En un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, la sana crítica y el cuestionamiento permanente a quienes ejercen el servicio público en cualquiera de sus ámbitos: federal, estatal o municipal, es un buen síntoma de que el sistema de frenos y contrapesos, que opera en toda democracia funciona con normalidad. Cuando una persona decide convertirse en funcionario público, se somete voluntariamente al escrutinio social que pasa por el ejercicio periodístico, pero también por el constante tamizaje de quienes le observan desde la sociedad civil, quienes pueden verter libremente sus opiniones respecto a las acciones de gobierno. En este sentido, el único límite que se impone al derecho de libre expresión y manifestación de las ideas, es dejar intocado el derecho al honor que todo ser humano tiene, evitando se realicen expresiones con adjetivos denostativos hacia el funcionario -quien también es un ser humano con derechos-, y que nada tengan que ver con el ejercicio de su función pública. Luego entonces, amable lector Usted puede distinguir con toda claridad cuando un medio de comunicación, o alguna página en redes sociales desde un aparente anonimato difunde manifestaciones injuriosas más hacia la persona que al funcionario, expresiones que se alejan de una sana crítica, convirtiéndose en vulgares pasquines cuyo único propósito es incitar al odio. Sobre este tema en particular, en México tenemos algunos ejemplos actuales dignos de ser analizados desde esta perspectiva, pero un caso emblemático, perfecto para este análisis es el de un conocido senador quien ha sido duramente criticado por sus recientes viajes al extranjero e incluso increpado verbalmente en aeropuertos y hasta en Roma por ciudadanos mexicanos. ¿Será válida esta forma de ejercer la libertad de expresión? En principio, sin pretender defender al senador en comento, se puede decir que no hay una prohibición expresa que impida a una persona dirigirse a otra (que además es representante popular) en espacios públicos, desde luego siempre y cuando se haga en forma respetuosa; particularmente, en el caso del senador gran parte de la crítica hacia él, tiene que ver con una aparente contradicción entre el discurso de austeridad que pregona el movimiento político al que pertenece y el hecho de que guste de viajar en primera clase o vacacionar en el extranjero. Sin embargo, en estricto sentido y sirviendo este caso para ejemplificar lo fácil que podemos perdernos en una crítica más hacia lo personal que al ejercicio mismo del poder; las funciones de los 128 senadores están previstas en el artículo 76 constitucional, los salarios netos de estos legisladores es información pública, siendo el caso que al día de hoy un senador percibe la cantidad de: $131, 874 pesos mensuales durante los 6 años que dura su encargo de elección popular, amén de que sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés también son públicas. Por tanto, en el caso en comento, es altamente probable que al referido senador, una confronta en vía pública con algún ciudadano le pueda resultar poco menos que un momento incómodo, pero esa crítica verbal muy probablemente sólo sirva para que el ciudadano increpante desahogue sus emociones personales, pero de poco o nada servirá como un ejercicio auténtico de rendición de cuentas. Dicho en otras palabras, la verdadera crítica, la que coadyuva a “aceitar” nuestro sistema democrático, no esté en poder gritarle improperios a los funcionarios, esa buena y sana crítica comienza con ejercer nuestros derechos, verbi gracia, a solicitar información, a enterarnos por ejemplo ¿cuánto petróleo y a cambio de qué el Gobierno de México le dio a Cuba durante los últimos 7 años?, ¿cuántos niños con cáncer no están hoy recibiendo sus medicamentos?, ¿cuánto ha incrementado el número de personas desaparecidas en tiempos de la 4T (lo que eso signifique)? Y una vez obtenida esa información, hacerla pública y/o en su caso emplearla jurídicamente en instancias nacionales e internacionales. Créame, cuando Usted increpa a un político, en minutos se le olvida, pero cuando ejercemos desde la ciudadanía todos nuestros derechos fundamentales, nos convertimos en esa incómoda, pero necesaria “piedra en el zapato” que le recuerda a todo funcionario que no se manda sólo, que tiene jefes y que esos jefes, somos nosotros y no al revés. Los sigo leyendo en Facebook Jorge Andrés.