Hoy jueves 22 de julio concluye una etapa importante para el proceso electoral. Este día se presenta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dictamen consolidado y resolución de informes de ingresos y gastos de campaña del Proceso Electoral 2020-2021. Le doy un breve antecedente sobre este procedimiento antes de entrar al fondo del asunto.
El sistema de competencia electoral en México está basado en un mecanismo de financiamiento público donde los partidos políticos y candidaturas independientes reciben recursos públicos para poder hacer campaña. El financiamiento privado no está prohibido en México, pero la regla dice que este no debe ser mayor al financiamiento público y en todo momento debe ser reportado ante la autoridad electoral para su fiscalización. Usted ya se puede imaginar por qué esto es así: Venimos de una trayectoria política que ha propiciado el desarrollo de reglas que buscan impedir -de forma acertada, a mi parecer- que las elecciones sean resueltas según la capacidad que se tiene de gastar dinero en las campañas. Esa es la razón por la que existen topes de gastos de campaña, reglas para la asignación de recursos públicos, mecanismos de control y vigilancia y, en última instancia, procedimientos que sancionan las conductas ilegales.
Gastos no reportados, empleo de empresas fachada, desvío de recursos, promoción de “influencers” sin reporte de gasto o fuera de los tiempos de campaña, subreporte de precios de mercado en servicios contratados. Las conductas detectadas por la autoridad electoral son variadas y denotan un comportamiento que no deseamos: quien aspira a gobernar no sigue las reglas del juego.
La entrega y la vigilancia sobre el empleo de estos recursos se encuentra prevista y garantizada por la ley. Corresponde al Instituto Nacional Electoral realizar las labores de fiscalización del empleo de esos recursos -incluso en el caso de los procesos electorales locales que se pagan con dinero público local-. Quienes colaboran de cerca en las labores contables de las campañas proselitistas, así como quienes trabajan del lado de la autoridad electoral en esta función podrán coincidir que el Sistema de Fiscalización es uno de los más complejos en todo el sistema electoral mexicano.
Vamos al problema de fondo. Algo anda mal en nuestro sistema electoral. Es verdad que esta trayectoria nos ha colocado en un momento en que resulta imprescindible vigilar minuciosamente el empleo del dinero en las campañas proselitistas. No solo porque se trata de recursos públicos, no solo porque constituye un mecanismo de control que tiene impactos sobre la equidad de la contienda, sino que, además de eso, existen enormes zonas de riesgo de que la política sea financiada con dinero sucio. Cualquier persona que le ponga mediana atención a este asunto podrá saber y documentar que durante los últimos años, el Instituto Nacional Electoral ha sancionado de manera significativa a partidos políticos y candidatos por no seguir las reglas del juego. Y en cada proceso electoral pareciera que las sanciones son cada vez mayores: los proyectos de resolución ante las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado para este proceso electoral, proponen sanciones que ascienden a la cantidad de 1´200 millones de pesos.
Me regreso un poquito. La cantidad creciente de sanciones que acumulan los partidos políticos por irregularidades en el ejercicio de los recursos, podría indicar la ineficacia de nuestro sistema para desincentivar las conductas ilegales. Es probable que a los partidos políticos les duela -a unos más que a otros- pagar sanciones millonarias -que en realidad se materializan en descuentos a las ministraciones que reciben mes con mes-, sin embargo es notorio que existen partidos políticos que prefieren pagar estas sanciones porque pueden representar un costo menor a los beneficios obtenidos por cometer las conductas sancionadas.
Ahora que se va a poner de moda -otra vez- reformar al sistema electoral en México, bien nos haría reflexionar sobre este asunto. Las autoridades electorales solo pueden investigar y sancionar bajo los esquemas que están previstos en las leyes. Esas leyes que se formulan y reforman por acuerdo de los partidos políticos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para inhibir estos comportamientos ilegales?. Aumentar nuestra capacidad de fiscalización tendrá como resultado una mejor posibilidad de detectar conductas sancionables, pero el centro del debate debe partir de un cálculo de racionalidad económica pura y dura: es más rentable pagar una sanción.
Twitter: @marcoivanvargas