Hace unos meses publiqué en este mismo espacio un conjunto de títulos de libros que han sido publicados desde 2016 a la fecha y que tienen como tema central la crisis de la democracia. Se requiere de un poco de perspectiva para entender que la discusión política que el día de hoy se está teniendo en México a propósito de una eventual reforma electoral, responde a un conjunto de problemas que se parecen a lo que sucede en otras partes del mundo. Hemos dicho también que desde hace un par de décadas se ha documentado de manera consistente la insatisfacción por la manera en la que democracia funciona; como ejemplo de ello, el Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge ha compilado 3´500 encuestas que reflejan el punto de vista de cuatro millones de personas de 154 países y han concluido que el porcentaje de personas que están insatisfechas con este funcionamiento de la democracia ha aumentado de un 38.7% en 2005 a 57.5% en 2019.
¿Cuáles son los factores que explican de manera puntual esta insatisfacción? Una explicación tiene que ver con la manifestación de problemas y conflictos en una sociedad que vive bajo un régimen democrático: desigualdad, corrupción, violencia, inseguridad, crisis económica. Este contexto ha propiciado el surgimiento de discursos antipolíticos que buscan cosechar simpatías sociales desde una construcción narrativa que mina la credibilidad en las instituciones. Hay quienes han descrito desde la ciencia política a este comportamiento como populista. Independientemente del éxito electoral que han tenido estos discursos durante las últimas décadas, es importante destacar que la ciudadanía establece un juicio sobre su propia democracia a partir de las respuestas que reciben de las instituciones estatales en relación con sus necesidades materiales.
En otras palabras, la combinación de un pobre desempeño gubernamental y la propagación de mensajes antipolíticos explican el deterioro en la confianza de las instituciones públicas y en la insatisfacción por el funcionamiento de la democracia.
No sorprende que en el marco de esta discusión, en días pasados se haya hecho uso de las encuestas para construir una base discursiva que respalde a las posturas en disputa: por aquí una encuesta que afirma que el 51% de la ciudadanía ve como necesaria una reforma electoral, por allá otra que solo un 13% de la ciudadanía considera que el INE y los OPLE deben desaparecer para dar pie a la creación de un nuevo instituto que se haga cargo de la organización de todas las elecciones del país. El riesgo de suponer que una iniciativa es buena o mala a partir de la lectura de los resultados de encuestas implica enredarse en un razonamiento falaz: todo lo que es popular es bueno para el país (y viceversa).
El entendimiento público de lo que se está discutiendo es importante. ¿Qué es lo que se requiere cambiar en nuestro sistema nacional de elecciones? ¿Cuáles son los problemas concretos necesitan ser resueltos? ¿y cuál es el mecanismo pertinente e idóneo para resolver estos problemas?. En un estricto imperativo de ética democrática, el valor de las palabras depende de lo que son capaces de demostrar. ¿Es verdadero el juicio que afirma que las autoridades electorales no son imparciales? ¿cómo podemos demostrar que esto es así?.
Un par de datos sobre esto: Desde el año 2000 hemos tenido tres alternancias de partido político en una elección de presidencia de la república. Y en el ámbito local, desde la reforma electoral del 2014 que quitó a los congresos estatales la facultad de designar a las consejerías de los institutos electorales locales, se han celebrado 56 elecciones de gubernatura donde en 39 han ganado candidaturas de oposiciones. Si de lo que se trata es de garantizar el sufragio efectivo, los datos sugieren que el día de hoy sí existen garantías para ello.
Necesitamos regresar al origen del problema. Si la insatisfacción de la ciudadanía se relaciona la manera en la que la democracia funciona, convendría realizar un análisis serio sobre los cambios que desde el estado se tienen que realizar en las distintas dimensiones del estado democrático: el gobierno representativo, la protección a los derechos humanos y las libertades civiles, el control del gobierno, la administración imparcial y la vigorización de la participación pública en los asuntos de todas/os.
No vaya a ser que se piense que el notorio déficit de Estado de derecho y la ineficacia gubernamental van a ser resueltos con acuerdos políticos de impactos electorales.
Twitter. @marcoivanvargas