La persistencia de los abusos con el dinero público por cuenta de nuestros insaciables diputados se explica por una ecuación muy simple: nadie que puede ganar dos pesos se va a contentar con ganar solo uno. Ayuda a estos excesos una mal entendida separación de poderes.
Mediante distintas artimañas que más de una vez hemos descrito en este espacio, desde hace por lo menos cinco legislaturas los diputados locales se las han arreglado para meterse al bolsillo el doble o más de lo que oficialmente les corresponde como ingresos digamos lícitos.
En la actualidad, el chapucero recurso para obtener ingresos extras e indebidos -también ya lo hemos narrado- es el de contratar “asesores” que en la mayoría de los casos son prestanombres que entregan a su respectivo diputado patrono gran parte de su sueldo. Teóricamente, el reparto bajo la mesa de esos recursos se hace de acuerdo con el siguiente tabulador: 80 mil pesos mensuales para todos y cada uno de los 27 legisladores; 40 mil más para los 10 coordinadores de fracción, que así reciben (o deberían recibir) 120 mil, y finalmente 40 mil más cada mes para quien presida la Junta de Coordinación Política, que de esta manera acumula 160 mil mensuales. Oficialmente, repetimos, son para pagar asesores.
Pero como bien dice el dicho, de que la perra es brava hasta los de casa muerde. Sucede, con datos válidos hasta el pasado 30 de septiembre, que según documentos oficiales, hay ocho legisladores, todos integrantes de la Jucopo hasta esa fecha, que exceden notoriamente sus respectivos topes y se embolsan, en realidad sería valido decir que se roban, diversas cantidades. Veamos:
De los ocho abusivos que enumeramos a continuación, siete deberían recibir -aparte su dieta o sueldo mensual de 104 mil 500 pesos, netos- 120 mil pesos cada uno por ese injustificado y chapucero concepto de “asesoría” y el restante, Edson de Jesús Quintanar (Morena) “tendría derecho” a 160 mil. La realidad documentada es que, por lo menos hasta septiembre pasado, o sea durante un año completo, las cantidades autorizadas para ellos fueron las siguientes:
Cándido Ochoa Rojas, del PVEM, 172 mil pesos mensuales (52 mil de más); Eugenio Govea, MC; Oscar Vera, PCP; Martha Barajas, PANAL, y Mario Lárraga Delgado, PES, 145 mil cada uno (25 mil pesos de más); Rolando Hervert, PAN, 132 mil pesos (12 mil extras) y a manera de cereza del pastel, Edson de Jesús que por ser el presidente de la Jucopo hasta septiembre anterior debería recibir 160 mil pesos, en realidad disponía de 208 mil, o sea 48 mil por encima de lo que ya de suyo era un abuso. Dos integrantes de la Jucopo, Paola Arreola y Mauricio Ramírez, no dispusieron de ninguna cantidad adicional.
Imposible no reparar en el hecho de que varios de los más beneficiados, y sin duda de los más ambiciosos, son gente con una situación económica resuelta desde tiempo atrás. Vamos, podrían ser diputados sin cobrar nada más que su dieta mensual y aún así vivir desahogadamente. Son gente próspera, pero sin llenadera: Cándido, por supuesto; Oscar, Govea y Rolando.
En otro extremo encontramos a dos diputadas de Morena, María del Consuelo Carmona y Marité Hernández Correa, que “unicamente” dispusieron de 60 mil pesos mensuales cada una para su asesoría. O sea, 20 mil menos de lo que tendrían autorizado.
¿Cómo es que algunos diputados, ocho en este caso, pudieron despacharse con la cuchara más grande? Muy simple: mediante acuerdos tomados entre ellos mismos en el seno de la Junta de Coordinación Política, que ni siquiera se discutían publicamente. Un acta simplona, sus firmas, en especial la de Edson, y a la Tesorería -ultimamente llamada Coordinación de Finanzas- para su cumplimiento. Pillos, pillos, pillos; voraces, voraces, voraces; sinvergüenzas, sinvergüenzas, sinvergüenzas; ratas, ratas, ratas. Por donde se les vea.
¿HAY REMEDIO?
¿Hay alguna manera de poner freno a estos excesos? Por supuesto que sí, solo que no es fácil. Lo primero, como apuntamos en el párrafo inicial, es romper esa ecuación corruptora de que nadie se va a conformar con ganar 104 mil 500 pesos mensuales netos (la dieta bruta es de 146 mil) si puede embuchacarse otro tanto. Para conseguir tal propósito no hay ni siquiera necesidad de crear nuevas leyes o hacer reformas sustantivas a las existentes.
Lo que se necesita es voluntad política para erradicar prácticas viciadas y corruptoras que vienen de lejos. Ya se hizo antes al desaparecer los “apoyos” para trabajo legislativo, para gestoría y de fracción, pero de inmediato fueron sustituidos por las apoyos sociales mediante empresas fantasmas, facturas apócrifas y beneficiados inexistentes. Ahora, la moda impuesta por esta Legislatura, es pagar asesores que en alta proporción se “mochan” con sus patrocinadores.
En este caso concreto, la salida puede ser institucionalizar toda contratación de personal: que cada diputado diga en qué materia necesita asesoría, que seguramente tendrá que ver con las comisiones a las que pertenezca, y una vez formulada la plantilla, que se convoque a concursos por oposición para adjudicar las plazas correspondientes. Nada de “recomendados” de los propios legisladores pues así es como se echa todo a perder. (Hay un dato que no hemos logrado verificar pero que tiene visos de ser cierto: un diputado actual tiene cobrando como “asesora” a la muchacha del servicio doméstico en su casa. Otro asesor, ya se publicó, de su sueldo paga la renta de la casa donde vive la diputada morenista que le consiguió el empleo).
