Es el segundo empresario más rico de México, después de Carlos Slim, y dueño del poderoso consorcio denominado “Grupo México”, caracterizado por su impunidad reiterada en incidentes graves como el derrumbe en la mina de Pasta de Conchos y el derrame de tóxicos en Buenavista del Cobre, Sonora. Se trata de Germán Larrea, sujeto con presencia discreta en la vida pública, pero que ha decidido salir de las catacumbas para defender lo que considera su coto de poder político y económico. Este señor, de triste memoria, se lanza a intervenir, directa y abiertamente, para influir en la decisión electoral de los trabajadores de sus empresas y sus familias, bajo el supuesto de que no conviene votar por quien, dice, representa el “populismo”, es decir, en contra de AMLO nomás porque así se les ha venido hinchando el hígado etiquetarlo.
Y más tardó AMLO en contestarle al susodicho cuando ya otro de los mismos andaba por las mismas; esto es, que otro potentado como el tal Alberto Bailleres, dueño de “Peñoles”, “El Palacio de Hierro” y otras firmas, también les pedía a sus trabajadores que no voten por el tabasqueño. Evidentemente, se trata de acciones no casuales y, si no concertadas (suponiendo sin conceder), por lo menos expresiones de un temor sectario a perder el estatus privilegiado que hasta el momento han tenido esos y otros barones del dinero que, en el colmo del servilismo de cierta clase política gobernante, hasta se han visto galardonados con “reconocimientos” que insultan la memoria y la dignidad del pueblo mexicano, como en el caso de ese Bailleres con la medalla “Belisario Domínguez” por parte del Senado.
La (im)postura de estos y otros empresarios, que han acumulado una insultante riqueza gracias a sus nexos con el poder político, tiene el propósito evidente de contaminar el proceso electoral presidencial, de la misma manera como contaminan sus empresas el medio ambiente y la naturaleza; esto es, con total impunidad y, en el extremo, de forma criminal. Amparados en el poder económico y político, estos sujetos violentan la legalidad electoral cuando inducen a votar en determinado sentido a sus trabajadores, seguramente advertidos, por debajo del agua, de sufrir represalias laborales si no lo hacen. En todo caso, se trata de un abuso de la libertad de expresión que, por supuesto, no debe ser pretexto para violentar la legalidad y, sobre todo, auspiciar una polarización social en medio de una creciente violencia política.
La mentada “responsabilidad social” de estos magnates queda en entredicho, no sólo cuando se hacen guajes con los daños sociales y ambientales ocasionados por sus consorcios mineros, por ejemplo, sino porque, desde hace buen rato, sus brutales ganancias descansan en el sostenimiento de un modelo de acumulación de capital en el que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general (no sólo los de sus empresas) han sido castigados con severidad, no sólo porque así es la naturaleza de ese modelo económico, sino porque lo han empujado a tal extremo por su rapacidad para hacer grandes negocios con los bienes públicos y ni siquiera contribuir a un desarrollo equilibrado y de amplia prosperidad para el conjunto de la nación.
Pero nunca es tarde para tratar de conciliar o por lo menos aclarar las cosas y es así que estos hombres de negocios habrán de reunirse con los candidatos a la presidencia de México, empezando, precisamente este martes 5 de junio con AMLO. Es de esperarse que allí se disipen dudas de estos negociantes y que, en el peor de los casos, entiendan que su (im)postura puede llevarlos a un escenario en el que terminarían por acabar con “la gallina de los huevos de oro”. La economía nacional no puede seguir descansando en los beneficios de unos cuantos y el empobrecimiento de muchos, so riesgo de seguir generando condiciones para un estallido social. El derrotero del proceso electoral, a poco menos de un mes de la jornada comicial es claro: la mayoría de la población no puede aceptar que sigan las cosas como están; mejor llevar la fiesta en paz, por medio de un ejercicio democrático que, ojalá, sea ejemplar.
Finalmente, para dimensionar la rapacidad de esa impostura empresarial, baste recordar que, en el plano internacional, diversas instituciones financieras públicas y privadas han dejado en claro que no hay qué temer la inminente alternancia en el poder político con la llegada de AMLO a la presidencia de México. Además, se ha dejado en claro que Peña Nieto concluirá sin mayores sobresaltos su mandato para dar paso, a partir del primero de diciembre, a una transformación institucional que el país requiere urgente, consolidando una transición democrática que se quedó trunca por la ambición desmedida de no pocos actores políticos y económicos que hoy, hoy, hoy (dijo Fox), andan con los nervios de punta, contaminando una elección que, hay que insistir, debe ser cuidada porque la democracia, parafraseando a un clásico, es la peor forma de lograr un cambio… con excepción de todas las demás.