La recién concluida cumbre mundial climática, celebrada en Madrid, España, no es muy alentadora en cuanto a la expectativa de que los países más contaminantes de nuestro planeta, generadores de los gases de efecto invernadero, actúen de fondo contra el calentamiento global. De entrada, los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente, decidieron no acudir. El primero, ya se sabe, convencido de que “el calentamiento global no existe”; y el segundo, permitiendo que el mayor pulmón del planeta, la selva amazónica, sea devastada grave y aceleradamente. En suma, dos posturas relevantes que, por desgracia, desprecian los esfuerzos institucionales de organismos como la propia ONU, para detener la barbarie civilizatoria que a todos nos amenaza.
Sin embargo, esta cumbre fue también la ocasión para que numerosas voces especializadas (de científicos y técnicos) y de activistas ambientales se manifestaran, puntualmente, documentando la gravedad de la situación ecológica en diversas partes del mundo, así como del riesgo que grupos específicos de la población padecen por esa situación, particularmente los pueblos originarios que son sometidos al despojo de sus medios y modos de vida, en lo que se ha venido presentando como un fuerte atentado contra la naturaleza y la sociedad humanas, en términos de su eventual extinción. Un modelo depredador, característico de una etapa “superior” de un capitalismo salvaje que, por supuesto, no implica más “progreso” sino destrucción; mayor pobreza de muchos y enriquecimiento de pocos, así sea por poco tiempo, toda vez que, luego de explotar a más no poder los recursos naturales se van como si nada, sin remediación o compensación alguna.
Y aunque la cosa podría haber estado peor si se hubiera consumado la ampliación de los mercados de carbono (Silvia Ribeiro, “La Jornada”, 21 de diciembre de 2019), la amenaza prevalece porque, en la próxima cumbre mundial en 2020, “el gobierno de Reino Unido ya anunció que conducirá con mano firme los acuerdos para crear nuevos mercados de carbono (como los suelos agrícolas), convirtiendo cada pedacito de la naturaleza en una nueva mercancía” (Ibid.). Evidentemente, la lógica de la ganancia del capital multinacional se impone y, si no se ha ido más lejos hasta ahora, es porque las grandes potencias económicas del orbe juegan a los equilibrios geopolítico-estratégicos, de la mano de grandes firmas trasnacionales que, ya se sabe, no tienen patria sino intereses.
Y, bueno, en el caso de nuestro país, sigue prevaleciendo cierta dualidad que, en no pocos casos alcanza niveles de contradicción, en cuanto a seguir dependiendo de la extracción mineral en gran escala y, al propio tiempo, pugnar por una política de eficiencia y ahorro energético que impacte positivamente en el medio ambiente. Ya el magnate Carlos Slim ha planteado la divisa de fortalecer una política de “megaproyectos”, invirtiendo hasta el 5 por ciento del PIB (“El Universal”, 23 de diciembre de 2019), como vía privilegiada de gran inversión de capital para potenciar el crecimiento del país. El problema es que no pocos megaproyectos en el país, en los últimos años, han pasado por encima de la protección a la biodiversidad y al medio ambiente, así como de la aprobación de la población, además de estar plagados de corrupción. Pero tampoco se desconoce que se requiere, sobre todo en una época de estancamiento económico, una válvula de salida que permita recuperar de manera ágil el empleo y multiplicar el consumo, equilibrando pros y contras de ese tipo de proyectos de inversión. Finalmente, ya que estamos en estos temas, es relevante que el Ayuntamiento de San Luis Potosí presente un nuevo programa de desarrollo urbano, que se pondrá en consulta pública, toda vez que temas como el de la eventual urbanización de la Sierra de San Miguelito, son de indudable interés para todos los potosinos.