En México tenemos una mala costumbre: creer que los derechos solo se pierden cuando alguien nos los arrebata de golpe. Pero no. Los derechos también se erosionan en silencio, con reformas que parecen técnicas, con frases que suenan razonables, con cambios que nadie explica del todo. Y así, poco a poco, el piso se nos hace más delgado. Eso está pasando hoy con el amparo.
Recién se reformó el artículo 5º de la Ley de Amparo para exigir que quien lo promueva demuestre una “lesión real y diferenciada”. En palabras simples: que pruebe que el daño que sufre es inmediato, directo y distinto al de los demás. Suena lógico, ¿no? ¿Por qué permitir que cualquiera se queje?
El problema es que esa frase tan inofensiva —lesión real y diferenciada— abre la puerta para excluir justamente a quienes más necesitan el amparo: las comunidades que enfrentan daños ambientales, las personas sin papeles de propiedad, los colectivos que viven efectos acumulados y no instantáneos. Es decir: la mayoría de la gente común.
¿Por qué debería importarnos? Porque el amparo es el paraguas que usamos cuando el Estado nos deja bajo la lluvia. Cuando una obra pública inunda tu colonia, cuando talan un parque sin explicación, cuando una dependencia responde con silencios, o cuando un proyecto promete beneficios para todos pero termina afectando solo a unos cuantos, el amparo es el instrumento que te permite tocar la puerta del Poder Judicial.
Es decir, si una obra promete beneficios regionales, todos los habitantes de la región deberían poder reclamar cuando algo no cuadra. No solo los vecinos inmediatos. No solo quienes pueden probar un daño físico en ese instante. No solo quienes tienen escrituras o peritajes.
Esa es la lógica del principio “causa causae est causa causati”: si el Estado causa un efecto, también genera la legitimidad para que quienes lo sufren lo revisen.
Por eso es tan grave exigir ahora una “lesión real y diferenciada”. Porque niega la propia lógica de la responsabilidad: el poder produce efectos, pero pretende que solo algunos puedan revisarlos. Eso rompe la simetría entre autoridad y ciudadanía, entre discurso y consecuencias, entre promesa y realidad.
Cuando el Estado habla en grande, no puede exigir que la gente hable en pequeño. En los últimos años hemos visto cómo las obras públicas se promocionan como si fueran soluciones mágicas: progreso, bienestar, desarrollo, justicia social. Discursos enormes. Pero cuando llega el momento de rendir cuentas, todo se encoge: “solo pueden quejarse los directamente afectados”, “solo quienes vivan a tantos metros”, “solo quienes tengan documentos”, “solo quienes prueben un daño inmediato”.
Esa contradicción no es solo injusta: es antidemocrática. Si el beneficio se vende como colectivo, el derecho a impugnar debe ser igualmente colectivo.
Cuanto más grande es el beneficio que presume el gobierno, más amplio debe ser el control ciudadano. De lo contrario, se vuelve una simulación: un Estado que habla en nombre de todos, pero solo responde ante unos cuantos.
El derecho ambiental muestra el ejemplo más claro. Los daños ecológicos no aparecen de la noche a la mañana; se acumulan. Si una comunidad debe probar una lesión inmediata para ampararse, entonces la mayor parte de los problemas ambientales quedarían sin defensa judicial. Y cuando el medio ambiente se queda sin defensa, los derechos humanos también.
Pero esto va más allá de lo ambiental. Con el tiempo, la exigencia de “lesión diferenciada” puede usarse para limitar amparos en temas de seguridad, salud, educación, movilidad, urbanismo, patrimonio, agua, información pública y hasta libertad de expresión.
¿De verdad queremos un país donde solo unos pocos puedan cuestionar al poder?
No podemos permitir que el amparo vuelva a ser un privilegio. El amparo nació para protegernos del abuso del poder. Reducirlo en nombre de la “eficiencia” es como pedirle permiso al lobo para rediseñar la cerca del corral.
Por eso es vital que la ciudadanía comprenda que fue un retroceso que contradice la Constitución y los tratados internacionales. Es una regresión democrática. Y lo más grave: fue la puerta de entrada para seguir recortando derechos.
Delirium Tremens.- Qué curioso: el gobierno presume obras para “toda la región”, pero cuando alguien quiere pedir cuentas, mágicamente la región se reduce a la fachada que aparece en la foto del proyecto. Es como venderle a todo el país un pastel y luego decir que solo pueden preguntar por los ingredientes quienes vivan en la esquina de la panadería. Si eso no es regresión democrática, que alguien me explique qué es.
@luisglozano