La Cooperativa Cruz Azul tiene más de 30 años presidida Guillermo “Billy” Álvarez, a quien desde 2010 un grupo encabezado por Alfredo Álvarez, hermano del presidente de la Cooperativa, lo acusó de fraude y lavado de dinero, lo cual asciende a millones de pesos; en agosto de 2015 fue detenido el entonces presidente del Consejo de Administración, Raúl Enríquez, acusado de extorsiones y amenazas; en 2019 el grupo disidente a Billy tomó las instalaciones del corporativo para exigir la salida de su presidente y en octubre Víctor Garcés demandó a Álvarez para exigirle que rinda cuentas de su gestión al frente de la cooperativa.
En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que cuatro cuentas de Billy Álvarez y de su hermano Alfredo se congelaban debido a que la Oficina de Control de Drogas lo investiga por lavado de dinero; el 29 de julio un juez federal en el Estado de México libró orden de aprehensión contra Billy Álvarez por delincuencia organizada y lavado de dinero; los reflectores de la opinión publica se centran Guillermo Billy Álvarez Cuevas por sus vínculos con el equipo de futbol Cruz Azul, pero detrás de él hay toda una compleja red de involucrados, complicidades y actos de corrupción.
Lo que está sucediendo al interior de la cooperativa Cruz Azul muestra como se estructura y funciona la corrupción en México, una red de actores que actúan en la impunidad total, que cuentan con la colaboración de las influencias de abogados, notarios, jueces, diputados, funcionarios públicos y medios de comunicación; además de la voluntad de todo un sistema político, que cuando la democracia permite la entrada de nuevos actores en la impartición de justicia es posible que el Estado de Derecho se imponga sobre los intereses dominantes en las redes de corrupción.
La corrupción no es un hecho aislado de una persona en lo particular, sino de un grupo de individuos que se ven beneficiados en prejuicio de otros, es una evidencia de la ambición humana por la posesión de obtener riqueza, no importando los medios para acumularla; por lo que recurren al engaño, simulación, amenaza, violación a las leyes y normas; recurren frecuentemente al apoyo político y funcionarios de la administración pública, cuentan con la complicidad de los responsables de aplicar la ley, construyen influencias y una narrativa pública de defensa de la ley, pero sus actos están muy alejados de ella.
El combate a la corrupción no está en el castigo de personas en lo individual, sino modificar la estructura social, política, legal y de complicidades que la permite, en cambiar las reglas del juego al que están sujetas las personas que están en posibilidades de abusar de su posición e influencia en los procesos de toma de decisiones que definen el uso de los recursos públicos; la corrupción esta ahí, donde hay recursos económicos, donde hay la posibilidad de que la toma de decisiones beneficie a unos cuantos y perjudique a la mayoría, tal y como ha sucedido desde hace varios años en la cooperativa Cruz Azul.
En México, los sistemas anticorrupción tenían ese objetivo, modificar las interacciones de los involucrados en la toma de decisiones en uso de los recursos públicos; se ha avanzado en su normatividad, diseño, pero no en su conformación e implementación; en el ámbito local mexicano no funcionan, están inmovilizados por la clase política y económica local, son quienes se han opuesto a su adecuada conformación y funcionamiento, le han puesto todo tipo de trabas: legales, administrativas, presupuestales, lo que significa que el problema no es legal ni técnico, sino político.
¿Qué tendrá que suceder para que ya no haya más casos como lo ocurrido al interior de la cooperativa Cruz Azul? Es la pregunta que miles de mexicanos se hacen todos los días, sobre en un contexto donde nos enteramos de los actos de corrupción de la clase política y económica; el problema es nacional, pero también local en donde la obra pública es un verdadero negocio, se simulan licitaciones, se concentra en unos cuantos proveedores, se construyen obras de mala calidad que no respetan la normatividad; la democracia tiene este pendiente: hacer más transparente y eficiente el uso de los recursos públicos.
En síntesis, la sociedad mexicana demanda ya no más corrupción, cuyos actos se sustentan en complicidades e impunidad; ya no más Cruz Azul, porque es un caso en el que se manifiesta la ineficacia intencional de la autoridad responsable de la aplicación de la ley; también queda en evidencia la ambición sin límite del sector económico; se requieren procesos transparentes de toma de decisiones que modifiquen las relaciones de poder y complicidad; fortalecer la democracia es la mejor alternativa, ya que deja en la sociedad el cambio que se requiere. Próxima colaboración 09 de septiembre de 2020.
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