la luz de su casa se enciende presionando un botón en la pared, queda claro que, si no es broma, solo es patético.
Pero no es extraño que la secretarita y los acólitos atacaran. Lo que llamó más la atención, por lo menos a mí y a muchos abogados con los cuales se comentó el tema, es el inexplicable silencio del presidentito (con minúsculas y en diminutivo) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Zaldívar dio señales de vida hasta las doce horas con cuarenta y seis minutos del trece de marzo en su cuenta de Twitter, con un mensaje neutro, pobre, frío, que en nada defiende del ataque a la autonomía e independencia del Juez Gómez Fierro. Escribió (o le escribieron) a Zaldívar: “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, así, como si de una frase publicitaria se tratara.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice, en el artículo 11: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación”, con lo cual, hubiera sido deseable que la Corte, con o sin Zaldívar, tomara postura pública, con el Ministro Decano a la cabeza.
También por omisión se peca.
@jchessal