Según lo decidido por cada legislador para efectos de tener acceso al fondo negro de la “asesoría”, con un promedio de 3.6 por cada uno, esta Legislatura cuenta con la friolera de 98, ¡sí, noventa y ocho! asesores contratados por honorarios, aparte de los 15 o 16 que forman parte del cuerpo multidisciplinario de asesoría de que dispone el Congreso desde hace años. Es decir, en total serán entre 113 y 114 asesores para un cuerpo colegiado de 27 integrantes: más de 4 por cabeza. Probablemente sea un récord nacional.
Otro sin duda buen remedio para estos indecorosos latrocinios tiene que ver también con algo mencionado en nuestro párrafo inicial: la mal entendida o de plano no entendida división de poderes. Esto es algo más complejo en el San Luis de hoy, porque requiere de una voluntad inquebrantable que conduzca al orden y la decencia a los legisladores, que no tenemos.
Si se observa con atención el manejo práctico y retórico que se hace en nuestro Estado de la separación de poderes, se verá fácilmente que la doctrina heredada de Montesquieu se entiende como si lo único que planteara es que los poderes Legislativo y Judicial deben vigilar, moderar y equilibrar al Ejecutivo. Para nada. El planteamiento real es que los tres poderes se equilibren, se compensen y se acoten entre sí. Es decir, que contrario a lo entendido y practicado en estas latitudes, también el Poder Ejecutivo tiene una alta responsabilidad para impedir fallas, excesos, abusos, desviaciones o ilegalidades en los otros dos poderes. Respecto del Judicial, ese es el propósito profundo del Consejo de la Judicatura que entre sus cuatro integrantes tiene uno designado por el Ejecutivo y otro por el Legislativo.
Pero, seamos honestos y prácticos, para que un Ejecutivo abiertamente y en pleno uso de sus atribuciones conduzca al órden a otro poder, particularmente al Legislativo, se necesita un carácter, una voluntad y una entereza que nomás no vemos por ningún lado. Como herramienta, de inicio, tiene el presupuesto.
Hace tiempo que en lo personal he ido fortaleciendo la convicción de que para el Ejecutivo entre más pillos y escandalosos sean en el Congreso, mejor. Le quitan de encima los reflectores. ¿Verdad Caco? Y como el eventual desprestigio, degradación política y hasta repulsa social que le acarrean a los diputados sus desmanes resultan muy lucrativos, muy bien remunerados, para algunos ya de plano en niveles de saqueo, pues ahí le siguen y le seguirán.
Una pregunta que quita el sueño: ¿Qué hay que pueda ser admitido por la razón y que justifique que cada uno de nuestros indescriptibles diputados reciba 90 días de aguinaldo? En el Gobierno Federal, desde hace mucho, esa gratificación de fin de año es por el equivalente a 40 días de sueldo.
Finalmente: en legislaturas anteriores disfrazaban parte -la mitad o más- de sus ingresos reales para pagar menos impuestos y tratar de cubrir las apariencias. Ahora, el objetivo de la simulación es hipocresía pura: aparentar que están en línea con la cruzada de austeridad lopezobradorista, por efecto de la cual nadie puede ganar más que el Presidente de la República, cuyo sueldo actual es de 111 mil 900 pesos mensuales netos. Y pues ni eso: oficialmente los diputados potosinos ganan 104 mil 500 pesos al mes, pero la realidad es distinta. Mes a mes el Congreso deposita a su nombre 20 mil pesos en un fondo de ahorro, que originalmente se creó para retirarse al concluir los tres años de cada legislatura pero que actualmente cada diputado puede disponer de él cuando se le pegue la gana.
Así, el ingreso mensual (raterías, abusos y excesos aparte) oficial de cada legislador es 12 mil 600 pesos superior al del Presidente de la República. Morenos incluidos.
COMPRIMIDO
Más allá de festejos y conmemoraciones, el primer aniversario de la llegada al poder de AMLO vino a reconfirmar algo muy preocupante: la polarización social, la confrontación entre sus seguidores y sus detractores, es cada vez más radical. Ya no es discusión intensa de ideas divergentes, es afán de exclusión mutua, de aniquilación.
La seguridad pública en nuestra ciudad vio agravada su crisis en las últimas semanas. Ya no fue suficiente con que los grupos de la delincuencia organizada que se pelean la plaza hayan decidido encarnizar su disputa, sino que ahora ya no hay lugar seguro dónde ir a tomar café o a comer. En cualquier lugar con un gobierno decente, estatal y municipal, Jaime Pineda y Edgar Jiménez Arcadia se habrían ido a su casa hace rato. Ni Juan Manuel Carreras ni Xavier Nava pueden seguir en las mismas.
Todo un éxito el certámen de becas para abordar literariamente temas vinculados al Centro Histórico de esta capital, convocado por el Consejo que encabeza Horacio Sánchez Unzueta. Cuando se lanzó la convocatoria para otorgar 15 becas de 10 mil pesos mensuales durante un año, se pensaba que mientras no bajaran de 30 los participantes el resultado sería aceptable. Se inscribieron 140, y hubo tal calidad de trabajos que sobre la marcha se consiguió un millón de pesos adicional para entregar no 15 sino 23 becas. Hay algo más que podría emprender el Consejo del Centro Histórico, de lo que otro día platicamos.
Dijo la semana pasada el señor Gobernador que para el 2020 se contendrán los sueldos en su administración. Es decir, que no habrá aumentos. Yo aprecio mucho la buena voluntad, la sana intención y el casi heróico propósito, pero no va por ahí la cosa. Esos son dominios de doña Nina y ahí no truenan más chicharrones que los suyos. De mi se acuerdan.
Hasta el próximo jueves.